La subida del salario mínimo interprofesional que culminará con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio por parte del Gobierno tampoco va a ser un camino de rosas. Al igual que el resto de actualizaciones de los sueldos más bajos, parece que hay una disputa en el seno del Ejecutivo y, en concreto, entre la Vicepresidencia Primera de Economía y la Vicepresidencia Segunda de Trabajo.

A esto apunta el hecho de que, habiéndose presentado hace un mes el informe de los expertos para fijar una horquilla de subida que cumpla con ese compromiso, solo haya habido una única reunión del diálogo social, en diciembre, para comunicar a todas las partes el contenido de dicho estudio.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo esperaban una negociación rápida para que el aumento del SMI se reflejara cuanto antes en las nóminas de los trabajadores (que, en todo caso, verán su actualización cubierta desde el 1 enero, ya que cuando se apruebe se hará con carácter retroactivo).

En prácticamente todas las subidas que ha habido a lo largo de la legislatura (tres hasta el momento) se ha producido una disputa entre el departamento dirigido por Nadia Calviño y el de Yolanda Díaz. En las primeras subidas, Economía alertaba de que el incremento del SMI podría impactar en el mercado de trabajo, lastrar la creación de empleo y, en momentos de incertidumbre económica como los de la pandemia o la guerra de Ucrania, destruirlo.

Sin embargo, desde Trabajo han insistido en que las subidas que se han producido a lo largo de la legislatura no han destruido empleo, y se remiten a los datos del mercado laboral para reafirmarse. La disputa en esta ocasión no tiene que ver con una subida que, esta vez sí, aceptan las dos partes, sino con su cuantía.

El informe de los expertos del departamento de Díaz fija una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros para que la subida de los sueldos más bajos cumpliera con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio. Los sindicatos, por su parte, exigen que el SMI alcance los 1.100 euros porque, advierten, la inflación del último año (con el precio de la energía, hasta que se desplegó el tope al gas) y de principios de 2023 (con el precio de los alimentos disparado) ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y las familias.

La 'capacidad de veto' en el diálogo social

Para Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, el coste de la vida debe ser el principal indicador de referencia de la actualización del salario mínimo y, por este motivo, su propuesta a día de hoy no baja de esos 1.100 euros que plantearán en la mesa del diálogo social.

Sin embargo, la propuesta de la patronal parece estar muy lejos tanto de la de los sindicatos como de la horquilla mayor que recoge el informe de los expertos de Trabajo (1.082 euros). En la anterior subida, la CEOE se descolgó del acuerdo que estableció los sueldos más bajos en 1.000 euros, y el Gobierno sacó adelante la subida a través de un acuerdo bipartito con las organizaciones sindicales.

Esta vez, para Economía es un elemento indispensable que el acuerdo salga con todas las partes, incluida la patronal. En otras ocasiones, la subida se ha llevado a cabo con un consenso total, y ese es el objetivo con el que Trabajo arranca las negociaciones del diálogo social.

Sin embargo, Díaz ha defendido en varias ocasiones que cuando una de las partes se enroca en una posición de máximos y advierte con descolgarse de la negociación (algo que la CEOE ha hecho en más de una ocasión), paralizar las conversaciones y la subida del SMI por este motivo es, de facto, darle capacidad de veto a una de las partes.

Desde hace unas semanas, los sindicatos piden que la negociación del salario mínimo sea rápida para que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo por culpa del incremento del coste de la vida. "Espero que la negociación no nos dé, como otras veces, quebraderos de cabeza. España no puede discutir si cinco o diez euros abajo cuando las empresas están teniendo estos beneficios", trasladan desde CCOO.

Las organizaciones sindicales insisten en que la referencia para medir esta subida tiene que ser la inflación y que, por lo tanto, la cifra se debería mover entre 1.082 euros (la horquilla máxima definida por el grupo de expertos) y 1.100 euros (la propuesta actual de CCOO y UGT).

La actualización del salario mínimo que se cerrará en esta mesa del diálogo social (convocada para el próximo martes por Díaz) podría no ser la última de la legislatura, aunque se alcance ya el 60% del salario medio comprometido en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Trabajo ha trasladado que está abierto a estudiar un nuevo incremento a mitad de año atendiendo a la evolución de la inflación.