El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha llevado a Europa las "graves vulneraciones de derechos y libertades" que cree que podría haber cometido el Estado en sus actuaciones destinadas a impedir el referéndum sobre la independencia de Catalunya convocado para el 1 de octubre. A la vez, señala que la ley de este referéndum se aprobó en el Parlament conculcando el reglamento de la propia Cámara, e insta al "diálogo" entre el Gobierno central y la Generalitat.

En concreto, el Síndic cree que el Estado podría haber vulnerado el derecho a las libertades "de expresión, reunión e información", así como a la libre actuación de los cargos electos. Ribó cree que estas vulneraciones se habrían producido en la prohibición por parte de un juzgado madrileño de un acto a favor del derecho a decidir en la capital española, en la "aparente prohibición" a TV3 y Catalunya Ràdio de informar sobre los preparativos del referéndum, y en la actuación "desproporcionada" del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al incoar diligencias de investigación a los 712 alcaldes catalanes que apoyan el 1-O. Ribó ha trasladado sus consideraciones al comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, al director de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, Michael O'Flaherty, y a los defensores del pueblo europeo, español y de todas las comunidades autónomas.

En rueda de prensa este sábado en Barcelona, ​​Ribó, ha precisado que la actuación de Maza vulnera la propia legislación española, porque invade "funciones judiciales ya en curso", y porque no se ha inspirado en el "principio de proporcionalidad", como obliga el propio estatuto orgánico del ministerio fiscal, según ha recordado.

Ribó también ha visto posibles vulneraciones de derechos en los "registros en imprentas" que confeccionan propaganda electoral del referéndum, y en las órdenes "de interceptar comunicaciones sin autorización judicial", refiriéndose a las instrucciones que ha dado el Gobierno central a Correos para que no tramiten los envíos de material relacionado con el 1-O.

Ribó considera igualmente irregular la forma como JxSí y la CUP aprobaron en el Parlament la ley del Referéndum, y así lo ha comunicado a Europa. El Síndic ha resaltado que la norma se aprobó sin "dar oportunidad" a que los partidos de la oposición solicitaran un informe previo al Consejo de Garantías Estatutarias, y ve en ello una "posible vulneración" del reglamento de la Cámara.

Insta al diálogo

El Síndic ha expresado asimismo a las instancias europeas de derechos humanos su preocupación por la "falta de diálogo" entre los gobiernos central y de la Generalitat. Ha recordado que un informe reciente del Consejo de Europa señala que las cuestiones que hacen referencia a "la autodeterminación o la secesión" deben resolverse "mediante un diálogo pacífico y democrático que respete el estado de derecho y los derechos humanos" entre "la la región concernida y el gobierno del estado del que forma parte". Ribó ha precisado que, con su denuncia de falta de diálogo, se dirige a ambas partes, porque "el diálogo siempre es cosa de dos".

El Síndic ha querido recalcar que está "estudiando" aun todos los hechos a los que se refiere en su comunicación a instancias europeas, y que todavía no puede "pronunciarse" firmemente al respecto. También ha advertido de que el Gobierno central podría conculcar "el núcleo central del derecho al autogobierno" si lleva a cabo sus planes para "cerrar el grifo de la financiación" a la Generalitat.

No es la primera vez que el Síndic de Greuges aprecia vulneraciones de derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado en relación al independentismo catalán. En abril ya presentó un informe que alertaba sobre el "uso partidista de la justicia", la "erosión de la separación de poderes" y las "limitaciones a la libertad de expresión de cargos electos", entre otras cuestiones.