Unidas Podemos por Andalucía (UP) ha presentado esta mañana la –de momento– única enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2022. Las razones del rechazo a las cuentas de la coalición de izquierdas tienen que ver fundamentalmente con tres razones. Por un lado, el "fracaso" de la política fiscal de Juanma Moreno y su gabinete, formado por una coalición de PP y Ciudadanos; por otro, porque se pierde una ocasión de oro de blindar los servicios públicos; y, por último, porque no hay una política industrial y de creación de empleo sólida.

Además, UP critica que el ingreso por la Infancia y la Inclusión, que el presidente anunció en el Debate del Estado de la Comunidad, ni siquiera "aparece ni en el Estado de gastos ni en la Memoria del Presupuesto".

El Gobierno andaluz aún mantiene reuniones con PSOE y Vox para ver si es posible aprobar estas cuentas. Aunque la negociación del presupuesto empezó con buen pie tras un encuentro entre Juan Espadas y Moreno, el paso del tiempo ha enrarecido las negociaciones. El despido –por la vía de la no renovación de contratos– de 8.000 sanitarios de los 20.000 que fueron contratados durante la crisis covid y la creación de un fondo a cargo del Gobierno de España que Hacienda rechaza, lo han complicado sobremanera. Este lunes hay previsto otro encuentro.

En la enmienda, que UP entregó a los medios de comunicación, se recoge lo siguiente: "Los ingresos totales [de más de 43.800 millones] se incrementan gracias al aumento considerable de las transferencias por parte del Gobierno central. El Gobierno de la Junta no puede esconder el fracaso de su política fiscal, estando la realidad muy lejos de la propaganda. Con un crecimiento previsto del PIB nominal del 9% es muy significativo que no crezca la recaudación tributaria ni un solo punto porcentual. Es la demostración de que bajar impuestos afecta negativamente a la recaudación, incluso con previsiones de crecimiento sostenido".

Luego, UP aporta algunos ejemplos: "La previsión de recaudación de los tributos propios bajaría un 2,3%; los tributos cedidos sujetos a liquidación bajan un 4,1%; los ingresos tributarios se estancarían en los niveles del 2021". Después, remacha: "Si los ingresos tributarios en 2021 representaron el 48% de los ingresos totales, en el proyecto de presupuesto del 2022 su aportación bajaría hasta el 39%. Es el presupuesto con la contribución de la Junta de Andalucía más baja. Por primera vez se encuentra por debajo de las transferencias del Estado y europeas".

Esto, la menor aportación de fondos propios de la Junta, lo que se conoce como autofinanciada, en el argot presupuestario, debido a las rebajas fiscales acometidas por Moreno y su gobierno, tiene, para UP, profundas consecuencias: "Nada de lo que sería deseable y necesario se cumple con estas cuentas, que ahondan en las políticas de contención de gasto, de recortes encubiertos y del progresivo desmantelamiento de nuestros servicios públicos fundamentales, como efecto directo de la merma de los recursos propios y de la raquítica política fiscal de la Junta de Andalucía en los últimos años".

"Las políticas de austeridad de la última década –señala UP– y, posteriormente, la pandemia, han ensanchado las brechas sociales y disparado las tasas de desigualdad y de exclusión social. Un problema de primer nivel en el caso de Andalucía. Por tanto, un cambio del modelo tributario y un fortalecimiento de las arcas públicas no son solo necesarios, sino deseables y urgentes. No obstante, el Gobierno de la Junta sigue proponiendo reformas que merman la capacidad de recaudación y reducen la autofinanciación de las instituciones andaluzas. Esta cuestión es central: […] las reformas tienen un impacto estructural sobre la capacidad de recaudación de la hacienda andaluza".

Desmantelamiento de lo público

De hecho, para UP, el proyecto de Presupuestos es una oportunidad perdida tras lo vivido durante la pandemia: "No solo no blinda los servicios públicos fundamentales, erosionados por la austeridad y tensionados por la pandemia, sino que incorpora reducciones de plantilla: en sanidad, 8.000 profesionales menos con respecto a las contrataciones realizadas durante la pandemia; en educación, 2.700 profesionales menos. Todo ello representa un paso atrás que aleja a Andalucía de un Estado del Bienestar a la altura del Siglo XXI. Unos presupuestos que se acompañan a reducciones de plantilla no son asumibles y negociables".

Añade UP: "El Gobierno andaluz avanza en el camino del desmantelamiento de lo público a favor de los negocios de las empresas sanitarias y educativas privadas. No solo por la consolidación y el avance de los conciertos en sanidad y educación, sino porque evitan destinar los fondos finalistas a reforzar estructuralmente lo servicios públicos allí donde más dependen del sector privado".

Al respecto de la política industrial, la coalición considera que "los fondos extraordinarios [de Europa y del Gobierno de España] no pueden sustituir la acción de gobierno en el ámbito económico y productivo". "Para que su aporte sea efectivo y eficaz, la administración autonómica, en el marco de sus competencias, tiene que garantizar una política de empleo e industrial (en el sentido más amplio de la palabra) a la altura; un aspecto que no se destaca en el presente Proyecto de Ley", se lee en la enmienda.