El desbloqueo de la ley de amnistía había inaugurado una nueva fase en el seno del Gobierno de coalición. Tras semanas con el denominado caso Koldo y con la propia amnistía monopolizando todo el debate público, el Ejecutivo quería cambiar el paso con la principal herramienta de la que dispone: el Boletín Oficial del Estado.

Los Presupuestos Generales eran la mejor baza para desplegar una estrategia que diera, por fin, la imagen de una legislatura que, lejos de la inestabilidad y de las mayorías parlamentarias imposibles, despegaba con medidas sociales.

Pero esta estrategia apenas duró unos días, y el plan de Pedro Sánchez se vino abajo con el adelanto electoral en Catalunya anunciado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En este contexto, el líder del Ejecutivo decidió dar por cerrada la negociación de las cuentas hasta que la ciudadanía catalana repartiera de nuevo cartas en su tablero político y hasta que terminase el ciclo de elecciones, en junio, después de las europeas.

Cuando Sánchez decidió dar carpetazo a los Presupuestos, los equipos de PSOE y de Sumar seguían encerrados en un despacho negociando el alcance de la agenda social que iban a contener las cuentas. El mazazo fue importante entre las filas de Yolanda Díaz porque, si Sánchez se aferraba a la agenda social para cambiar el paso de la legislatura, en Sumar esta apuesta era doble.

La negociación de los Presupuestos no sólo era para Sumar una oportunidad para aprobar medidas sociales y dar cumplimiento a una parte de los pactos que Díaz y Sánchez rubricaron de manera conjunta en el acuerdo de Gobierno. También era el contexto para crear un relato y herramientas discursivas de cara al ciclo electoral que se inaugura con las vascas y termina con las europeas, pasando ahora por las catalanas.

La importancia de la negociación de PGE para Sumar

En los últimos meses, el excesivo foco en la amnistía y, posteriormente, en las tramas de las mascarillas habían desdibujado la acción de un Sumar que no marcaba la agenda política prácticamente desde la última subida del salario mínimo interprofesional.

Hace apenas unas semanas, Díaz reunió a su grupo parlamentario y les trasladó la necesidad de pasar a la acción con una batería de medidas contra la corrupción, una agenda muy activa de cara a la semana del 8M y, sobre todo, el compromiso de dar una batalla crucial en la negociación presupuestaria para desplegar una agenda social ambiciosa.

"El ritmo político es trepidante; a pesar de ello, creo que nos toca parar, reflexionar y hacer esto para poder orientar la acción política hacia una dirección correcta", trasladó la vicepresidenta a sus diputados. Desde ese momento, Sumar se volcó en romper la parálisis política dominante hasta ese momento y se centró en sus peticiones presupuestarias.

Ampliación de permisos de cuidados remunerados, una prestación universal por crianza, la ampliación de la cartera de servicios de la Sanidad Pública, la financiación de la dependencia, la vivienda asequible... fueron los ejes de una propuesta que buscaba ir más allá de las cuentas. Que se negociaran en el marco de los PGE tenía que ver con que muchas de estas medidas tendrían un importante impacto presupuestario al requerir de una alta inversión.

Además, los de Díaz negociaban con los socialistas un ajuste fiscal que permitiera sufragar el coste de estas políticas a través de impuestos estructurales a la gran banca y a las grandes energéticas, así como  modificaciones en tributos como el IRPF o Sociedades para que las rentas del capital aportaran más y aliviaran la carga de las maltrechas rentas del trabajo.

Sumar pide al PSOE "negociar con ambición"

Este plan legislativo de Sumar quedará, al menos, aplazado hasta el verano, hasta que se aclare el escenario político catalán y la conformación de un Govern lleve al PSOE a recuperar el plan de unos Presupuestos que, en todo caso, no llegarían hasta 2025.

En este contexto, los de Díaz concurren a las elecciones vascas, catalanas y europeas sin la baza de las medidas que negociaban con el PSOE en los PGE, y sin la posibilidad de que la agenda social se abra paso entre la corrupción y la ley de amnistía. Este lunes el portavoz de la organización, y también ministro de Cultura del Gobierno, Ernest Urtasun, apremiaba al PSOE a "gobernar con ambición porque ese es el mandato del 23J".

Urtasun ha recordado que "hay muchas medidas, más allá de los Presupuestos, que pasan por el Parlamento, y otras que el Gobierno puede tomar sin pasar por el Parlamento", y ha señalado especialmente a la vivienda, después de que el ministerio competente, en manos del PSOE, aprobara de manera definitiva la pasada semana un índice de referencia de precios del alquiler que no convence ni a Sumar ni a las organizaciones en defensa de la vivienda.

"No compartimos la decisión del PSOE de renunciar a los Presupuestos de 2024 y no queremos una legislatura en stand by, hay que recuperar el mandato del 23J", concluía el ministro. De momento, el escenario político sólo se mueve al compás que marcan las tramas de corrupción de la pandemia y la ley de amnistía, dos asuntos que acaparan todos los focos ahora que los Presupuestos ya no les hace sombra.