Bruselas defiende a capa y espada su remodelado mecanismo arbitral para resolver disputas entre inversores y estados, pero los datos demuestran que su predecesor, con el que comparte ADN, sigue permitiendo que grandes multinacionales fuercen a los estados a gastar millones de euros de dinero público en defenderse de sus demandas ante árbitros privados, y no ante sus respectivos tribunales.

Entre 2016 y 2017 España registró un total de 7 nuevas demandas de corporaciones ante tribunales arbitrales muy similares a los que incluyen el CETA, el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE que previsiblemente entrará parcialmente en vigor este mes, y el tratado comercial entre Bruselas y Washington el TTIP, cuyas negociaciones permanecen estancadas.

Si en 2015 España fue el país que registró un mayor número de demandas en este marco -15 en total-, pasando a ser el cuarto país con más causas abiertas en el ránking mundial, entre 2016 y 2017 ha escalado una posición y ya es el tercero con más procesos abiertos -36-, por detrás de Argentina y Venezuela -con 60 y 42 casos, respectivamente-.

Y, salvo en el caso de la demanda más antigua  -que data de 1997-, resuelta en favor de la empresa argentina denunciante, todos los casos están relacionados con energías renovables, sector al que el Gobierno de Mariano Rajoy asestó un golpe importante en 2013 -aunque hay algunos procesos iniciados antes de que se efectuara esta modificación.-

Los datos han sido extraídos del Navegador de Acuerdos Internacionales de Inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que dio a conocer estas cifras al inicio del mes de septiembre.

Y, si en marzo de 2016 Público informaba de la existencia de 700 demandas presentadas por corporaciones y documentadas hasta 2015 por este organismo -que reconoce no tener acceso a una parte importante de estos procesos-, hoy la cifra se ha disparado hasta los 817. Las multinacionales han lanzado muchas más demandas a través de estos tribunales arbitrales en los últimos seis años que en las primeras tres décadas de funcionamiento de este sistema de resolución de disputas (ISDS o Inversor-State Dispute Settlement-, habitual en los acuerdos de inversión desde la década de los sesenta.

Con España entre los más demandados, a la cola de esta lista se sitúan países como Noruega, Suecia, Suiza, Japón, Finlandia, Israel, Portugal o Dinamarca, con cero demandas.

Y estos datos llegan en la misma semana en la que se conocen la decisión del Gobierno de Bélgica de llevar el acuerdo comercial CETA ante el Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si cumple con el derecho de la Unión, lo que supone un nuevo revés para el criticado tratado.

Cifras de infarto: en 88 de las demandas se exigen 1.000 millones de dólares o más como compensación

De los 547 casos en los que la organización dependiente de la ONU ha podido acceder a esta información, en la mayoría de las demandas las corporaciones exigen indemnizaciones multimillonarias. Estas va desde los 10 a los 99.9 millones de dólares en 167 casos, y de los 99.9 hasta los 499.9 millones en 187 de ellos.

Sólo hay cinco demandas en las que la cantidad reclamada sea inferior al millón de dólares, y en 58 de los casos documentados la indemnización exigida está entre los 500 y los 999.9 millones de dólares. En 88 de ellos esta cantidad supera los 1.000 millones de dólares.

En el caso de España, sólo consta que cinco de los 36 procesos ya hayan sido resueltos: tres a favor del Estado, y dos en beneficio de las empresas. 

Según las cifras de este órgano, en un 36% de los casos los países demandados resultan ganadores, pero esto ocurre después de meses o años afrontando gastos millonarios para defenderse. En otro 26,9% de los ejemplos analizados ganan las empresas, y en el 23,5% estas llegan a acuerdos económicos con los estados para dar por zanjadas las demandas. Las condiciones de este tipo de arreglos no suelen salir a la luz.

Como documenta el estudio Cuando la Injusticia es negocio, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo y el Transnational Institute en noviembre de 2012, el monto de dinero que deben destinar los estados para costear estos procesos se ha incrementado considerablemente, como ocurre con el número de demandas interpuestas.

Los precios de esta industria son astronómicos: el coste medio de una disputa para un estado se sitúa en torno a los 7 millones de euros, con firmas de élite que facturan hasta 880 euros por hora de trabajo y por abogado implicado.

Apenas un puñado de empresas se reparten la mayoría de estos casos, y sólo 15 árbitros, casi todos europeos, estadounidenses o canadienses, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en los tiempos analizados en este trabajo. Abogados y árbitros cruzan con frecuencia la delgada línea que les separa, alentando a las multinacionales a emprender nuevos procesos, y retroalimentando este lucrativo sistema, como documenta el estudio.

La versión "mejorada" de Bruselas

La Comisión Europea presume de su versión "mejorada" de este mecanismo que incorpora el acuerdo con Canadá, aún pendiente de ratificación en la mayoría de parlamentos de los 28 (y en varias cámaras regionales), trámite necesario para su aplicación definitiva. Si bien su ICS (Investor Court Sistem) incorpora como novedad la posibilidad de apelar los laudos, no sirve para acabar con los recelos de fuerzas políticas y organizaciones sociales contrarias a estos sistemas arbitrales.

Sus detractores recuerdan que los árbitros que toman las decisiones en este nuevo sistema tampoco son jueces, como vende la Comisión, a pesar de que uno de los requisitos para arbitrar en este nuevo mecanismo es que tengan formación de juristas. Este sistema también se ha granjeado el rechazo de distintas asociaciones de juristas y jueces europeos, entre ellos la mayor federación de jueces alemanes.