Los antecedentes no son prometedores. Solo dos veces en la historia han prosperado Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y han terminado convirtiéndose en leyes. Hace más de diez años que no ocurre. Sin embargo, no todas ellas habían logrado un apoyo popular tan holgado como el de la ILP sobre la regularización de 500.000 personas migrantes para superar la primera barrera en el Congreso y tampoco todas habían conseguido un compromiso público por parte de los grupos parlamentarios tan explícito como esta.

Después de la toma en consideración, la iniciativa pasará al capítulo la comisión parlamentaria y ahí se someterá a un proceso de moldeamiento en la negociación entre todas las fuerzas. De hecho, tanto fuentes populares, como socialistas confirman que plantearán enmiendas, aunque aún no las tendrían redactadas o, al menos, su contenido no ha trascendido todavía. "Hay que hacerlo bien y de manera ordenada", deslizan en el PSOE.

La ILP ha superado la toma en consideración en la Cámara Baja, pero no es de extrañar que PSOE y PP hayan puesto el freno de mano. Su apoyo ha sido con suspense y tanto en el mes de marzo, cuando se presentó la iniciativa, como durante la jornada de este martes, cuando se ha constatado que recibe el apoyo del hemiciclo para tramitarse en el Congreso, los dos grandes partidos han expresado sus reservas.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Senado, ha reconocido que "la voluntad de casi 700.000 ciudadanos", los que han firmado la ILP, ha sido uno de los elementos claves para que su formación haya terminado apoyándola, a pesar de que el 12 de marzo, el diputado Luc André Diof insistía en que el marco jurídico europeo "no permite una regularización generalizada". Así lo recogió la agencia Europa Press.

Ha habido, en ese sentido, un cambio de opinión, igual que ha pasado en las filas del PP. Aquel día de marzo, la popular Sofía Acedo aseguró que la regularización extraordinaria de extranjeros "no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad" y que, en cualquier caso, el actual no es el momento ideal para afrontar el asunto.

Este martes, en cambio, según ha podido deducirse de su críptica intervención durante el Pleno, el PP se ha abierto a tramitarla. Acedo ha asegurado que su grupo daría salida a la iniciativa para "poner al Gobierno frente a su espejo" y abordar el tema con "responsabilidad". En un primer momento, no ha quedado claro si el PP se abstendría o si votaría a favor de la ILP. Fuentes populares han aclarado más tarde que su voto será favorable.

Cabe preguntarse qué ha ocurrido para que ambas formaciones se hayan avenido a apoyar la ILP a última hora. López apuntaba a una primera razón: el peso de las 700.000 firmas. Acedo, en su intervención en el Pleno, ha deslizado una segunda: la presión ejercida por varias asociaciones y entidades de perfil católico, como Cáritas, que se han empleado a fondo en que prospere la iniciativa.

De ello ha hablado, también, Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, una de las formaciones que han apoyado la ILP desde el principio. "Han ayudado para lo que antes parecía un no [por parte de PP y PSOE], ahora parezca un sí", ha dejado caer, sobre esa intervención divina, horas antes de que se produjera el debate que finalmente ha constatado la toma en consideración de la iniciativa. Además, Errejón ha señalado "la concentración de fechas electorales" como otro de los posibles factores que han terminado convenciendo a ambas formaciones.

Los peligros a los que se enfrenta

A partir de ahora, la ILP seguirá el mismo proceso que seguiría cualquier iniciativa legislativa: paso por comisión (con la correspondiente presentación de enmiendas), elaboración de un dictamen con las enmiendas acordadas, votación en el Pleno del Congreso y paso al Senado. Si se cumple toda esa especie de 'yincana legislativa', la iniciativa saldrá adelante.

Sin embargo, la experiencia con las Iniciativas Legislativas Populares demuestra que no es fácil. Muy pocas avanzan. Errejón, en rueda de prensa, ha anunciado que Sumar promoverá una comisión de seguimiento de la ILP para que "no se quede en un cajón". Ese es, en realidad, el principal peligro que corre una iniciativa de ese tipo.

Al no ser ningún grupo parlamentario el que promueve este tipo de iniciativas, históricamente se suelen abandonar y posponer eternamente. En muy pocas ocasiones se priorizan ante otras. Muchas veces, terminan las legislaturas y las ILP "se trasladan al próximo Congreso", en los términos que emplea la Junta Electoral Central. Cabe destacar, eso sí, que la ILP es la única figura parlamentaria que no decae con la disolución de las Cortes.

Otro peligro que corre —en caso de que el ímpetu que han demostrado varios grupos parlamentarios y el compromiso declarado por todos, excepto Vox, sirva para que su tramitación coja velocidad de crucero— es la falta de acuerdo entre los propios partidos, que podrían llevar a la ILP a embarrancar en el proceso de enmiendas. En este caso, Junts per Catalunya es clave. Los posconvergentes han demostrado el especial interés que tienen en la cosa migratoria. No en vano, lograron para Catalunya las competencias en esa materia. La falta de acuerdo a la hora de negociar enmiendas podría complicar su avance. De hecho, Junts ha sido otros de los partidos que no ha expresado el sentido de su voto hasta bien entrado este martes, poco antes del debate.

Y el último de esos peligros es, precisamente, que las enmiendas que terminen introduciéndose descafeínen la iniciativa. Que se acote y se estreche tanto que no termine de respetar su objetivo primigenio, la regularización extraordinaria del "cerca de medio millón de personas" que se encuentran al margen del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos.