El pulso definitivo entre la justicia española y el llamado exilio del independentismo catalán liderado en Bruselas por Carles Puigdemont arranca este martes en el foro judicial de las instituciones europeas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examina este martes las preguntas prejudiciales que ha planteado el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la aplicación de las euroordenes que afectan al expresident de la Generalitat y a los otros ex miembros del Govern que residen también en Bélgica como Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

El denominado Tribunal de Luxemburgo iniciará una deliberación que en los próximos meses deberá clarificar si las demandas de la justicia española, hasta ahora infructuosas, deben ser ejecutadas forzosamente entre dos países miembros o no.

A diferencia del caso de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, o la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que también son reclamadas por la justicia española, pero al residir en Suiza (donde las euroórdenes no son aplicables), dependen de un proceso de extradición convencional que el país helvético no parece estar dispuesto a llevar a cabo.

Desde que el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros líderes independentistas dejaron Catalunya y por extensión el Estado español después de la Declaración de Independencia del Parlament de 27 de octubre de 2017, la justicia española inició una fallida caza y captura de todos ellos en lo que algunos llaman el juego del gato y el ratón y otros la batalla internacional del independentismo catalán contra el Estado español.

Lo cierto es que el principal actor de la persecución judicial, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena (que instruyó la causa contra los dirigentes independentistas del Procés que se quedaron en suelo español y que fueron sentenciados a cerca de cien años de cárcel), no ha tenido la misma eficacia fuera de las fronteras judiciales españolas.

Y es que en más de cuatro años, no ha conseguido que prospere ni una sola de las múltiples euroórdenes de captura y entrega contra Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas dictadas en diversos países de la Unión Europea, a pesar de que Puigdemont sufrió detenciones primero en Alemania y después más recientemente en la isla italiana de Cerdeña. En los dos casos, fue puesto en libertad.

La euroórdenes han naufragado en Bélgica, Alemania, Italia y Escocia (antes de la salida del Reino Unido de la UE con el Brexit). Pero es la justicia belga la que ha llegado más lejos en la desautorización de la justicia española, negándose a la entrega de los encausados por el referéndum del 1-O, haciendo alusión al riesgo de vulneración de derechos fundamentales.

Fue en el caso del exconseller de Cultura Lluís Puig, acusado de malversación y desobediencia por la organización del referéndum. Su periplo judicial en Bélgica concluyó en enero del 2021 cuando el Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega a España porque veía un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Y este fue el motivo que sacó de quicio al juez Llarena, que decidió trasladar sus dudas (hasta siete preguntas prejudiciales) al TJUE sobre la interpretación que hacen los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes.

Las preguntas de Llarena

Entre las siete cuestiones prejudiciales que Llarena demanda al TJUE que aclare, está el hecho de si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los independentistas catalanes y, si así fuera, si puede basarse en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado al ONU.

"¿Constituye este informe un elemento objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar (...) la denegación de la entrega?", pregunta Llarena. En este sentido, pide saber cuáles son los "elementos que exige el derecho de la UE para que un Estado miembro pueda concluir que en el Estado miembro de emisión existe el riesgo de violación de derechos fundamentales".

Por otra parte, Llarena quiere saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia como juez del Tribunal Supremo. Los magistrados belgas reprochan a los jueces del Supremo que se declaren competentes para juzgar a los implicados en el caso del 1-O sin base jurídica. "Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no puede considerarse como el órgano judicial establecido por la ley", afirma la sentencia belga, insinuando que los magistrados españoles no interpretan bien sus propias leyes, ya que los fundamentos judiciales señalan la aplicación del "juez natural", lo cual obligaría a que los dirigentes independentistas hubiesen sido juzgados por un tribunal de Catalunya. La justicia belga cuestiona como una apropiación indebida e injustificada la instrucción del caso, hecho que vulneraría ese derecho fundamental al "juez natural" de los acusados.

Otro de los elementos centrales de las prejudiciales es el examen de los derechos fundamentales que pueden realizar los jueces para decidir si aceptan o no una euroorden. La normativa europea permite detener una extradición si los derechos fundamentales están en riesgo, pero lo considera una excepción a la confianza habitual entre estados y limita su capacidad para cuestionarse mutuamente.

Según los criterios de la jurisprudencia actual, pueden revisarse "derechos humanos absolutos" como el derecho a la vida. Es decir, si el extradito podría sufrir torturas o un trato inhumano por las condiciones en las prisiones del estado que lo reclama. Más recientemente, Luxemburgo también permitió a los jueces examinar si el acusado tendrá un juicio justo en un contexto de "deficiencias sistémicas" del estado de derecho corroboradas. Es el caso de Polonia. Por el contrario, el TJUE no ha dicho todavía si este examen también puede realizarse cuando no hay un problema sistémico de Estado de derecho. Es lo que hizo Bélgica en el caso de Lluís Puig.

El procedimiento en la vista del TJUE

En cuanto al procedimiento de este martes, la gran sala del Tribunal de Justicia de la UE celebrará una vista a partir de las nueve de la mañana para analizar las prejudiciales de Llarena y escuchar a las partes. Se espera que también la Comisión Europea aporte su opinión sobre cómo debe interpretarse la decisión marco que regula el sistema europeo de extradición en cuanto al análisis de los derechos fundamentales, una de las principales preguntas del juez Llarena.

Intervendrán primero la Fiscalía y Vox como acusación particular. Después será el turno de los abogados defensores de los independentistas catalanes y, finalmente, hablará España (para defender a Llarena), Bélgica (para defender las resoluciones de sus tribunales), y Polonia y Rumanía (alineados con las tesis españolas). Todos los Estados miembros tienen derecho a participar en el procedimiento de las prejudiciales si afectan a legislación europea de su interés. Aunque Italia no se ha personado a pesar de que la justicia italiana tiene congelado el juicio de extradición contra Puigdemont por la detención de Cerdeña.

El turno de intervenciones lo cerrará la Comisión Europea. Cada parte puede hablar entre diez y quince minutos, con derecho a réplicas de cinco minutos, y todo ello está previsto que se alargue unas dos horas y media. Una vez concluida la vista se abre el periodo de deliberación y el primero en pronunciarse en unas semanas será el abogado general de la UE Jean Richard de la Tour. Su posición no marca la decisión final pero habitualmente resulta determinante.

Pendientes del caso de la inmunidad

El caso que se ve a partir de este martes en Luxemburgo es una importante pieza del proceso judicial contra Puigdemont, aunque no el único, y marcará el futuro de su extradición o no, si bien Bélgica e Italia tendrán la última palabra. De hecho, este procedimiento en el TJUE de Luxemburgo afectará inicialmente solo a Lluís Puig, el único de los cuatro ex miembros del Govern del 1-O que no es eurodiputado. Porque quedará pendiente el segundo gran pulso que mantiene Puigdemont para evitar su extradición, que es el de la inmunidad que reclama como eurodiputado junto a Ponsatí y Comín.

La justicia europea deberá dictaminar también si la retirada de la inmunidad que efectuó el Parlamento Europeo a instancias de la justicia española es acorde al derecho europeo y si se mantiene vigente en los tres casos o valida la retirada que dejaría más indefensos a los tres dirigentes independentistas catalanes. Aunque una vez más, incluso si se acepta la retirada de la inmunidad parlamentaria, la decisión final quedaría en manos de la justicia belga, nada proclive a aceptar la euroorden de Llarena. Por lo cual, la deliberación que empieza este martes en el Tribunal de Luxemburgo tiene una relevancia fundamental.

"El procedimiento en curso en Bélgica está suspendido a la espera de la decisión final sobre la inmunidad parlamentaria del señor Carles Puigdemont", aseguran fuentes de la fiscalía belga citadas por la Agència Catalana de Notícies (ACN). El expresidente, Comín y Ponsatí interpusieron una demanda en el tribunal de primera instancia de Luxemburgo, el Tribunal General de la UE, al considerar que el levantamiento de la protección europarlamentaria se hizo de forma "irregular".

Según el ministerio fiscal belga, el juicio por la extradición no se realizará hasta que se resuelva de forma definitiva esta demanda, por la que todavía no hay vista programada. Además, podría recurrirse eventualmente al TJUE. Tampoco Italia dará ningún paso hasta que Luxemburgo se pronuncie de forma "irrevocable" sobre la inmunidad respecto al procedimiento pendiente tras la detención de Puigdemont en Cerdeña.

Boye augura el pronto regreso de Puigdemont

En este sentido, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, asegura que Carles Puigdemont podrá volver a Catalunya "mucho antes de lo que la gente piensa". En declaraciones a la ACN, el letrado prevé que la causa judicial por su extradición "quedará resuelta en los próximos meses", aunque evita pronosticar que el líder de JxCat pueda volver antes de fin de año. Boye dice que afrontan "tranquilos" la audiencia judicial de este martes ante el TJUE.

"Llarena no quiere asumir que la causa contra los exiliados está llena de errores", critica el abogado de Puigdemont. A su juicio, en Luxemburgo se está "juzgando si las euroórdenes se rigen por los derechos fundamentales". "La Comisión Europea no está muy cómoda porque está navegando entre dos aguas, entre el derecho de la Unión y satisfacer los intereses de España", opina Boye, que anticipa una posición poco favorable e "incoherente" del ejecutivo comunitario.

Sea cual sea la decisión del TJUE sobre las euroórdenes, no se prevé una entrega inmediata de ninguno de los cuatro dirigentes independentistas residentes en Bruselas. Otra cosa es la repercusión política.

Una interpretación favorable a Llarena, combinado con la revocación definitiva de la inmunidad, dejaría a Puigdemont en manos de la justicia belga. Y limitaría su capacidad de movimiento por Europa ya que la activación de la euroorden en países con menos reticencias a la entrega como Francia podría acabar finalmente con la resistencia titánica que hasta hoy ha conseguido mantener frente a la justicia española, con la consiguiente frustración independentista.

Mientras que una interpretación favorable a los intereses de Puigdemont y el resto de imputados, será vista por el independentismo catalán como una nueva e importante victoria sobre la justicia española y un nuevo varapalo a la misma.