La ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que entró en vigor en 2013, sostiene, en su preámbulo, que "existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia". Este 2024, la plataforma No es mi cultura quiere desmontar el argumento. A través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para la que necesita recoger 500.000 firmas, tratará de demostrar que hay un suficiente peso social como para que el Congreso debata la derogación de la ley.

"Nos encontramos en el mejor escenario", explica Aida Gascón, activista animalista y portavoz de la ILP, en conversación con Público: "Estamos al principio de una legislatura [en referencia a que, salvo giro inesperado, no se disolverán las Cortes próximamente y, por tanto, no decaerán los procesos legislativos] y tenemos un Gobierno que da mucho poder a lo territorial". Gascón concreta que uno de los efectos de la eventual derogación de la ley 18/2013 sería "devolver a las autonomías las competencias que perdieron en 2013 con su aprobación". 

El escenario tiene, además, otro elemento. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), se ha declarado antitaurino en varias ocasiones, especialmente antes de asumir el cargo. El 10 de marzo, en una entrevista para el diario El País, dijo: "La tauromaquia es una gran tradición española, pero, como todo en la vida, las tradiciones evolucionan". Y continuó: "Yo creo que una gran mayoría de la sociedad española no está de acuerdo con el maltrato animal".

Apeló, así, a ese soporte popular que, según refleja el preámbulo de la ley, necesita el festejo taurino para considerarse patrimonio cultural español. Las fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este medio se remiten a las declaraciones públicas del ministro.

Entonces, habida cuenta de la pata parlamentaria —si se consigue ese medio millón de firmas, se iniciarán los trámites para tratar de sacar adelante la proposición de ley— y el carácter crítico con la tauromaquia del ministro, ¿existe en España una oportunidad para, más pronto que tarde, abrir un debate no solo parlamentario, sino también social o general, sobre la fiesta de los toros? Gascón es clara: "Sí, estamos en eso". Nahuel González, diputado de Sumar y uno de los enlaces con el Congreso de la plataforma No es mi cultura, también lo considera.

Hay que tener en cuenta que tres partidos de los que concurrieron a las elecciones generales de 2023 ya llevaron en su programa electoral la derogación de la ley 18/2013: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya. En total, suman 41 diputados, a los que hay que añadir los cuatro de Podemos, que concurrieron con Sumar a las elecciones de julio, aunque rompieron con el grupo parlamentario. En cualquier caso, también defienden la prohibición de los espectáculos que impliquen maltrato a los animales.

La iniciativa partiría, por tanto, con el apoyo fijo de 45 diputados. Gascón desliza que también esperan obtener el de EH Bildu, cuyos representantes se han manifestado sobradamente en contra de los festejos taurinos, y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ya votó en contra de la ley en 2013. Por tanto, la clave de todo será el PSOE, que se abstuvo entonces. La posición que termine tomando lo decidirá todo.

¿En qué punto está la ILP?

Las iniciativas legislativas populares están contempladas en la Constitución Española (artículo 87.3) como una herramienta de la que disponen los ciudadanos para participar en la tarea legislativa de forma más o menos directa. Para llevarla al Congreso son necesarias 500.000 firmas, que los promotores de la ILP recogen siempre utilizando formularios sellados por la Junta Electoral Central (JEC). Cuando se consiguen, se verifican y el Congreso vota la admisión a trámite de la iniciativa, que pasa a continuación a trabajarse en comisión para que elabore, en última instancia, un dictamen. Después, ese dictamen y el texto final de la ley se someten a votación en la Cámara.

La ILP para la derogación de la ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural se encuentra, todavía, en la primera de las fases. El pasado jueves, 14 de marzo, la plataforma pudo disponer de los 12.500 pliegos oficiales para la recogida de firmas. En cada uno de ellos caben 40. En total, medio millón. De todas maneras, apunta Gascón, "recogeremos más de 500.000". "Siempre hay que contar que algunas", continúa, "serán erróneas, así que más vale tener de sobra". El límite para conseguirlas es noviembre de 2024 y la plataforma ya ha desplegado voluntarios para recogerlas por todo el territorio.

Aritmética parlamentaria

En cualquier caso, esa, la de recoger las firmas, es la parte fácil, de acuerdo con las palabras de Gascón. Lo difícil será la negociación una vez haya que pasar de la calle al Congreso. Con los votos en contra de Partido Popular (PP) y Vox, que defienden la tauromaquia, asegurados, una abstención del Partido Socialista no sería suficiente. Haría falta un voto favorable a la derogación. 

Pero lo cierto es que la ajustada aritmética parlamentaria que caracteriza esta legislatura es clave. No parece que afrontar un debate sobre la tauromaquia en esta legislatura sea una prioridad para el PSOE, pero Junts y ERC tienen mucha fuerza a nivel parlamentario, como ha demostrado el proceso que ha terminado con la aprobación de la amnistía. Más aún Sumar. El éxito de la iniciativa dependerá, en gran parte, de la importancia que le den las tres formaciones y de su capacidad de presionar al PSOE y decantar el arco parlamentario.

Cuentan, eso sí, con datos del Ministerio de Cultura que evidencian la gradual pérdida de interés de la población en la tauromaquia. Las estadísticas de asuntos taurinos que se publican periódicamente reflejan una caída vertiginosa de celebraciones de festejos taurinos. En 2009, se celebraba una cifra superior a los 2.500 festejos, mientas que en 2022 —el último año del que se manejan datos—, apenas se superan los 1.500, cifras similares a las de antes de la pandemia.

En cuanto a la asistencia a los espectáculos taurinos, los datos de 2006 apuntaban que un 9,8% de los ciudadanos asistió ese año a alguno. En 2019, las últimas cifras disponibles sin interferencia de la covid-19, el porcentaje caía al 8%. Mucho más bajo que, por poner dos ejemplos, los porcentajes de ciudadanos que declararon ese mismo año haber visitado museos o exposiciones (casi un 47%) o haber asistido a alguna función de teatro, casi un 25%.