Los jueces destinados en Catalunya ven con reserva la deriva del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha ordenado a los fiscales citar como imputados a los 712 alcaldes partidarios del referéndum del 1 de octubre que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas.

Esta reserva o distancia de los magistrados ante las masivas citaciones que realiza la Fiscalía se acrecienta a medida de que los jueces están más cerca del territorio. Excepto los alcaldes aforados, la mayoría de estos ediles pertenecen a localidades pequeñas, donde el juez es único.

Los alcaldes han comenzado a recibir las citaciones de la Fiscalía, para que comparezcan a declarar ante el ministerio público en calidad de investigados (antiguos imputados) y se les recuerda que deben acudir acompañados de un abogado.

Este procedimiento masivo de citación de políticos no tiene precedentes, no en vano los 712 alcaldes serán interrogados en la sede de las fiscalías en lugar de un juzgado, cuando es un juez el que debe declararlos como imputados si hay una causa abierta, como es la querella que existe ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) o ante un juzgado ordinario de Barcelona por las revelaciones del exsenador Santiago Vidal, respecto a la existencia de datos fiscales de los catalanes recabados por el Govern.

El método ordenado por Maza es legal: la Fiscalía es la única que tienen capacidad para realizar diligencias preprocesales en todo el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya.

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. E.P.

Pero en el entorno de los jueces más próximos al territorio se percibe como exceso esta actuación preventiva de la Fiscalía ante los posibles delitos de los alcaldes.

El ambiente generalizado es que, por mucha presión que Maza ejerza sobre los fiscales, los jueces no se sienten concernidos y mantienen sus reservas ante esta deriva.

No en vano cada juez resolverá estos casos cuando lleguen a su juzgado con arreglo a su criterio y bajo el principio de independencia, tal y como ordena la Constitución.

Y hay datos que apuntan a que no aceptarán todo lo que la Fiscalía requiera. Así, la juez instructora del TSJCat encargada de la querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno ha rechazado imponer una fianza, en contra de lo que pedía el ministerio público.

Fuentes judiciales coinciden al explicar en privado que el conflicto nunca debía de haber llegado a los tribunales, sino que tendría que haberse resuelto por la vía política y no por la justicia penal. Ahora bien, una vez cometidos posibles delitos como los de prevaricación o desobediencia, la obligación es juzgarlos.

En fuentes judiciales se coincide en la ilegalidad de la desobediencia al Tribunal Constitucional, y en la prevaricación que habrían cometido las autoridades del Parlament y del Govern al tramitar la ley del referéndum, convocarlo de manera ilegal y aprobar una ley de tránsito hacia una república catalana.

La percepción es generalizada respecto a la necesidad de restablecer la legalidad y el orden constitucional.

Pero otras fuentes judiciales consideran fronterizo o difuso desde el punto de vista penal el que los alcaldes sean citados como imputados por firmar un escrito en el que ponían los recursos municipales a disposición del referéndum. Estas firmas fueron realizadas antes de que el TC suspendiera el 1-O y los alcaldes no han realizado actos administrativos posteriores, ni han abierto colegios electorales todavía.

“No puedes imputar a mil personas como si esto fuera Turquía”, destaca una voz judicial progresista. Otra fuente va más lejos y tilda de “estado de excepción encubierto” las citaciones y registros de redacciones de algunos periódicos que se realizan por orden de la Fiscalía.

Entre los fiscales la opinión mayoritaria es de apoyo masivo a los pasos que está dando José Manuel Maza. Sin embargo, se detectan también algunas voces fiscales críticas.

“El Ejecutivo está quemando como peones de primera línea de batalla a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional”, explica una fuente fiscal preocupada por la identificación del Gobierno con el ministerio público que se traslada a la sociedad. “Es triste que esté quemando a ambas instituciones porque no quiere recurrir a la única solución legal: aplicar el artículo 155, pero bien explicado a la sociedad. No quiere asumir el coste político” de suspender la autonomía, añade.

La Constitución prevé la intervención de la autonomía ante decisiones ilegales, como las adoptadas por el Parlament y el Govern para convocar el referéndum independentista y aprobar una ley de tránsito hacia una hipotética república catalana.

Así, el artículo 155 de la Constitución establece que si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones legales o actúa en contra del interés general de España, el Gobierno puede obligar al cumplimiento forzoso de sus obligaciones y dar instrucciones a todas las autoridades de dicha comunidad autónoma.

En su lugar, el Gobierno ha optado por la vía penal para actuar contra las autoridades catalanas de manera masiva. Todas las fuentes consultadas dejan una pregunta en el aire: “¿Qué armas le quedan entonces al Estado para después del 1 de octubre?”.