Como este es el último programa del año, quería hacer un recopilatorio de las principales noticias que el 2022 ha dejado en nuestro país.

La primera es la ofensiva de la derecha judicial contra el poder legislativo y contra el Gobierno. La manera en que la derecha está parasitando la judicatura, [y la falta de depuración tras la dictadura], es un tema en el que hemos insistido desde los primeros programas de La Base. Hemos hablado del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de las funciones de estos órganos, del sesgo ideológico de sus vocales y de sus decisiones más polémicas.

Hemos hecho especiales de jueces que, [a pesar de estar detrás de algunas de las decisiones de mayor repercusión mediática], son prácticamente desconocidos para la mayoría de la gente: por ejemplo, el juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona y responsable de la persecución judicial contra Podemos; o del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, gracias al cual María Dolores de Cospedal se libró de sentarse en el banquillo por el caso Kitchen.

También hemos hablado del uso espurio que ha hecho la derecha de las instancias judiciales para perseguir a sus adversarios políticos: hemos hablado de la persecución que sufrió la actual Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por el juez Salvador Alba en connivencia con el exministro José Manuel Soria.

También del montaje policial contra Isa Serra a raíz de su participación en la paralización de un desahucio, que se saldó con su inhabilitación a presentarse a ningún proceso electoral hasta el año 2025. El juez que la condenó, Eduardo Urbano, es el mismo que exculpó a la ultraderechista Rocío Monasterio por el caso Aparejadores, y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Cristina Cifuentes, por el caso Máster.

Como hemos denunciado desde aquí en otras ocasiones, estos casos de persecución judicial contra representantes públicos forman parte de una estrategia más amplia de criminalización de la protesta social. No sólo se busca acabar con la carrera política de determinadas figuras de la izquierda,sino disciplinar a todo aquel que pretenda hacer políticas transformadoras, ya sea desde las instituciones o desde las calles.

Un ejemplo de cómo todo esto va permeando de arriba abajo es la persecución política que están sufriendo los seis jóvenes de Zaragoza que se enfrentan a siete años de cárcel por manifestarse ante Vox.

Otro tema al que hemos dedicado varios programas es la masacre de la valla de Melilla y las responsabilidades del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las 23 muertes y 70 desapariciones de personas que trataban de cruzar la frontera. Además, se produjeron al menos 470 devoluciones en caliente, es decir, deportaciones fuera de la ley. 

Desde La Base denunciamos los crímenes cometidos en la frontera y señalamos que el ministro de Interior debía rendir cuentas por las muertes que se produjeron en suelo español, la falta de auxilio a los heridos, las devoluciones en caliente, y la entrada de agentes marroquíes en territorio español.

Esto es algo que hemos contado a lo largo de este año en La Base y uno de los motivos por los que el Ministerio de Igualdad es el principal blanco de la derecha más reaccionaria. Los ataques machistas contra el ministerio de Irene Montero no son algo nuevo, sino producto de una estrategia sostenida de la derecha y la extrema derecha [con silencios cómplices en la progresía] para tratar de bloquear el avance de políticas en materia de igualdad.

Pasó con la Ley sólo sí es sí, con la Ley trans o con la reforma de la ley del aborto, que incluía la propuesta de incluir bajas discapacitantes por reglas dolorosas y que, recordemos, fue duramente criticada por la derecha [pero también parte del PSOE] que decían que qué iba a ser esto, que las mujeres se iban a coger bajas todos los meses. 

Cada vez que el Ministerio de Igualdad ha tratado de ampliar derechos feministas ha tenido que enfrentar campañas de acoso y derribo por parte de la derecha y la extrema derecha.

Como con la judicialización de la política con la reacción antifeminista de la extrema derecha ocurre algo parecido: el Ministerio de Igualdad es sólo la punta del iceberg de una ofensiva mucho más amplia que permea en todo el colectivo feminista. La criminalización del feminismo va desde la ministra de igualdad hasta las activistas del 8M. Y en esta ofensiva está en juego la pérdida de derechos adquiridos por las mujeres, como hemos visto en Estados Unidos con el tema del aborto.

Para terminar con una nota de optimismo, quería recordar la gran movilización contra el desmantelamiento de la sanidad pública que se produjo el pasado 13 de noviembre en Madrid. Más de 200.000 personas salieron a la calle para denunciar el plan de destrucción de la atención primaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El desmantelamiento de la sanidad pública madrileña ha sido una constante de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, y la sobrecarga de trabajo del personal sanitario durante la pandemia [tras la que recordemos se despidió a cerca de 6.000 sanitarios], ha deteriorado aún más las condiciones laborales y la atención sanitaria en la región.

Los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid llevan más de un mes en huelga y esta noche se van a convocar encierros y vigilias en varios Centros de Salud de la región, unas "veladas blancas" a las que se sumarán vecinos y vecinas en apoyo a los paros.