La base de la acusación de Cospedal se sustenta en las sospechas del PP de que Federico Trillo, responsable de Justicia y Libertades Públicas, ha sido espiado. Para sustentar esta acusación, el PP tira de informaciones aparecidas en prensa.
El partido presidido por Mariano Rajoy está convencido de que cuando algunos medios hablaron de presiones de Trillo al juez Juan Montero, uno de los que debía decidir sobre Camps, fue porque su teléfono estaba pinchado.
Aseguran, además que quien escuchaba confundió al juez con Juan Ramón Montero, abogado del partido, con quien sí había hablado esos días el responsable político de las identificaciones erróneas del Yak-42.
Fuentes del PP apuntan a que además de Trillo, la propia Cospedal y Francisco Camps pudieron ser espiados.
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