Santiago Abascal está divorciado, cobra de lo público desde los 21 años y no ha hecho la mili. Sin embargo, defiende la familia católica, el sector privado frente a las "paguitas" de los "chiringuitos" y la vuelta del servicio militar obligatorio. En sintonía con su cabeza principal, Vox está lleno de contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Al modo de Le Pen, instrumentalizan las protestas populares en la calle para luego darles la estacada en los parlamentos.

La extrema derecha se ha aprovechado del malestar de los trabajadores para redirigir su odio contra la izquierda, la migración e incluso Catalunya. Para quienes se encuentran en situaciones de sufrimiento, como la explotación laboral o la pobreza, puede resultar paliativo encontrar un motivo: un culpable. Sin embargo, la estética discursiva de Vox poco tiene que ver con las medidas que de verdad proponen o rechazan.

Trabajo

De igual modo, votaron en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz, acordada por un amplio consenso. El real decreto-ley ha atajado desde diciembre la temporalidad de los trabajos con un repunte de contratos indefinidos, además de haber tenido efectos significativos en la bajada del paro. También fue el único partido en rechazar la derogación de los despidos por baja médica.

Vox no solo apoya las leyes que benefician a las clases dominantes, en detrimento de las trabajadoras, sino que hace todo lo posible por pisar cualquier medida encaminada a proteger la ciudadanía. En julio de 2021, el partido de Abascal elevó al Tribunal Constitucional la ley rider aprobada por el Congreso, la cual obliga a las empresas a contratar a los falsos autónomos.

Las reivindicaciones de los taxistas es una de las causas con las que Vox ha tratado de aglomerar apoyos, especialmente en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la nueva ley de transporte promulgada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el beneplácito de la extrema derecha, supondrá un atropello a 25.000 familias que viven del taxi, como ya denunciaron en la última movilización los perjudicados por la nueva legislación neoliberal de los VTC.

Además, los populistas también aprovecharon la huelga de los transportistas y la de Navantia en la Bahía de Cádiz. En ambas jalearon las protestas, pero no defendieron ninguna reivindicación, ya que pedían una mejor regulación de su empleo, frente al desregulacionismo iliberal de la extrema derecha. De hecho, los de Abascal llevan en su programa limitar el derecho de huelga, así como liquidar y cerrar empresas con participación pública, precisamente como Navantia.

Salarios y poder adquisitivo

Los sindicatos y movimientos obreros luchan, entre otras cosas, por unos sueldos dignos. El Gobierno aumentó el SMI hasta los 1.000 euros y aprobó el Ingreso Mínimo Vital para evitar que los más vulnerables acaben en riesgo de exclusión. Vox se abstuvo en ambas medidas. La extrema derecha se opone a la propia existencia de un sueldo mínimo, cuando abolirlo no beneficiaría a nadie más que a las empresas.

En la misma línea, también han puesto el grito en el cielo por el incremento del precio de los combustibles. Pero se niegan a equiparar los ingresos de la ciudadanía al IPC (Índice de Precios al Consumo) para proteger su nivel adquisitivo, o incluso a aprobar la bonificación de 20 céntimos.

Residencias de mayores

El escándalo de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, que llegó a ser la región con más exceso de mortalidad de Europa, es un escándalo que ha llevado a la creación de varias plataformas de familias afectadas. Las competencias de Sanidad están descentralizadas y la principal responsable es Ayuso. Pero ésta se puso de acuerdo con el grupo de Rocío Monasterio para culpar a Pablo Iglesias de lo sucedido, a la vez que bloquean las comisiones de investigación para esclarecer este desastre en la Asamblea autonómica.

Vox se jacta de defender los intereses de los mayores, pero no ha mostrado su apoyo a ninguna de las plataformas creadas hasta el momento. Además, tampoco apoyaron la reforma de las pensiones en el Congreso y defienden retrasar la edad de jubilación.

Educación

La extrema derecha criticó duramente la LOMLOE, la nueva ley de educación, conocida como ley Celaá, por eliminar la educación especial, una propuesta que Vox llevaba en su programa de 2016 (al igual que Ciudadanos). Cuando este dato llegó a la opinión pública borraron rápidamente su programa de la web y Jorge Buxadé insistió en que se trataba de un error tipográfico. Pese a sus intentos de esconderlo, existen notas de prensa que demuestran lo contrario.

Macarena Olona ha vociferado en torno a la protección de los niños frente a la educación sexual, una estrategia para llamar la atención en medio de la campaña electoral andaluza. Pero tal y como le tuvo que recordar el músico y escritor James Rhodes, su partido votó en contra de la Ley de Protección Infantil. De igual modo, Vox muestra ahora cierto interés por la Filosofía, cuando rechazó incluir Ética entre las asignaturas obligatorias.

"Chringuitos"

Los neoconservadores han extendido términos como "chiringuitos" o "paguitas" para hablar de organizaciones que, con subvenciones públicas, elaboran informes y generan conocimiento científico con valor social. En Andalucía y Madrid, la extrema derecha logró junto al PP retirar las ayudas a entidades que promovían los derechos LGTBI, de las personas migrantes o la igualdad de género, alegando que existían exclusivamente para colocar amigos.

No obstante, consiguieron financiación pública para organismos antiabortistas en distintas localidades con mayoría de Vox, el PP y hasta Ciudadanos. En Andalucía acordaron un millón de euros para este tipo de entidades en 2020.

La hipocresía de los populistas en este ámbito alcanza a su propio líder. Santiago Abascal llegó a cobrar casi un millón de euros por trabajar en un think tank sin ninguna función específica. El populista cobró 183.000 euros por dirigir la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, en la cual era casi el único trabajador, con tan solo un ayudante.