Gran parte de los diputados de Vox se saltan las obligaciones que tienen los parlamentarios cuando realizan la declaración de intereses económicos que el Congreso les exige desde la aprobación del código ético de 2020. De ellos, 11 ni siquiera han rellenado la información que se les pide sobre qué actividades han desarrollado en los cinco años anteriores a conseguir el acta de diputado (que obtuvieron tras las elecciones del pasado 23J).

La mayoría de estos diputados, entre los que está incluso el presidente del partido, Santiago Abascal, omiten qué actividades han realizado y lo sustituyen por un texto genérico que asegura lo siguiente: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mi durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio de España y de los españoles".

El Código de Conducta de las Cortes Generales exige que en este apartado, que es el primero de la declaración de intereses económicos que deben rellenar diputados y senadores, se indique tanto las actividades "que puedan condicionar su actividad política" como las que les "hayan proporcionado ingresos económicos". Aún así, estos 11 diputados de la extrema derecha tampoco detallan haber realizado ninguna actividad por la que hayan cobrado.

La mayoría —ocho de los 11— han rellenado de forma casi idéntica este apartado aunque con pequeñas variaciones en la escritura de los párrafos. Normalmente los cambios se limitan a un par de palabras o expresiones. Además del texto en el que declaran su "servicio" a España, acostumbran a indicar lo siguiente: "En cuanto a las actividades que me hayan proporcionado ingresos económicos, me remito a lo consignado en mis respectivas declaraciones de actividades y bienes formalizadas en el momento de acreditarme ante la Cámara".

Lo que olvidan estos diputados es que en estas otras declaraciones que presentan no se recogen las actividades que han ejercido en los últimos cinco años. En la de bienes y rentas los parlamentarios tienen que indicar las actividades que les han generado ingresos en el año anterior y en la de actividades, las que realizan en la actualidad y quieren compatibilizar con su labor en las Cortes.

El 45% oculta alguna información

Los otros tres diputados que no aportan información en este apartado lo han dejado completamente vacío. Son Emilio Jesús del Valle y Pablo Sáez —que indican uno de esos textos al final de su declaración en el apartado de "otros intereses", pero el resto, incluido el de actividades, los dejan completamente vacíos—, y Manuel Mariscal —que no ha rellenado absolutamente nada de su declaración—.

Entre los otros ocho también hay un parlamentario que ha dejado su declaración vacía casi al completo. Es Ignacio Hoces, que inicia su declaración con el texto genérico sobre las actividades, pero luego no rellena ningún otro apartado.

La declaración de Mariscal, responsable de comunicación del partido, es el incumplimiento más flagrante de los 11 indicados. La ha entregado sin escribir una sola coma en ella. Pero estos diputados no son los únicos de Vox que han omitido información en su declaración de intereses.

Otros no ocultan sus actividades, pero sí utilizan una fórmula genérica para no tener que especificar los destinatarios de sus donaciones, a pesar de que el Código de Conducta pide que en las declaraciones de intereses se detalle "las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a la adquisición de la condición de parlamentario". Para ello, estos parlamentarios escriben en su declaración que hacen "pequeñas aportaciones a entidades benéficas de ayuda social" o fórmulas similares, pero sin detallar cuáles son esas entidades de forma concreta.

Esta fórmula la han utilizado Rocío de Meer, Ricardo Chamorro, Lourdes Méndez y María de los Reyes Romero. Algunos de ellos indican donaciones a Vox o a alguna organización en concreto pero luego engloban el resto en esa fórmula genérica.

Hay diputados que, además de ocultar las actividades que han realizado, omiten en su declaración las donaciones que han hecho empleando la misma fórmula genérica que estos cuatro. Es el caso de Tomás Fernández, Javier Ortega Smith o Andrés Alberto Rodríguez. Entre los que ocultan sus actividades y los que hacen lo propio con las donaciones suman un total de 15 diputados. Un 45,45% de todo el grupo parlamentario.

Este porcentaje se eleva hasta el 48,39% si solo se tiene en cuenta a los 31 diputados de la extrema derecha de los que su declaración de intereses es pública. Las de Alberto Asarta y José María Figaredo aún no aparecen publicadas en la web del Congreso. Esto se puede deber a que aún no las han presentado o a que la Cámara Baja aún las tiene pendientes de calificar y publicar, según confirma el Congreso a Público. La institución no aclara cuál de las dos circunstancias se produce en estos casos y Vox no ha respondido a las preguntas de este medio.

Vox, en contra desde el principio

El partido de extrema derecha se mostró contrario a esta nueva declaración desde un principio, cuando las Mesas del Congreso y el Senado aprobaron el Código de Conducta de los parlamentarios en 2020 —que incluía esta nueva obligación—. Tal y como explicó El País, el único voto en contra fue el del diputado Ignacio Gil Lázaro, único representante de Vox en estos órganos.

El código ético se aprobó para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que los diputados y senadores se rigieran por una misma normativa para aquellas situaciones en las que el trabajo de los parlamentarios pueda incurrir en un conflicto de intereses (económicos, personales...) y mejorar la transparencia de las Cortes.

Gil Lázaro defendió en nombre de Vox que la nueva normativa era realmente un "código de sospecha" y que la nueva declaración socavaba "la presunción de honorabilidad de los miembros de las Cámaras", según explicó El País. Un parlamentario de Vox en la anterior legislatura explica a Público que la oposición a este nuevo código ético para los diputados fue cosa del propio Gil Lázaro y que desde la dirección del partido se les dio una instrucción para que todos rellenaran sus declaraciones de intereses económicos con esos mismos textos genéricos.

De hecho, esas fórmulas que en esta nueva legislatura solo han utilizado algunos de los diputados de la ultraderecha, son iguales a las que emplearon los 52 escaños de Vox en la anterior legislatura. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, en su primer informe, correspondiente al año 2021, ya alertó del problema de dejar apartados de la declaración vacíos o de rellenarla con fórmulas genéricas e idénticas entre compañeros de partido, como estaba haciendo Vox.

A pesar del aviso, algunos de los diputados de la ultraderecha han seguido repitiendo esas fórmulas. Aunque varios, especialmente los que entran por primera vez al Congreso, han rellenado las declaraciones bajo otros criterios. De hecho, hay incluso casos como el de Carlos Flores Juberías, que ha iniciado su declaración con la fórmula genérica que asegura que las actividades que ha desarrollado no condicionarán su trabajo parlamentario, pero a continuación detalla cuáles han sido, como pide la normativa.

No pasa nada por incumplir

Los expertos consultados por Público coinciden en la importancia de esta declaración para poder fiscalizar la forma en la que actúan los cargos públicos. Joaquín Meseguer, coordinador del grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), explica a Público que la información que se les solicita por esta nueva normativa "viene justificada por la necesidad de prevenir posibles conflictos de intereses".

En lo mismo coincide el doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes. El especialista detalla a este medio que "los diputados deben abstenerse de intervenir o tomar decisiones en los asuntos en que los tengan algún tipo de interés para evitar favorecer a terceras personas". "Si conocemos información como a qué organizaciones hacen donaciones, es más fácil detectar posibles conflictos de intereses".

El problema es que las declaraciones incompletas por parte de los diputados se aceptan igual que las que están bien rellenadas. De hecho, el Código de Conducta ni siquiera precisa a qué nivel de detalle deben llegar los parlamentarios. Así lo reconoce el propio Congreso en conversación con Público: "La Cámara asiste a los diputados en sus dudas sobre cómo rellenar las declaraciones, pero está bajo su responsabilidad decidir qué nivel de detalle aportan".

El Código lo que sí hace es otorgar a la presidencia del Congreso la posibilidad de solicitar la apertura de una investigación para que la Comisión del Estatuto de los Diputados —formada por un diputado de cada grupo parlamentario— resuelva ante la posible infracción de un diputado. Pero la normativa tampoco establece qué incumplimientos se deben considerar infracciones ni qué sanciones hay que imponer.

Esto ha supuesto que en la práctica no se haya sancionado a los diputados que han ocultado información o han incumplido el Código de Conducta. No hay precedentes, al menos por ahora. De hecho, Unidas Podemos en la anterior legislatura solicitó que se abriera expediente a los diputados de Vox por no rellenar adecuadamente la declaración de intereses utilizando esas fórmulas genéricas, pero la petición quedó en nada.