VALÈNCIA.- Ha tenido que ser una alcaldesa bregada en los movimientos sociales quien, con la ley en la mano, haya sacado los colores al ministerio de Interior poniendo de relevancia que su responsable (en funciones) Jorge Fernández Díaz incumplía la legislación que emana de la propia Administración. Desde el pasado 7 de julio, Ada Colau y su equipo mantienen un pulso con el departamento de Interior para lograr una meta que desde hace años persiguen todos los defensores de los derechos humanos y reclaman decenas de colectivos sociales: cerrar los CIEs.

¿El método? Algunos lo llaman resquicio legal, otros, simplemente, la exigencia escrupulosa de la ley. En concreto, el Ayuntamiento quiere cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona de Zona Franca porque ni tiene licencia de actividad ni cumple con las medidas de protección contra incendios, después de meses cerrado por reformas.

Este miércoles, la Policía Nacional ha denegado de nuevo (la segunda vez en 48 horas) la entrada a los inspectores y a una abogada del Ayuntamiento para comprobar si existen internos. Ante el reiterado impedimento de Interior a hacer su trabajo, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciado la próxima medida será pedir al juez que precinte el CIE.

"Estamos ante la reiteración de desobediencia que nos obliga a recurrir a instancias judiciales", ha declarado Asens, miembro de Barcelona en Comú, desde donde tienen firme voluntad de continuar adelante con el “mandato democrático” del consistorio y del parlamento catalanes.

Sólo PP y Ciudadanos en contra

Porque Barcelona en Comú no está sola en su determinación. Le avalan el pleno del Ayuntamiento, que en noviembre pasado declaró Barcelona ciudad “libre de CIE” y también el parlamento catalán, que aprobó en julio de 2015 instar al Ejecutivo a cerrar los CIE y a sustituirlos por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

Hace un año la cámara catalana habló para poner sobre la mesa y meter en la agenda una demanda de las organizaciones de defensa de los derechos humanos: "Que se empiece un proceso, en el plazo más breve posible, para iniciar el cierre progresivo de los CIE". Algo que la plataforma Tancarem el CIE valoró en su día como un “precedente importante para un cambio de paradigma en las políticas migratorias". Las resoluciones de ambas instituciones contaron con el apoyo de todos los grupos, excepto el del Partido Popular y Ciudadanos.

En España existen actualmente siete CIE. Además de los de Barcelona, València y Madrid, hay en Algeciras, Murcia, Las Palmas y Fuerteventura.

¿Qué han hecho al respecto las otras “ciudades del cambio” en su primer año de mandato? Siguiendo los pasos firmes de Barcelona está València, mientras que Madrid estudia qué hacer.

El pleno de Les Corts valencianas aprobó en octubre de 2015, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos y en contra de PP y Ciudadanos, instar al Gobierno central iniciar el proceso de cierre de los CIE y ceder al Ayuntamiento de València los terrenos del CIE de Zapadores para transformarlo en un espacio para iniciativas de carácter social. El pleno del Ayuntamiento de la ciudad, de nuevo con el PP y C’s en contra, hizo lo propio un mes después.

En la capital española, más allá de que la formación Ahora Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena comparta los postulados de las plataformas que piden el cierre de los CIE, de momento no se ha tomado ninguna medida significativa ni en la Asamblea ni en el consistorio. Fuentes municipales avanzan a Público, no obstante, que el Área de Seguridad “está estudiando” ver “qué hacer”, aunque rechazan concretar en qué dirección, alegando que “todavía es un poco pronto” para ello.

"Llegar hasta el final”

Mientras, Berto Jaramillo, concejal de cooperación al desarrollo y migraciones del Ayuntamiento de València, explica a Público que la voluntad del equipo de Joan Ribó es “llegar hasta el final”. El alcalde visitó el CIE con una delegación de concejales el pasado mes de mayo y lamentó la “evidente privación de libertad para gente que no ha cometido ningún delito” y anunció que seguirían controlando el edificio en el ámbito de las competencias municipales, que abarcan la salubridad, la disciplina urbanística, la licencia de actividades y la de obras.

En Madrid no se ha tomado ninguna medida significativa ni en la Asamblea ni en el consistorio para cerrar el CIE

“Desde el mismo día que entramos en el ayuntamiento sabíamos que las políticas migratorias son competencia del estado, pero también sabíamos que sobre el CIE teníamos ciertas competencias municipales y las vamos a hacer cumplir”, asegura Jaramillo, que relata que al igual que en Barcelona el consistorio también envió a inspectores al edificio y, como en el caso barcelonés, la Policía Nacional “les dijo que no tenían competencias y que no podían entrar”.

Su intención es ahora “tener todo atado a nivel jurídico, crear un expediente específico sobre el edificio y volver a enviar a los inspectores”. Si les impiden la entrada de nuevo, tomarán medidas legales en el juzgado para defender sus competencias, asegura el regidor responsable, que recuerda en el CIE de Zapadores “tiene un reglamento interno que no se está cumpliendo”, un extremo que “reconoce el mismo ministro”.

“Vimos internos que se levantaban las camisas y nos enseñaban las picaduras, no sabemos si la plaga de chinches continúa”, explica el concejal, refiriéndose a la plaga por la que, entre otras deficiencias, Interior clausuró temporalmente el CIE valenciano en 2014. El día que la delegación municipal pudo acceder al recinto, en su interior había alrededor de 40 personas internas, entre ellas 3 o 4 mujeres. Dos baños externos, compartidos, para todos.
Fin de la “connivencia”.

La Fiscalía de Málaga denunció en 2003 y 2006 que los internos en el antiguo CIE vivían en peores condiciones que en una cárcel

“Para llegar hasta donde estamos –señala Jaramillo- ha tenido que haber una connivencia de los ayuntamientos con el estado”. Y en València, con el PP al frente del consistorio y del ministerio, esa colaboración era “total”. La “singularidad administrativa” depende de las actuaciones que vaya a tomar cada ciudad, apunta el concejal valenciano, pero el actual equipo de gobierno dice estar determinado a cumplir.

En España existen actualmente siete CIE. Además de los de Barcelona, València y Madrid, hay en Algeciras, Murcia, Las Palmas y Fuerteventura. Sólo uno se ha cerrado de momento de forma definitiva; el de Málaga, que aguantó 22 años en pie con un rosario de atropellos.

La Fiscalía de Málaga denunció en 2003 y 2006 que los internos vivían en peores condiciones que en una cárcel. Después, toda la plantilla hubo de ser sustituida tras las denuncias de abusos sexuales de agentes sobre algunas internas. En 2010, tras una inspección, el Sindicato Unificado de Policía concluyó: “no podemos asegurar la vida y la integridad física de los internos ni de los policías”.