El pasado 8 de enero miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en Brasilia.

Además de invadir las sedes de los tres principales poderes del país, los asaltantes reclamaron la intervención de las fuerzas armadas para derrocar al recientemente elegido Luiz Inácio Lula da Silva, cuya victoria electoral siguen sin reconocer. Recordemos que Jair Bolsonaro nunca felicitó a Lula por su elección, rechazó asistir a su investidura y abandonó Brasil poco antes de finalizar su mandato.

Pues ese es precisamente el motivo que ha llevado a Lula a destituir a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos del país. La dirección de medios como Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional seguían en manos de cargos nombrados durante la presidencia Bolsonaro y esto tuvo una traducción directa en la cobertura que hicieron del asalto a Brasilia.

Bueno, el asalto a las instituciones brasileñas se ha saldado con casi 1.200 detenidos y con el arresto del exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, en prisión preventiva por su presunta participación en el golpe. Además, el Tribunal Supremo de Brasil también ha incluido en la investigación a Jair Bolsonaro, que se encuentra actualmente afincado en Estados Unidos y perdió la inmunidad el pasado 1 de enero. La petición se basa en un vídeo difundido por el líder ultraderechista en redes sociales, [que eliminó después], en el que un fiscal bolsonarista ponía en cuestión los resultados de las últimas elecciones.

Según los últimos datos oficiales al menos 50 personas habrían muerto en las protestas y más de 600 habrían resultado heridas por la represión policial. Recordemos que el pasado 7 de diciembre el Congreso peruano, [alegando una "permanente incapacidad moral"], destituyó al presidente electo Pedro Castillo y pocas horas después este fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia del país en medio de acusaciones a Castillo de intentonas golpistas. Desde entonces Boluarte se aferra al poder y utiliza la represión para reprimir las protestas.

El pasado mes de diciembre Alemania desmanteló una red ultra que pretendía dar un golpe de Estado. 3.000 agentes organizaron una redada coordinada en 11 regiones, se registraron 130 inmuebles y 25 personas, [muchas con formación militar], fueron detenidas en la que supone la mayor operación policial contra la ultraderecha en la historia reciente del país.

Los sospechosos pertenecen a una organización terrorista, Reichbürger, Ciudadanos del Reich, fundada a finales de 2021, una agrupación que rechaza la existencia de la República Federal alemana y que cuenta con más de 20.000 seguidores en todo el país.

Según apunta la fiscalía, se habían fijado como objetivo "acabar con el orden democrático existente" a través de medios militares y violencia contra los representantes públicos, incluyendo la consecución de homicidios. Según las autoridades los ultras se estaban preparando para asaltar el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento. El líder de la intentona golpista y uno de los detenidos, es Heinrich XIII Prinz Reuß, un aristócrata propietario de una empresa inmobiliaria y de un castillo en Thüringen.

Otra de las integrantes de la red es la jueza y exdiputada de Alternativa para Alemania Brigit Malsack. Además, entre los detenidos también hay un exmiembro de los cuerpos especiales del Ejército alemán y se ha desvelado que la red intentó reclutar a miembros activos de las Fuerzas Armadas y la policía para fortalecer el "brazo armado" de la organización.

Recordemos que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional, [a petición del PP], impidió que el Congreso de los Diputados votara sobre su propia renovación.

En definitiva, el golpismo ultra se está expresando a nivel global y supone una amenaza para el orden democrático, pero esto no es un fenómeno nuevo. Ya en 2020, varios líderes de la izquierda europea y latinoamericana firmaban la "Declaración de La Paz en defensa de la democracia" frente al golpismo de ultraderecha.

En ella se alertaba de "una ultraderecha que se expande a nivel global" y que "promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder". Entre los firmantes se encontraban Dilma Rousseff, Evo Morales, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Juan-Luc Mélenchon, Zapatero o el propio Pablo.