El Gobierno ha aprobado esta semana el denominado Plan Normativo Anual para 2024, un documento que recoge las previsiones legislativas que los distintos departamentos tienen para este año. El Ministerio de Trabajo y Economía Social es, junto al de Transición Ecológica, uno de los que más medidas (proyectos de ley y decretos) pretende impulsar en los próximos meses.

Aunque el año ha arrancado con una escasa proyección legislativa (sobre todo después de que la parte socialista del Ejecutivo renunciase a aprobar unos Presupuestos Generales hasta el próximo ejercicio), en el departamento dirigido por Yolanda Díaz tienen previsto impulsar buena parte de las medidas a las que la dirigente de Sumar se comprometió al inicio de la legislatura (iniciativas recogidas en el acuerdo de coalición rubricado entre esta formación y el PSOE).

Entre las leyes que Trabajo pretende aprobar está una reforma del despido que contiene varias modificaciones en distintos sentidos. El objetivo de la vicepresidenta segunda es el de avanzar hacia el denominado despido restaurativo, cuyos principios están recogidos en la Carta Social Europea.

Este modelo tendría como base la inclusión de factores como la edad del trabajador, su carrera profesional y otras circunstancias a la hora de reparar el daño causado a una persona despedida en el caso de los denominados despidos improcedentes. Esta misma semana se conocía que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) resolvía que el modelo de despido improcedente español no se ajustaba a las garantías recogidas en la Carta Social Europea.

La resolución del CEDS llega después de una reclamación elevada por el sindicato UGT a este organismo europeo. Según recoge el plan normativo, la reforma también afectaría a otras cuestiones del despido, como la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral o la derogación del despido automático de las personas con discapacidad sobrevenida. Aunque la resolución del CEDS ya se conoce, no está previsto que se publique hasta el verano, momento en el que Trabajo empezaría a elaborar esta reforma en el marco del diálogo social.

Democratizar empresas y asentar el modelo cooperativista

El documento también recoge la previsión de elaborar en 2024 una "ley de democracia en la empresa". Se trata de un compromiso adquirido por Díaz para que los trabajadores puedan formar parte de los órganos de decisión de las corporaciones. 

En este año también se aprobaría una ley integral de impulso a la economía social que, entre otros objetivos, perseguirá modificar la ley de cooperativas "con el objeto de impulsar la creación y consolidación de esta figura de la economía social y adecuar su regulación a la realidad actual, mediante la incorporación de procedimientos telemáticos, la adaptación de los instrumentos disponibles en materia de igualdad, el establecimiento de medidas de prevención del fraude con objeto de minimizar los efectos de las llamadas falsas cooperativas o la regulación de manera más precisa el procedimiento de descalificación".

La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial es otro de los compromisos legislativos de Trabajo para este año. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38 horas y media semanales en 2024, y culminándose en 2025 con la jornada de 37 horas y media. Esta medida ya se negocia desde hace varios meses en el diálogo social, y en la actualidad las conversaciones están centradas en la manera de garantizar el adecuado registro de la jornada.

Desde Trabajo proponen que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso directo al registro horario de los trabajadores y "adaptar el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa".

Otra de la leyes que Díaz quiere aprobar este año es la del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida como el estatuto del becario. La norma pretende acabar con el fraude de los conocidos como falsos becarios, estudiantes en formación que, de facto, realizan la labor propia de un trabajador asalariado sin percibir sus prestaciones y sin estar amparados por sus derechos.

Trabajo y los sindicatos cerraron un acuerdo en junio del pasado año, en la anterior legislatura, después de que la patronal y las universidades lo rechazaran tras meses de negociaciones. Aunque desde el departamento dirigido por Díaz se amagó con volver a abrir la mesa de diálogo en esta legislatura, las organizaciones sindicales rechazaron esta posibilidad, y lo más probable es el que el Gobierno apruebe una ley en base al texto cerrado de manera bipartita el pasado verano.

Decretos: SMI, estatuto del artista e igualdad salarial

Además de estos proyectos de ley, el departamento liderado por Díaz también tiene previsto impulsar una serie de decretos que contienen importantes reformas. Se pretende aprobar un decreto para la protección y seguridad en el ámbito del empleo del hogar, y otro para trasponer la directiva europea de igualdad salarial entre mujeres y hombres.

Por decreto también se aprobarán en 2024 el denominado estatuto del artista (para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector), la implementación de los planes de igualdad LGTBI en las empresas (la mesa de diálogo social se puso en marcha el pasado mes de marzo y avanza a buen ritmo), o la actualización del salario mínimo interprofesional en 2025 (lo habitual es que se comience a negociar en los últimos meses del año anterior).