El expresident Carles Puigdemont vuelve a ser noticia después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le haya retirado la inmunidad que tenía como eurodiputado. Esto abre nuevos escenarios, entre ellos que el expresident pueda ser extraditado a España para ser juzgado por el Supremo. Sin embargo, no se trata de una decisión definitiva porque tanto Puigdemont como los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, también afectados, la recurrirán y por tanto la batalla judicial seguirá.

Desde que en 2017 se marcharon al exilio, hace casi seis años que el juez Pablo Llarena intenta extraditarlos y éste es solo un nuevo giro de guion en la cuestión. A menos de 48 horas del inicio de una nueva campaña electoral, la decisión podría profundizar en la desmovilización del voto independentista. Repasamos las principales claves de este complejo caso.

¿Cómo empezó todo esto?

Cuando los miembros del Govern se exilian en 2017, el juez Pablo Llarena emite euroórdenes para extraditarlos a España y juzgarlos en la macrocausa del 1-O. Ha emitido tres diferentes, y hasta ahora, ninguna ha prosperado, por varias razones.

La última, emitida en octubre de 2019, quedó suspendida en enero de 2020. Fue cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí pudieron tomar posesión de su acta como eurodiputados. Como miembros del Parlamento Europeo tenían inmunidad parlamentaria, es decir, no podían ser procesados judicialmente sin autorización expresa de la cámara.

Precisamente esto es lo que reclamó Llarena: que se les retirara la inmunidad para poder reactivar las euroórdenes y llevarlos a la justicia española. Este proceso, articulado a través de un mecanismo llamado suplicatorio, culminó en marzo de 2021, cuando la Eurocámara aprobó con el 60% de los votos el levantamiento de la inmunidad de los líderes independentistas.

Si ya no tenían inmunidad, ¿qué ha resuelto ahora el TGUE?

El caso es que, cuando el Parlamento Europeo les levantó la inmunidad, Puigdemont y los exconsellers presentaron un recurso en el TGUE alegando que se habían vulnerado sus derechos. También pedían medidas cautelares para mantener su protección mientras el tribunal no resolvía el caso.

El TGUE rechazó darles protección temporal, pero tras la detención de Puigdemont en Cerdeña, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se la devolvió. De mientras, el TGUE empezó a analizar el fondo de la cuestión, para ver si realmente el Parlamento Europeo había vulnerado los derechos de los eurodiputados al aprobar el suplicatorio.

Uno de los argumentos de la defensa de los políticos independentistas era que los encargados de redactar los informes que avalaron la suspensión de la inmunidad no eran imparciales. Se trataba, por un lado, del presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez; y, por otro, del ponente del caso, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, con vínculos con Vox.

En cualquier caso, este miércoles el TGUE ha resuelto que no, que no se vulneraron los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí. El tribunal de primera instancia de la UE, con sede en Luxemburgo, ha tumbado las alegaciones de los eurodiputados y ha resuelto que no hubo irregularidades. Por tanto, decaen las medidas cautelares que les habían devuelto la inmunidad de manera temporal.

¿La batalla judicial del independentismo acaba aquí?

En ningún caso. La resolución del TGUE abre nuevos escenarios, pero deja sobre todo un panorama de incertidumbre. Por un lado, los eurodiputados ya han adelantado que presentarán un recurso en el TJUE. Este tribunal es la segunda y última instancia europea, por lo que lo que decida agotará la larga batalla judicial emprendida por los políticos independentistas.

En una rueda de prensa, Puigdemont ha afirmado que la sentencia de este miércoles "abre rendijas y asas para el relato de apelación" y ha confiado en que el TJUE examine el caso de forma diferente.

Comín ha concretado más y ha señalado que "un tribunal administrativo como el TGUE no se ha atrevido a comprar" los argumentos de los independentistas. "Esperamos que en el TJUE, con una mayor responsabilidad en derechos fundamentales, estos argumentos sean tenidos en cuenta".

En cualquier caso, la defensa tiene ahora dos meses y diez días para presentar el recurso, aunque previsiblemente lo hará en los próximos días. Si el TJUE lo acepta, recuperarán las cautelares y, de nuevo, tendrán inmunidad para desplazarse por la Unión Europea, menos en España. El tribunal tendrá seis meses para resolver el fondo de la cuestión, es decir, durante el primer trimestre de 2024 debería haber una resolución definitiva.

Si el TJUE no acepta el recurso, el caso terminará, quedarán definitivamente sin inmunidad y la extradición dependerá de las euroórdenes de Llarena.

Entonces ahora. ¿Llarena los puede extraditar?

Los tres eurodiputados han coincidido en valorar la decisión del TGUE con decepción pero sin dar nada por cerrado. "No era la decisión que esperábamos, pero seguiremos defendiendo los derechos colectivos", ha afirmado Puigdemont en Bruselas.

Comín también ha dicho que su situación ha cambiado "relativamente poco" porque perder el recurso no implica "ser extraditados a una cárcel española de forma inmediata".

Sobre la posibilidad de un regreso a Catalunya, Puigdemont ha señalado que esta opción está ahora "exactamente en el mismo punto donde estaba antes de la sentencia", según recoge la ACN. En este sentido, ha remarcado que volverá como "persona libre" y "no con pactos" o "reformas pactadas". "Algunos se han beneficiado y nosotros mantendremos nuestras convicciones", ha dicho.

Pese a estas declaraciones, una posible extradición podría estar ahora más cerca. La resolución del TGUE disminuye la protección de los independentistas ante el escenario de que Llarena reactive las euroórdenes, cuestión inminente. En ese caso, los eurodiputados podrían ser detenidos en Bélgica y se iniciaría el proceso de extradición.

¿Qué ocurrirá cuando Llarena reactive las euroórdenes?

En primer lugar, habrá que ver si los eurodiputados recuperan la inmunidad con el recurso que van a interponer en el TJUE. Si lo hacen, volveríamos a la situación previa, es decir, no podrían ser detenidos en base a las euroórdenes.

Pero si no acepta el recurso o desestima las cautelares, las euroórdenes seguirán su curso. Llarena tendrá que emitirlas de nuevo, porque con la sedición derogada tendrá que modificar los delitos por los que los reclama. En el caso de Puigdemont y Comín, serán malversación y desobediencia.

Si se reactivan las euroórdenes, un juez belga tendrá que analizar el caso y dirimir si autoriza o no la extradición. Ya la denegó en el caso del también exconseller Lluís Puig.

Además, llegados aquí, la defensa de los eurodiputados alega que habrá que tramitar un nuevo suplicatorio, porque el anterior se apoyó en el delito de sedición, ahora derogado. Ésta será una de las cuestiones que también deberá dirimir el juez belga.

En cualquier caso, la batalla judicial de los independentistas encara la recta final en las instituciones europeas. En un plazo de ocho meses – los dos para presentar el recurso más los seis que tendrá el TJUE para resolver- debería haber una resolución definitiva al caso, después de más de seis años de pulso entre Puigdemont y Llarena.