Una docena de diputados de Vox han actualizado ya alguna de las declaraciones que tienen que presentar al Congreso para rendir cuentas ante la ciudadanía. Los 12 parlamentarios de la extrema derecha lo han hecho solo dos meses después de que comenzara la legislatura y debido a que en sus primeras declaraciones habían ocultado información que era necesario especificar, como ya reveló Público.

Entre los 12 diputados está el propio líder del partido, Santiago Abascal, que ha actualizado tanto su declaración de bienes y rentas como la de intereses. En la primera ha hecho constar que el año pasado cobró un sobresueldo del grupo parlamentario, que se suma al que ya había declarado recibir por parte del partido. La declaración de intereses la ha actualizado para rellenar el primer apartado de la misma, donde los diputados deben enumerar las actividades que han desarrollado en los últimos cinco años.

Abascal ha especificado que en ese tiempo ha sido diputado en el Congreso y presidente de Vox. En la declaración que presentó al obtener el acta de diputado tras las elecciones del 23J no había indicado ninguna actividad. En su lugar había rellenado el apartado con un texto genérico que aseguraba: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí [...] podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles". Esa práctica fue común al inicio de legislatura entre los diputados de Vox, que ya la habían utilizado también en la anterior.

Ahora, varios de ellos han presentado una nueva declaración de intereses para al menos rellenar ese primer apartado con las actividades que han tenido en los últimos cinco años. Es el caso de Abascal y de otros nueve diputados: Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces, Ángel López, Manuel Mariscal, Javier Ortega Smith, Alberto Rodríguez Almeida, Pepa Millán, Pablo Sáez y Carla Toscano.

Los otros dos diputados que han actualizado alguna de sus declaraciones son Emilio Jesús del Valle y José María Figaredo. Del Valle ha actualizado su declaración de intereses. Más bien, la ha rellenado, ya que antes la había presentado completamente vacía con la excepción de un pequeño texto genérico al final del documento.

Lo mismo había hecho Manuel Mariscal, sin ni siquiera un texto al final del formulario. Pero Mariscal solo la ha actualizado rellenando el apartado de actividades. De hecho, solo ha indicado una: vicesecretario nacional de comunicación de Vox. Ha rellenado la declaración solo con esa fila y sin especificar que en los últimos años también ha sido diputado.

Sobresueldos que no se habían declarado

El otro miembro del grupo parlamentario de Vox que ha actualizado sus declaraciones es José María Figaredo. En su caso, la de bienes. En la nueva versión hace constar que el año pasado recibió 9.600 euros extras por su cargo como secretario general del grupo parlamentario. Un sobresueldo que no constaba en la primera versión que presentó. Tanto él como Abascal presentaron en un primer momento declaraciones de bienes donde se omitía que cobraban un extra del grupo parlamentario.

Con Figaredo ya son cuatro los diputados de Vox que han declarado recibir algún sobresueldo —ya sea del partido o del grupo parlamentario— durante el año pasado. Figaredo y Abascal, pero también Manuel Mariscal y Alberto Rodríguez Almeida. Estos, eso sí, ya lo habían indicado al presentar su primera declaración de bienes ante el Congreso y no la han actualizado.

El Congreso no aclara si solicitó las nuevas declaraciones

El Congreso no ha querido aclarar, preguntado por Público, si la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha pedido a los diputados de Vox que actualizaran sus declaraciones para rellenarlas con información que habían omitido o si la iniciativa ha venido directamente de los parlamentarios. Vox tampoco ha respondido a este medio.

La mayoría de diputados que han actualizado su declaración habían presentado la primera versión en agosto, al obtener el acta de diputado, y la segunda ya pasada la primera mitad de septiembre. Aun así, las declaraciones actualizadas no han estado disponibles en la web del Congreso hasta los últimos días. Estos documentos los presentan los diputados en el registro del Congreso. De ahí pasan a la Mesa para que dé su visto bueno —sin entrar a analizarlos al detalle— y después a los servicios del Congreso, que se encargan de hacerlos públicos. El proceso no es automático.

En algunos casos el lapso entre la primera y la segunda declaración es aún más breve. Javier Ortega Smith presentó su primera declaración de intereses económicos al Congreso el pasado 16 de septiembre. Tres días después, el 19, entregó en el registro una nueva actualizada. Ortega Smith rellenó el apartado de las actividades, que había cumplimentado en la primera versión con un texto genérico, pero también el apartado donde deben detallar a qué entidades han donado dinero. En la primera versión puso también un texto genérico. Ahora, ha detallado donaciones a la Fundación DENAES, vinculada a Vox, y a la ONG Manos Unidas.

Otros han presentado las declaraciones actualizadas ya este mes de octubre. Esto, sumado a que el Congreso no las aprueba y publica de forma automática, hace pensar que pueden ser incluso más los diputados de Vox que hayan presentado nuevas versiones de estas declaraciones a la Cámara Baja. Pero que el Congreso aún no haya publicado esas actualizaciones. Por ello, podría haber incluso más diputados del partido que hayan cobrado sobresueldos pero que no lo indicaran en su primera declaración.

10 diputados no declaran el origen de sus ingresos

No es el único motivo. La otra causa es que 10 de ellos, casi un tercio de los 33 parlamentarios de Vox en esta legislatura, no aclaran en su declaración de bienes y rentas cuál es el origen de sus ingresos.

Estos parlamentarios declaran cuánto dinero ganaron el año pasado, pero en el concepto de los ingresos —en lugar de indicar quiénes han sido los pagadores, como hacen el grueso de los diputados— engloban el total en conceptos genéricos, como "sueldos y salarios", "nóminas" o "retribuciones salariales percibidas". Esto impide saber de dónde han cobrado y si han podido recibir sobresueldos del partido. 

El Congreso ya avisó en la anterior legislatura

Este problema con la falta de información en las declaraciones de los diputados ya se dio en la anterior legislatura. De hecho, los parlamentarios de Vox ya fueron protagonistas al utilizar esas fórmulas genéricas para no rellenar la declaración de intereses económicos. En el informe correspondiente a 2021, el año en el que se instauró esta declaración, la Oficina de Conflicto de Intereses ya alertaba de que los diputados de este partido no estaban cumpliendo con sus obligaciones al respecto.

En ese informe la Oficina reconocía que había diputados y senadores que no habían rellenado siquiera el primer apartado en el que hay que indicar las actividades que han ejercido en los últimos cinco años. El organismo indicaba que había contactado con ellos para que actualizaran sus declaraciones añadiendo esa información. El Congreso no ha querido aclarar a Público si la Oficina ha hecho lo mismo en esta nueva legislatura.

De todos modos, la Oficina evalúa que las declaraciones de intereses económicos se presenten en tiempo y forma y algunas otras cuestiones, como esa falta de cumplimentación de los apartados de la misma. Pero ni este organismo ni ningún otro del Congreso verifica el contenido que los diputados indican en ellas. Sobre las declaraciones de bienes y rentas no hay ni siquiera un organismo que se encargue de valorar cómo se presentan.

Así, en las declaraciones se cometen incluso errores aparentemente inocentes sin que pase nada ni se solventen. En su primera declaración de intereses Abascal aseguraba pagar una cuota de afiliado a Vox. Ahora, la ha actualizado y ya no indica que la pague.

Estos posibles errores se ven claros en cosas pequeñas. Pero es más complicado saber hasta qué punto pueden darse también con cuestiones más importantes. Al fin y al cabo, nadie revisa ni verifica las declaraciones. Lo único que se hace es presuponer que realmente los diputados cumplen con lo que les indica el Código de Conducta, que les responsabiliza de "la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada" en sus declaraciones.