La reforma del Código Penal de 2015 impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón abre las puertas a que eludan la prisión cuatro implicados en la Gürtel a los que la Audiencia Nacional ha declarado culpables de 18 delitos cuyas penas nominales suman 19 años y medio de cárcel: ninguna de ellas supera los dos años de manera individual, lo que deja a criterio del tribunal decidir si deben o no entrar en la cárcel para cumplirlas.

No se trata de las únicas rebajas derivadas de la sentencia, pendiente de revisión por el Tribunal Supremo en cualquier caso. Las penas efectivas de prisión de los principales encausados experimentarán en la práctica una notable reducción por la regla penológica del triple de la mayor, por la que los reos condenados por varios delitos pueden optar, si les conviene, por cumplir todas las que recoge el fallo o la que resulta de multiplicar por tres la mayor de las que les han caído.

En el caso de Francisco Correa, los casi 52 años nominales quedarían reducidos a quince, el triple de los cinco que le impone el tribunal por cohecho. Ocurriría lo mismo con los 37 y medio de Pablo Crespo por el mismo motivo.

A Bárcenas se le volatilizan quince años de cárcel

Mientras tanto, los 33 años y cuatro meses de Luis Bárcenas bajarían a 18, el triple de los seis que le caen, con 30 millones de euros de multa, por blanqueo y falsedad. Es una reducción similar a la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que bajaría de 31 a 18, ya fuera por triplicar los seis del cobro de sobornos y dádivas o una pena idéntica por malversación.

Otra cosa es que, con el horizonte penal que afrontan los principales acusados, especialmente en el caso de Correa, la suma de las eventuales condenas en las distintas causas pueda acabar refundida en una que marque el límite de su cumplimiento efectivo, topado en 40 años en la época en la que operaba la Gürtel.

En cambio, hay condenados a los que les saldría más a cuenta la pena nominal. Uno de ellos es el empresario Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, para quien resultan más favorables los 14 años y cuatro meses de la sentencia que los quince que salen de triplicar su condena por cohecho.

Las cuatro rebajas por la 'regla Gallardón'

Los eventuales beneficiarios de la reforma legal impulsada por Gallardón son el exconcejal de Majadahonda y arrepentido José Luis Peñas, al que la Audiencia Nacional ha declarado culpable de siete delitos por los que le impone penas que suman cuatro años y nueve meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación; Antonio Villaverde, colaborador de Francisco Correa, condenado a ocho años y dos meses de cárcel y multas de cinco millones y medio por tres fraudes fiscales y dos blanqueos; el exdiputado segoviano y expresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino, castigado con tres años y siete meses de reclusión y 234.258 euros de multa por cohecho, blanqueo y falsedad, y, también, Pedro Rodríguez, asesor del consejero madrileño Alberto López Viejo, al que el tribunal le impone dos años por fraude y uno por asociación ilícita, además de 10 de inhabilitación.

La nueva redacción del artículo 80 del Código Penal, incluida en la reforma que a principios de 2015 impuso el PP con su mayoría absoluta y a la que solo se sumó UPN, mientras Foro Asturias se abstenía y el resto de grupos votaba en contra, deja a criterio de los tribunales la suspensión de las penas a los reos declarados culpables de varios delitos cuando la pena de ninguno de ellos supera los dos años, individualmente y con independencia de su suma.

El beneficio de la suspensión quedaba hasta entonces reservado para los delincuentes primarios, y tenía como condiciones que el tribunal estimara que con la advertencia de una primera sentencia condenatoria los disuadiría de reincidir, apreciara que había intentado reparar el daño causado con el delito y concluyera que sus condiciones personales o familiares hacían aconsejable la medida.

Siete beneficiados por la antigua normativa

La reforma de 2015 dio a los jueces la posibilidad de suspender “excepcionalmente” el ingreso en prisión a los condenados a varias penas (sin límite objetivado) de menos de dos años, aunque sustituyéndolas por una multa o por trabajos comunitarios y condicionándolo “siempre” a la reparación del daño o la indemnización del perjuicio causados “conforme a sus posibilidades físicas y económicas”; es decir, al compromiso de pagar a las víctimas de acuerdo con su fortuna, aunque también con su eventual insolvencia.

Otros siete condenados en la sentencia de Gürtel podrán beneficiarse de la suspensión de sus condenas o su canje por multas al aplicárseles la normativa anterior a la reforma, que sigue vigente.

Se trata del constructor Alfonso García Pozuelo, de quien la sentencia de la Audiencia Nacional ya indica que sus dos años de cárcel por cohecho, a los que se suman dos y medio de inhabilitación por prevaricación, son sustituibles por una multa de 219.000 euros; Pablo Gallo, exasesor de las empresas Correa (un año); los empresarios Jacobo Gordon (cinco meses) y Jesús Calvo (seis meses); el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales y su hijo Ángel Sanchís Herrero (un año y seis millones de multa a cada uno por blanqueo) y el exconcejal del PP de Pozuelo y arrepentido Roberto Fernández Rodríguez (once meses).

El Supremo puede ampliar la lista de beneficiarios

La Audiencia Nacional ha pospuesto la decisión sobre Peñas, Villaverde, Merino y Rodríguez hasta que el Supremo resuelva los recursos de las defensas y la sentencia sea firme.

Esos recursos pueden situar a varios condenados en la Gürtel en condiciones de beneficiarse de la regla Gallardón. Principalmente, Alicia Mínguez, exadministradora de empresas de Correa, y el expresidente de Nuevas Generaciones de Moncloa, José Javier Nombela, cuyas penas más elevadas son de dos años y tres meses por malversación de caudales públicos. Una rebaja de ese trimestre sobrante les abriría las puertas de la suspensión.

Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, lo tiene algo más complicado, ya que entre los 15 años y un día de prisión que suman los nueve delitos por los que ha sido condenada se incluyen sendas penas de dos años y dos meses por dos de sus cinco fraudes tributarios y otra de tres años por blanqueo.