El disparo salió por la culata. O le alcanzó de lleno en el pie, según se mire. Lo cierto es que la propuesta de derogación de la Ley de Memoria Democrática aragonesa impulsada por Vox y que este miércoles han debatido las Cortes autonómicas ha tenido un efecto diametralmente opuesto al que buscaba la ultraderecha: el respaldo a la norma ha aumentado al sumar al de la izquierda el de C’s y el Par, críticos durante la tramitación a finales de la pasada legislatura, y hacer que la oposición del PP mutara en una abstención acompañada de una declaración explícita en la que su portavoz adjunta, Mar Vaquero, aseguró que su partido "no quiere que se derogue esta ley".

La proposición de Vox sostenía que la producción legislativa memorialista vulnera varios derechos constitucionales, aunque los tribunales no lo han dictaminado así sino más bien al contrario como se vio con la exhumación de Franco, y que supone una extralimitación de unos parlamentos que se ven "legislando sobre materias que quedan fuera de su competencia".

De su versión aragonesa, aprobada hace un año con el apoyo total de PSOE, Podemos, Cha e IU y el aval parcial de C’s y el Par, aseguraba que "supone un ataque claro a la reconciliación nacional" y que muestra un “afán partidista y revanchista" para "borrar la generosidad de aquel acto de perdón mutuo nacional que supuso la Ley de Amnistía" de 1977 y su "espíritu de perdón".

"Esta ley señala buenos y malos" con "un evidente sesgo ideológico de izquierda", dijo el presidente de Vox en Aragón, Santiago Morón, en la intervención que abría el debate de la primera propuesta legislativa de la ultraderecha en las Cortes de Aragón, algo histórico como lo fue el resultado: ni un solo apoyo, con 46 votos en contra de PSOE, C’s, Podemos-Equo, Cha, Par e IU y 14 abstenciones del PP.

"No hemos de justificar que somos demócratas"

El debate planteaba, básicamente, tres incógnitas: la dureza de la respuesta de una izquierda que por sí sola no alcanza la mayoría, el posicionamiento final de dos partidos de centro-derecha como el Par y C’s y el grado de integridad (o de desacomplejamiento) que fuera a mostrar un PP que mantiene la alcaldía de Zaragoza con el apoyo de una ultraderecha con la que no suma, ni acaba de sintonizar, en el plano autonómico.

Los cuatro partidos de la izquierda se mostraron firmes en la defensa de la Ley de Memoria Democrática. "Ustedes traen una propuesta de blanquear el franquismo y blindar el franquismo sociológico", señaló el diputado de IU, Álvaro Sanz, para quien la iniciativa de Vox es "una anomalía democrática en toda regla. Esto no pasaría en ningún parlamento de nuestro entorno democrático".

Representantes de las asociaciones memorialistas aragonesas asistieron en las Cortes al debate sobre la Ley de Memoria Democrática.

"No tenemos que seguir justificando que somos demócratas", lanzó la parlamentaria de Cha Carmen Martínez, para quien la ultraderecha "se siente cómoda" y "anclada" en "esa visión de 40 años de dictadura", pero "no en la verdad del rigor histórico".

"Nos dicen que es la hora de desmontar los bulos, las falsedades y las mentiras", indicó el portavoz de Podemos-Equo, Nacho Escartín, para quien "sí, es la hora de desmontar las mentiras de 40 años de dictadura".

Darío Villagrasa, del PSOE, afeó a Vox la actitud que ha mostrado con esta propuesta, similar a la planteada en otros parlamentos autonómicos. "Por mucho que hablen ustedes de no dividir, sus acciones y sus planteamientos lo único que hacen es dividir", señaló, antes de lamentar las "tristes armas, tristes argumentos y triste intencionalidad que han tenido con esta iniciativa".

Ciudadanos y el PP marcan distancias con Vox

La propuesta del partido ultra no encontró mayor receptividad por el centro ni tampoco por la derecha. "Avanzar es intentar entre todos pasar página", anotó Jesús Guerrero (Par), cuya formación se opuso a la derogación por respeto a la legalidad vigente.

Por su parte, Ramiro Domínguez (C’s), uno de los ponentes del texto, como Villagrasa, hizo una firme defensa de la Ley de Memoria. "Costó mucho trabajo. No es mi ley, pero tuvo muchos consensos y tiene más cosas buenas que malas, tiene luces y sombras pero más luces que sombras", dijo, antes de recordar cómo "entre 1939 y 1941 en España fueron asesinadas 49.000 personas con la autorización del general Franco" y de recomendar al grupo de Vox en las Cortes que "repasen los textos de las leyes cuando se los manden de Madrid".

Por último, Vaquero (PP) comenzó calificando la ley de "fracturadora, excluyente e incompleta" para desmarcarse inmediatamente del negacionismo de Vox. "Nadie debe estar enterrado en una cuneta", dijo, y "todos los cuerpos deben ser recuperados. Por eso decimos que es una ley incompleta".

"Lo que queremos es que se incorpore lo que falta" para que "todos puedan sentirse identificados", añadió, ya que "en esa época de la historia nadie ganó, todos fuimos perdedores".

Tras la votación, Morón acusó a los conservadores de plantear "una situación extraña" y de ponerse "de perfil" a lo que Vaquero replicó que "no nos hablen de bandos y de fractura".

Propuesta de IU para impulsar el desarrollo de la ley

La ultraderecha volvió a quedarse sola por la tarde, cuando las Cortes debatieron una propuesta de resolución de IU para "adoptar todas las medidas necesarias" con el fin de que "el desarrollo, aplicación y cumplimiento" de la Ley de Memoria Democrática de Aragón "sea una realidad", algo que incluye constituir "en el plazo máximo de un mes" la Comisión Técnica que debe coordinar su despliegue, presentar en tres el Plan de Acción para llevarlo a cabo, alumbrar el seis el Centro de Investigación en el que deben confluir científicos y memorialistas y, por último, "adoptar las medidas oportunas para dotar de las partidas presupuestarias suficientes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones” que impone esa norma.

"No se ha avanzado" en el desarrollo "y la ley requiere ese impulso", señaló Sanz, que consideró que “tenemos un reto importante el año que viene al entrar en vigor el régimen sancionador, y hemos de estar preparados”.

PSOE, Podemos-Equo y Cha apoyaron la propuesta, a la que se sumó con matices Ciudadanos (“hay que darle caña al Gobierno, que no está poniendo el dinero para esta ley y queremos que se cumpla”, dijo Domínguez), mientras el Par y el PP se abstenían.

"Suena entre pintoresco y grave tener que solicitar que se desarrolle una ley", criticó Vaquero, lo que le valió una réplica en la que Martínez le recordó el tajo presupuestario que los gobiernos de Mariano Rajoy aplicaron a la norma estatal.

Las dotaciones de la ley

La ley, aprobada en noviembre de 2018, entró en vigor el 22 de febrero de este año, con lo que hasta 2020 no tendrá una dotación oficial. Sin embargo, esta, salvo que la situación cambie por la vía de las enmiendas, no va a ser muy amplia.

Los diputados de la izquierda que intervinieron en el debate se reunieron con los representantes de las asociaciones memorialistas aragonesas en las Cortes.

Los presupuestos de la Consejería de Cultura incluyen una consignación de 200.000 para "ayudas memoria histórica", mientras el capítulo de Conservación del Patrimonio Cultural contempla acciones de "determinación y documentación de lugar y rutas" memorialistas, un programa de "intervenciones, peritajes y urgencias" en la materia y otro de "proyectos de recuperación", a lo que se añaden 50.000 euros para el embrión del futuro banco de ADN, abierto también a las pesquisas sobre bebés robados.

Sin embargo, las previsiones presupuestarias del Gobierno de Aragón no incluyen ninguna partida específica para financiar la eventual retirada de los vestigios del franquismo que ayuntamientos, particulares y entidades como la iglesia no hayan llevado a cabo antes del próximo 22 de agosto, que es la fecha límite que la ley contempla para su desaparición del espacio público.

¿Para cuándo queda el desarrollo normativo?

IU, la única formación con representación parlamentaria de la izquierda aragonesa que se mantiene en la oposición, aunque apoyó la investidura de Javier Lambán al frente del cuatripartito, está centrando una de sus líneas de trabajo en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática.

En este sentido, su diputado y coordinador autonómico, Álvaro Sanz, ha presentado una batería de preguntas en las que se interesa por conocer, además de las previsiones sobre el centro, la comisión y el plan, en qué situación se encuentra el "desarrollo normativo" de la ley, para el que la propia norma de un plazo de finaliza el 22 de febrero, y la manera en la que el ejecutivo se plantea cumplirlo.

El bloque de preguntas incluye otras sobre el proceso de catalogación de la documentación referente a la guerra civil y la dictadura de la que disponga la Administración, que debe ser puesto a disposición de las víctimas y sus familias, de los investigadores y de las entidades memorialistas de manera gratuita, así como por las previsiones del Gobierno autonómico para poner en marcha la web que debe difundir el grueso de los contenidos de acceso público en esta materia.
Por último, Sanz intenta saber "qué pasos ha dado" la Consejería de Cultura, que desde julio gestiona las competencias de Memoria Democrática en la comunidad, para crear la base de datos genética en colaboración con el IMLA (Instituto de Medicina Legal de Aragón) que prevé la ley y "en qué plazo estará disponible".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)