Nunca la causa judicial de los ERE fraudulentos -ni las que de ella se han derivado- ha sido pacífica en términos políticos. Desde el principio, el PP ha intentado utilizarla en beneficio propio. Los conservadores la han impulsado y han ejercido toda la presión que han podido, y han ejecutado todas las estratagemas que se les han ocurrido para transformar el caso en un escándalo de primera categoría que se pudiera comparar al de la Gürtel, que les estaba corroyendo por dentro.

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en 2010 alcaldable del PP en Sevilla, fue quien ese año presentó una querella con la que le arrebató a la Fiscalía la investigación sobre un soborno que había exigido a dos empresarios Fernando Mellet -hoy condenado por ello- el exgerente de Mercasevilla, una empresa pública de capital municipal. El caso Mercasevilla acabó así en las manos de la magistrada Mercedes Alaya, entonces desconocida para la opinión pública.

Las investigaciones de la jueza, que se dedicó, pasito a pasito, a tirar del hilo, acabaron por destapar un desmadre absoluto -se llegó a pagar presuntamente cocaína con dinero público- en la Consejería andaluza de Empleo, en la que el director general de Trabajo, Javier Guerrero, hacía y deshacía a su antojo, sin que ninguno de sus superiores le parase los pies. Ahí comenzó el caso de los ERE, cuando Guerrero dijo -luego se desdijo- en 2011 a la Policía que disponía de “un fondo de reptiles” para resolver crisis laborales.

De aquella madeja que halló Alaya al enrollar el hilo suelto del soborno en Mercasevilla fueron surgiendo otras causas, que afectaban sobre todo a la Consejería de Empleo, pero también tocaban a las de Hacienda e Innovación. Alaya llegó a cuestionar todo el sistema de financiación de las subvenciones y el procedimiento por el que se otorgaban -las transferencias de financiación- durante la última etapa de Gobierno de Manuel Chaves, entre 1990 y 2009 presidente de la Junta de Andalucía.

Las presiones que cayeron sobre el juzgado de Alaya, cuando comenzó a investigar la actuación de los expresidentes de Andalucía Chaves y José Antonio Griñán, quienes hoy esperan sentencia, fueron intensas, según ha manifestado la propia magistrada después de dejar el juzgado de instrucción.

Por un lado, el PP no estaba dispuesto a soltar la presa. Y, por otro, el PSOE también jugaba sus cartas. Alfonso Guerra insinuó, de manera sutil, que Alaya trabajaba de acuerdo con Zoido. “Incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron”, dijo en su momento el exvicepresidente del Gobierno de España.

Mala gestión o delito 

La jueza Alaya, en el momento de mayor presión, se dio de baja un tiempo. Luego regresó y, cuando las causas ya estaban bastante avanzadas, sobre todo la pieza principal de los ERE, pidió una plaza en la Audiencia Provincial, destino en el que ejerce como magistrada desde el año 2015.

Alaya, aunque reclamó hacerlo, no llegó a cerrar su investigación sobre Chaves y Griñán. El auto de procesamiento lo asumió Álvaro Martín, el juez de refuerzo que el Poder Judicial le puso al juzgado. para evitar su colapso. Ocho años después, la causa principal, la que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, está aún pendiente de sentencia.

El fallo y sus consideraciones y conclusiones jurídicas marcarán el resto de causas que se investigan en el juzgado de instrucción número 6. La presunta corrupción, más allá de las actividades en algunos departamentos de la Consejería de Empleo, no es obvia -los altos cargos no se enriquecieron-, sino que hay que bucear en diversas leyes para comprender del todo las acusaciones.

El asunto nuclear que tienen que dilucidar los jueces de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que se encargará de juzgar estas causas, es si la actividad de diversos altos cargos del Gobierno andaluz a la hora de repartir fondos públicos en los últimos años de mandato de Chaves y los primeros años de Griñán debe ser objeto de un análisis administrativo, es decir, que lo que hubo fue un descontrol y una mala gestión, o si el asunto va más allá y ese descontrol y mala gestión se merece un reproche de tipo penal. Chaves está acusado de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, y Griñán, de prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito que conlleva, al contrario que la prevaricación, penas de prisión.

Llega Núñez

En 2015, Alaya fue sustituida por la magistrada María Núñez, quien provenía de un juzgado de familia, que desde entonces se ocupa de las piezas restantes de los ERE, del conocido como caso IDEA, del llamado caso Faffe, del caso Avales y del de los fondos de formación, que Núñez, de acuerdo con la Fiscalía, había archivado y que la Audiencia de Sevilla acaba de ordenar que se investigue más a fondo antes de darle carpetazo. Núñez también ha archivado el caso Avales, pero en este caso, la Fiscalía y la Junta de Andalucía han recurrido el sobreseimiento. La Audiencia aún no ha decidido.

Núñez tomó, al poco de llegar al juzgado, la decisión de dividir las macrocausas que Alaya mantenía agrupadas en diferentes piezas con el fin de agilizar su investigación. La magistrada tomó además un camino diferente al de Alaya en la interpretación de algunos hechos. En ocasiones, de acuerdo con la Fiscalía y en otras, no. El PP se lo tomó como un desaire y lanzó una feroz campaña de desprestigio contra Núñez.

Los conservadores han intentado en varias ocasiones apartar a la magistrada Núñez de las causas que les interesan y difunden por tierra mar y aire mercancía sobre ella del mismo tenor que la que lanzó Guerra sobre Alaya. En lugar de Zoido y Alaya, los conservadores hablan de los lazos entre el que fuera exconsejero de Justicia con Susana Díaz, Emilio de Llera, fiscal de carrera, y la magistrada Núñez.
La Audiencia Provincial y el Poder Judicial, que ya rechazó un intento de recusación de Zoido, hasta ahora, han avalado la labor de Núñez, como también lo hicieron con Alaya.

La última vez fue este lunes pasado. Los magistrados de la Audiencia hablaron de “sorprendentes alegaciones” y del “pertinaz propósito” del PP “en poner en tela de juicio la falta de imparcialidad de la magistrada y la consiguiente necesidad de apartarla de cualquier conocimiento de los autos”. “No existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada y sólo el normal proceso de cualquier instrucción”, remacharon con meridiana claridad.

La Fiscalía se harta

Sin embargo, a Núñez le ha salido, en el camino desde que en 2015 heredó las macrocausas, otro enemigo, uno, en cierto sentido, peor que el PP: la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales de Sevilla, con el amparo de la Fiscalía General del Estado, lanzaron hace unos días un insólito y durísimo ataque contra Núñez, quien se dio de baja -al igual que Alaya hace años- 24 horas antes de que se hiciera público. Desde entonces, la magistrada está en el ojo del huracán.

El Fiscal Anticorrupción, Manuel Luzón, denunció a Núñez ante el Poder Judicial porque considera que, en lo que se refiere a tres causas -los ERE, el caso Avales, que la magistrada ha archivado en contra del criterio de la Fiscalía, y el caso IDEA- existe “inactividad real y efectiva”, “desatención a las resoluciones de la Audiencia”, que “no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada e inequívoca, sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentado trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas, que podrían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos”.

Luzón exige al Poder Judicial que sancione a Núñez y se refiere, en su escrito, a “abrumadoras muestras de conductas irregulares”, que “permiten trascender la apariencia para revelar lo nuclear: la existencia de una inequívoca actuación dilatoria, incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes como instructora”.

La Fiscalía General del Estado la dirige hoy precisamente la exfiscaljefe de Sevilla, María José Segarra, por tanto, buena conocedora de los intríngulis de los juzgados de Sevilla. Segarra fue nombrada por en junio de 2018 por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Los abogados la defienden

A Núñez, por ahora, la han defendido -eso sí, de manera un tanto tibia- varios de sus colegas, los magistrados sevillanos, quienes, días después de la denuncia de los fiscales, ante “las informaciones vertidas con referencia a su actividad jurisdiccional”, hicieron público un comunicado de “apoyo y afecto”, en el que reclamaban que la jueza fuera “respetada tanto en el ámbito personal como en el profesional”.

Un grupo de abogados, bien conocedores de las causas que critica la Fiscalía porque defienden a varios de los acusados, sí defendieron con vigor la actuación de Núñez, que consideran rigurosa, y arremetieron contra la Fiscalía, cuyo comunicado dijeron rechazar de manera “frontal”.

“Desde hace muchos meses [Núñez] viene siendo objeto de una insidiosa campaña de desprestigio a través de determinados medios de comunicación que, sobre la base de malintencionados juicios de valor o directas falsedades, tiene como objetivo crear un estado de opinión en cuanto a que el actuar jurisdiccional de la misma supuestamente se conduciría por motivaciones espurias y ausencia de imparcialidad”, afirman los letrados en su nota.

Al contrario que la Fiscalía, los abogados consideran que en el caso Avales, uno de los que ha denunciado Anticorrupción al Poder Judicial, se produjo “una ingente investigación (87 Tomos; treinta y un mil folios) y amplísima práctica probatoria (documental, testifical y pericial), en contexto de múltiples recursos”.

Al respecto del caso IDEA, los abogados consideran que sí existe una situación que denominan de “latencia” y lo atribuyen “al hecho de que la cuestión central allí debatida (las transferencias de financiación como forma de ejecución presupuestaria de diversos departamentos de la Junta de Andalucía por vía de encargo a la Agencia IDEA) ha sido central objeto de debate en el juicio del caso ERE y el contenido que al respecto se contenga en la sentencia que próximamente se dictará podría llegar a marcar el curso de esta instrucción”.

Y sobre el resto de piezas del caso de los ERE, los abogados defensores atribuyen el malestar de Anticorrupción a un error suyo. “Cuando el juez de refuerzo Álvaro Martín acordó el fin de la instrucción de la pieza principal [la que ha llevado a Chaves y Griñán al banquillo y está a la espera de sentencia]. incluyó en su ámbito no sólo el procedimiento para la concesión de ayudas, sino también los propios actos de concesión y pago de éstas, como así lo ha reconocido la Audiencia Provincial de Sevilla, lo cual ha dado lugar a que los cargos públicos juzgados [entre ellos los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía] no puedan ya ser de nuevo investigados ni juzgados en las piezas separadas [de los ERE que aún investiga Núñez]”.

Añaden los letrados: “Esta situación trae causa directa en la decisión de la Fiscalía de consentir aquel auto en lugar de recurrirlo, además de acusar por los hechos en el mismo establecidos, y siendo así que la imposibilidad en que ahora se halla la Fiscalía de llevar a dichos cargos públicos a las piezas separadas, dimana no de una decisión de Núñez, sino de las decenas de resoluciones que viene dictando desde hace más dos años la Audiencia Provincial de Sevilla rechazando los argumentos y pretensiones del Fiscal”.