El CETA entra en vigor de forma provisional este jueves, pero es poco probable que el Gobierno de Mariano Rajoy dedique un solo minuto a explicar lo que esto significa, en línea con la postura que ha mantenido hasta la fecha. Dejando a un lado el capítulo sobre los polémicos tribunales de arbitraje, todos los apartados del criticado acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) comenzarán a funcionar hoy, mientras la Comisión Europea se afana en vender sus virtudes y el Ejecutivo español obvia su existencia.

El grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha preparado una batería de preguntas sobre este asunto, para forzar al Gobierno de Rajoy a pronunciarse sobre algunos apartados de este acuerdo. Entre ellos, en las cuestiones registradas el pasado 18 de septiembre, que llevan la firma del diputado y portavoz en la Comisión de Exteriores, Pablo Bustinduy, Unidos Podemos pregunta a Rajoy si piensa sumarse al requerimiento del Gobierno de Bélgica para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare si es compatible con los tratados de la UE.

Entre las seis preguntas escritas planteadas al Ejecutivo a las que ha accedido Público también se cuestiona si se aprecian o no las "posibles contradicciones" con la legislación comunitaria que aprecia Bélgica, y que están recogidas en su petición al TJUE. Seguidamente, Bustinduy pregunta al Gobierno si considera "prudente" esperar a conocer el fallo del TJUE antes de que el CETA entre en vigor, algo que a todas luces el Ejecutivo de Rajoy no considera necesario.

Las críticas de expertos franceses al CETA

Por otro lado, Unidos Podemos también pregunta al Gobierno si conoce el informe encargado por el Ejecutivo de Emmanuel Macron a un comité de expertos para conocer los riesgos del tratado. "¿Cree que dichas conclusiones establecen motivos de preocupación sobre el acuerdo? ¿Va a tomar medidas? ¿Va a encargar un informe a una comisión de expertos antes de poner en marcha su aplicación provisional?", plantea el grupo confederal.

Entre otras conclusiones, el informe del comité de expertos hecho público el 7 de septiembre sostiene que las normas sanitarias son susceptibles de debilitarse con el acuerdo; que "el medio ambiente tienen el mérito de existir en el tratado, pero éste no contienen ningún compromiso vinculante", o que "el gran ausente de este acuerdo es el clima".

Bustinduy recuerda en su escrito que el informe reconoce que Canadá todavía permite el uso de cuarenta y seis sustancias que han sido prohibidas en otros estados, o que "los niveles máximos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá".

"Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el TJUE", aseguraba Bustinduy a este diario el pasado lunes.

Vista la estrategia desarrollada por el Ejecutivo hasta hoy, y a pesar de las críticas y recelos que suscita la entrada en vigor del CETA, no parece probable que hoy tenga mucho interés por conocer los riesgos del acuerdo, que ya es una realidad.