Es el último procedimiento para ratificar un acuerdo que ya está parcialmente en vigor, y la mayoría absoluta del PP en la cámara garantiza que el CETA obtendrá el último visto bueno que requiere por parte de una institución española. Y, aunque el Artículo 155 de la Constitución esté en boca de todos, y previsiblemente obtendrá luz verde en el Senado el viernes, su tramitación sólo ha retrasado dos días el Pleno en el que se debatirá el tratado comercial entre la UE y Canadá.

El acuerdo llegará a la Cámara Alta el viernes, salvo cambios de última hora. El Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) figuraba en el orden del día del miércoles -punto 6.1.1-, pero el Pleno fue aplazado durante el fin de semana, como consecuencia de la tramitación del 155. Ahora aparece como único punto del día del segundo Pleno, tras la sesión que servirá a Mariano Rajoy para poder hacerse con todo el poder en Catalunya -temporalmente-. Una vez superada la votación, y a pesar de los riesgos que lleva aparejados, o de las críticas que ha cosechado, el acuerdo ya contará con todos los avales que requiere en nuestro país.

"Si el Senado ratifica el CETA estará aplicando una vez más el rodillo, desoyendo la solicitud de multitud de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sociedad civil que piden su paralización y el acceso a información adicional", asegura a Público Idoia Villanueva, senadora de Unidos Podemos y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta. "Comienza a aplicarse un nuevo tratado con arbitrajes privados fuera de la jurisprudencia de nuestro país, dejando a la pequeña y mediana empresa desprotegida frente a las grandes multinacionales extranjeras", denuncia.

El tratado ya tiene el visto bueno del Consejo Europeo, el Europarlamento y el Congreso de los Diputados, y sólo queda pendiente este trámite, aunque lo cierto es que ya lleva casi un mes en vigor, de forma provisional. Un procedimiento similar transcurre paralelamente en otros países europeos, aunque hasta la fecha sólo ha concluido en seis de ellos, según fuentes conocedoras del proceso.

Y, mientras el Gobierno de Bélgica ha remitido el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si cumple con el marco legal de los 28 -en virtud de su acuerdo con el Ejecutivo de la región belga de Valonia-, en España Congreso y Senado han rechazado remitirlo al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre su legalidad.

Como recuerda Villanueva, Unidos Podemos impulsó el control previo de constitucionalidad en ambas cámaras, pero la iniciativa fue tumbada por PP, Ciudadanos y otros férreos defensores del acuerdo, e incluso el PSOE se unió a este bloque en la Cámara Baja.

Las "dudas jurídicas" de Robles que no convencieron al PSOE para pedir opinión al Constitucional

Por otra parte, antes y después de la aprobación del CETA en la Cámara Baja, cuando el PSOE dio un brusco volantazo y pasó del apoyo incondicional al acuerdo a la abstención, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, advirtió de que apreciaba "dudas jurídicas" en el tratado.

En concreto, Robles, juez en excedencia, se refirió a los tribunales de arbitraje que permiten a los inversores no recurrir a los sistemas judiciales nacionales -una de las partes del CETA que aún no están en vigor, y quizás la más polémica-. También mencionó la ausencia de un pronunciamiento sobre el tratado por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unidos Podemos alegó que este informe era preceptivo, pero el órgano de gobierno de los jueces decidió que no era necesario.

No obstante, las "dudas jurídicas" de Robles no han impedido que, por segunda vez, el PSOE no apoye el envío del CETA al Constitucional: en el Congreso votaron en contra, en el Senado se abstuvieron. "Es absolutamente incomprensible la posición del Partido Socialista", apunta Villanueva, que acusa al PSOE de ser "el partido de la abstención. Se abstiene de su responsabilidad parlamentaria en asuntos tan importantes, se abstiene del rumbo de su país", apostilla.

Pese a los intentos de este diario, el PSOE no ha aclarado qué votará finalmente en el Pleno en el que se ratificará el CETA, aunque previsiblemente se mantendrá en la abstención.

El recurso de constitucionalidad, en la recámara

Distintas fuentes de Unidos Podemos han criticado esta forma de proceder por parte del PSOE, teniendo en cuenta la existencia de estas "dudas jurídicas", y han dejado ver que emprenderán otro tipo de acciones para parar el acuerdo o someterlo a la revisión del Alto Tribunal.

"Una opción podría ser solicitar un recurso de constitucionalidad. Vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana en el Senado y evaluaremos las posibles opciones", responde Villanueva.

"Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el TJUE", aseguró recientemente a este diario Pablo Bustinduy, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores en la Cámara Baja.

Como Bustinduy, organizaciones ecologistas o sindicales como las que se integran en la Campaña Estatal No al TTIP se muestran favorables a cualquier medida que permita paralizar un tratado que consideran peligroso, y fuentes del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en el Congreso aseguran que estudiarán todos los escenarios posibles.