Nadie lo esperaba, pero aquella mañana nevó. Mientras sus señorías se intercalaban en el estrado, los árboles que rodean al Parlamento Vasco empezaron a teñirse de blanco. Cuando los políticos acabaron sus discursos, Vitoria ofrecía una imagen típicamente invernal. Era noviembre de 2016, pero parecía un enero cualquiera. Un año después, en los alrededores del edificio legislativo no hay ni el más mínimo rastro de nieve. Lo que sí está pronosticado, y cada vez con mayor certeza, es el camino que seguirá recorriendo el Gobierno de Iñigo Urkullu. Haga calor o frío, el lehendakari quiere que sea el PP quien le acompañe en los momentos claves.

Lo que era un secreto a voces quedó confirmado esta semana. Pocas horas después de que el Congreso aprobase las nuevas leyes del Concierto y del Cupo vasco, desde el Gobierno Vasco –o al menos desde los partidos que lo integran, PNV y PSE- se dedicaron a airear que los Presupuestos de Euskadi también están muy cerca de hacerse realidad. Para conseguirlo, nacionalistas y socialistas se han puesto de acuerdo en torno a la rebaja del Impuesto de Sociedades, un aspecto que había quedado fuera de la reforma fiscal pactada por ambos partidos a finales de octubre. Si entonces no fue posible, ahora sí lo será.

En realidad, el PNV soñaba con lograr una reforma de ese tributo, tal como también promovía y defendía la patronal vasca. Sin embargo, sus socios del PSE no dieron el brazo a torcer y obligaron a Urkullu a “tragar” con una reforma que dejaba intacto el impuesto de sociedades, situado hasta ahora en el 28%. Sólo había un detalle: aún faltaba negociar los Presupuestos autonómicos, para cuya aprobación el Gobierno Vasco necesitaba el apoyo (o la abstención) de algún grupo de la oposición.

En la primera ronda realizada por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, para explorar posibilidades de acuerdo, el PP puso sobre la mesa como condición sine qua non una rebaja fiscal para las empresas. Mientras tanto, EH Bildu le propuso romper con el PSE y firmar el divorcio definitivo con el PP, argumentando que no se podía ir del brazo con los partidos que impusieron el artículo 155 en Catalunya. Por su parte, Elkarrekin Podemos planteó una serie de propuestas dirigidas a reforzar las partidas de carácter social. Eso sí, también reconoció que veía poco margen para llegar a algún tipo de acuerdo con el partido de Urkullu. Ante todo, realismo.

La respuesta del Gobierno Vasco, que en un principio no había cerrado ninguna opción, llegó a través de los medios. Pocos días después de esa primera ronda de contactos, el lehendakari dijo que dos partidos se habían autoexcluido de estas negociaciones, por lo que sólo le quedaba una opción. Dicho de otra manera, el lehendakari daba por descartado cualquier posible pacto con EH Bildu o Elkarrekin Podemos. O lo que es lo mismo, Urkullu prefería y deseaba pactar con el PP.

Bajo esa premisa, PNV y PSE se pusieron manos a la obra. Tampoco había mucho que discutir: si se rebajaba el Impuesto de Sociedades, el PP apoyaría los Presupuestos. Y así será. Siguiendo lo marcado por la formación conservadora, el Gobierno Vasco y los dos partidos que lo sustentan plantearán rebajar el tributo que pagan las empresas hasta el 24%, tal como también reclamaba la patronal. A cambio, desde el PSE aseguran que se introducirán una serie de “correctores” para evitar una merma en la recaudación.

Los otros Presupuestos

Con esta decisión, el Ejecutivo liderado por Urkullu da un paso gigante para conseguir la aprobación de sus Cuentas. Se repite así la historia de los anteriores Presupuestos, cuando el PNV consiguió también llegar a un acuerdo con el PP para permitir su aprobación. Aquello ocurrió a finales de marzo de 2017. Aproximadamente mes después, los nacionalistas vascos apoyaban los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

Mariano Rajoy confiaba en repetir matrimonio con los peneuvistas de cara a la aprobación del proyecto presupuestario de 2018, pero no fue así. O mejor dicho, de momento no ha sido así. Las duras medidas adoptadas por el gobierno español contra los cargos públicos catalanes que impulsaron el proceso independentista motivaron un distanciamiento entre la formación vasca y el PP, lo que obligó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a retirar las Cuentas y prorrogar las correspondientes a 2017.

Lo que dice el calendario

En los días previos a este primer aniversario de Urkullu como lehendakari reelegido, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dijo enfáticamente que su partido no negociaría con el gobierno de Rajoy hasta que se reestableciera la institucionalidad en Catalunya, algo que previsiblemente ocurrirá tras las elecciones del 21 de diciembre. Saquen el calendario: la votación de los Presupuestos vascos tendrá lugar –si no hay ningún cambio de última hora- justo un día después, el 22, mientras que Montoro ya había dicho hace semanas que podría volver a la carga con los Presupuestos del Estado en enero. O sea, cuando el PP vasco ya haya apoyado al PNV en el Parlamento Vasco y cuando Catalunya ya no esté con el 155 encima de las instituciones.

Antes habrá otro día clave. Será el próximo miércoles, fecha tope para que los partidos presenten sus enmiendas a la totalidad. Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han anunciado que apostarán por esa vía, lo que certifica que la única opción abierta es la del pacto presupuestario con el PP. Un año después de repetir como lehendakari, Urkullu lo quiere y lo desea.