El equipo de PP y Cs que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la supervisión de Vox tendrá que defender en el juzgado los motivos por los que revocó el expediente para cambiar la denominación de varias calles dedicadas a destacados franquistas locales. 

 O, dicho por pasiva, deberá argumentar por qué decidió que esas personas siguieran formando parte del nomenclátor de la ciudad pese a que la Ley de Memoria estatal insta "la retirada de (…) menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión" y a pesar de que la norma autonómica marca un plazo que finaliza el 22 de agosto para eliminar los “elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. 

La Fundación 14 de Abril, vinculada a IU, formalizará este jueves en los juzgados de la capital aragonesa un recurso contencioso administrativo contra esa decisión, en lo que será la segunda demanda contra el nuevo equipo de gobierno municipal en dos meses por su desidia con la Memoria Histórica. 

Admitida a trámite por los vestigios franquistas

La anterior tiene que ver con la inexistencia, doce años después del mandato legal, de un catálogo de los vestigios del franquismo en la ciudad y con la permanencia de reliquias de aquella época en espacios públicos, caso de los nombres de algunas calles. 

La asociación Amro presentó el pasado 12 de septiembre, cuando el equipo PP-C’s de Jorge Azcón y Sara Fernández ya llevaba casi tres meses en el poder, un recurso por el silencio que había obtenido como respuesta a la petición en ese sentido que había registrado en el ayuntamiento a finales de abril. 

El recurso ha sido admitido a trámite y la entidad, representada por el abogado Eduardo Ranz, uno de los principales expertos del país en memorialismo, ha formalizado ya la demanda, a la que el consistorio tiene unos días para oponerse. 

La asociación solicita, tal y como adelantó Público, que el Ayuntamiento de Zaragoza sea condenado a “la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista, en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada”. 

El arzobispo que alababa la violencia

La Fundación 14 de Abril fue la promotora del cambio de calles sobre el que ahora tendrán que pronunciarse los tribunales al comunicar al ayuntamiento el pasado mes de febrero que en el callejero de la ciudad “permanecen vestigios que rinden homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista que conforme a la legislación y los principios que la informan es necesario remover y sustituir por otros más acordes a un régimen democrático”.  

“Tanto la ley estatal como la autonómica contienen un mandato ineludible y a la Administración no le corresponde ponderar su aplicación sin[o] cumplirla mediante la retirada de tales elementos”, añadía. 

Concretamente, se referían a las calles dedicadas a Manuel Allué Salvador, falangista y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio de 1936; al rector Gonzalo Calamita, que dirigió la depuración de la universidad entre octubre de 1936 y septiembre de 1941, cuando se jubiló; al arzobispo Rigoberto Doménech, una de las mitras favoritas de Franco y autor de la estremecedora declaración en la que afirmaba que “la violencia no se hace en beneficio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la patria y la religión”; a Agustina Simón, una enfermera tradicionalista fusilada en Belchite en 1937, y a Pedro Lázaro, primer fallecido de las filas franquistas del barrio del Arrabal y cuyo nombre sustituyó en el callejero al del capitán republicano Fermín Galán. 

Los tres primeros fueron incluidos por el ayuntamiento en un listado de calles a revisar junto con otros cinco políticos y cargos públicos afectos al franquismo: Juan José Rivas y Mariano Horno, primer y último alcaldes y presidentes de la diputación provincial en la dictadura; Miguel Merino, concejal desde 1974 y entre 1976 y 1979, último alcalde no elegido democráticamente de la ciudad y posterior edil de UCD; el jurista Rudesindo Nasarre y, también, Antonio de Gregorio Rocasolano, primer presidente de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario que dirigió la purga en ese ámbito en todo el país. 

El 1 de marzo de este año, el gobierno municipal de ZeC (Zaragoza en Común), acordaba llevar a cabo los cambios en el callejero y abrir un plazo de información pública de veinte días en las juntas de distrito en las que se encontraban las calles afectadas, en las que las dos denominaciones convivirían durante dos años “con el fin de minimizar al máximo los posibles perjuicios a los vecinos y comerciantes”. 

Más vestigios por depurar

Iban a ser sustituidos por los nombres de personalidades como el poeta y jurista Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón en la etapa democrática y primer diputado aragonesista en el Congreso junto con Hipólito Gómez de las Roces; Ángela García de la Puerta y Vicenta Arnal, primeras doctoras en Ciencias del país; Martina Bescós y Blanca Catalán, pioneras en la cardiología y la botánica; la bailarina Lola de Ávila, la filósofa África Ibarra y la maestra Pilar Ponzán. 

Sin embargo, seis meses después el nuevo equipo de PP y C’s revocaba esa decisión al “desistir y dar por finalizado el procedimiento” de cada uno de esos ocho cambios de denominación argumentando que “el acuerdo de aprobación provisional adoptado no está suficientemente fundado” y que “falta la justificación necesaria” al no constar en los legajos “informes técnico-históricos acerca de la idoneidad y oportunidad del cambio de nombre propuesto”. 

La Fundación 14 de Abril considera que esos argumentos, incluidos por el consistorio en la respuesta que le remitió al consultar si la decisión de revocar los expedientes era firme, son contrarios a la legislación, por lo que ha decidido llevar el asunto a los tribunales. 

En cualquier caso, y además de las once calles indicadas, en Zaragoza hay al menos otras dos dedicadas a personajes destacados del franquismo como José María Albareda, que se empleó en la depuración de la ciencia durante sus tres décadas (1936-1966) en la Secretaría General del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), y Francisco Caballero, integrante de la gestora que tomó el ayuntamiento el 21 de julio de 1936 y alcalde de 1941 a1946.