Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 están a un paso de acabar su travesía en el Congreso -este lunes comienza su debate-, un camino parlamentario alejado prácticamente del foco político y mediático a pesar de tratarse de una norma que goza de prioridad en las Cortes y teniendo en cuenta la convulsa tramitación de los proyectos presupuestarios de 2021 y 2022. Todo ello en una legislatura marcada por los pactos y las negociaciones in extremis al no tener mayoría absoluta el Gobierno de coalición.

Fuentes pertenecientes a diversas fuerzas del arco parlamentario, incluidos los partidos que conforman el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, coinciden en señalar que la tramitación del texto legislativo ha pasado "sin pena ni gloria" y "desapercibida". Y, aunque no se descarta ningún "sobresalto" de última hora, pues ERC, EH Bildu y otros socios habituales no han confirmado todavía su apoyo a las cuentas públicas, el Gobierno confía en sacarlas adelante al tener encaminadas las negociaciones con estos grupos.

El debate de enmiendas parciales se cerró el pasado jueves con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Coalición Canaria al dictamen en el seno de la Comisión de Presupuestos, donde se incorporó más de un centenar de correcciones de estos grupos, además de PRC y Teruel Existe, relativas a inversiones.

Que la tramitación no haya estado marcada por las tensiones de cara a los apoyos no quita que el proyecto tenga ya el respaldo asegurado de la mayoría necesaria en el Pleno, esto es, de 176 diputados. Aliados habituales del Gobierno, como ERC, EH Bildu, Más País o PDeCAT, apuran las negociaciones, que podrían extenderse hasta este mismo jueves (cuando se votan las secciones que componen el texto presupuestario), aunque desde estas formaciones trasladan que el acuerdo está "cerca".

Aunque PSOE, Unidas Podemos y ERC han desvinculado la derogación del delito de sedición de la negociación de las cuentas públicas, lo cierto es que el contexto en el que se ha acordado la reforma del Código Penal allana el terreno en materia presupuestaria, según reconocen los diferentes actores en privado toda vez que los republicanos hablaban de desjudicialización del conflicto político en Catalunya en los prolegómenos del debate de presupuestos en el Congreso.

Por su parte, las negociaciones entre el Gobierno y EH Bildu dieron el pasado jueves un salto cuantitativo al acordar que las haciendas forales vascas y navarras gestionen los nuevos impuestos a la banca y las energéticas (la medida saldrá adelante previsiblemente el próximo jueves) y la decisión de abrir la puerta a que estos gravámenes sean permanentes.

Principales focos y momentos álgidos

El pacto por las cuentas públicas en el seno del Gobierno acaparó el foco político por las discrepancias entre los socios de la coalición en torno a la ley de familias y la recuperación del 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación para las personas desempleadas. Pero después de una jornada maratoniana, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo el pasado 4 de octubre, precedido una semana antes por otro en materia fiscal, para llevar al Consejo de Ministros los Presupuestos con mayor inversión social de la historia (266.719 millones de euros).

Otro momento álgido, ya en plena tramitación parlamentaria, fue cuando ERC, EH Bildu y PNV anunciaron casi in extremis que no presentaban enmiendas a la totalidad después de amagar con esta posibilidad a horas del plazo límite.

Asimismo, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu aprovecharon la negociación de los Presupuestos para intentar introducir en las cuentas públicas aquellas reclamaciones que los socialistas se niegan a introducir en la ley de vivienda. Pero, una vez más, el PP salió al rescate del PSOE y ambos tumbaron en la mesa de la Comisión de Presupuestos tres de las cuatro enmiendas registradas por estas fuerzas progresistas. La cuarta fue vetada más tarde por Hacienda.

Comparación con otras cuentas

El año pasado, la tramitación de las actuales cuentas estuvo marcada por las tensiones en la negociación con ERC sobre la ley audiovisual. De hecho, se trasladaron a la tramitación en la Cámara Alta. También EH Bildu supeditó el apoyo a las cuentas a hacer permanentes las medidas del escudo social, mientras que el PNV no llegó a desvelar de forma oficial su apoyo total a las cuentas, salvo varios anuncios de acuerdos en enmiendas, a pesar de votar favorablemente en todos los exámenes de los presupuestos en el Congreso y el Senado.

En cuanto a la tramitación de las cuentas de 2021, las primeras de Pedro Sánchez que dieron carpetazo a las prorrogadas de Cristóbal Montoro, tampoco fue un camino de rosas. ERC también anunció su apoyo en dos actos y el PNV lo hizo de forma oficial tras conseguir incorporar un doble paquete de medidas. En el caso de EH Bildu, su histórico apoyo a los Presupuestos se deslizó con antelación, aunque la coalición abertzale aprovechó las negociaciones presupuestarias hasta el final para introducir enmiendas parciales.

El camino de los Presupuestos de 2023 no acaba en el Congreso, pues continuará su tramitación en el Senado, donde el Gobierno espera aprobarlos definitivamente y sin la necesidad de que vuelvan a la Cámara Baja. En cualquier caso, de salir adelante (tal como está previsto), serán las terceras y últimas cuentas de la legislatura, pensadas para paliar los efectos de la actual crisis económica y energética agravada por la guerra en Ucrania.