El Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife lleva tres años instruyendo la causa abierta por la privatización del servicio de agua en la capital tinerfeña, que costó a las arcas públicas 33 millones de euros en una operación que suponía en la práctica regalar 59 millones de euros a la multinacional Sacyr. 

Esta es la historia de cómo se fraguó un pelotazo de manual a través de una maniobra impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 2005, gobernado por Miguel Zerolo, de Coalición Canaria; un expolítico que ha estado en la cárcel por delitos de corrupción urbanística. 

En 2019 Zerolo ingresó en prisión para cumplir la condena de siete años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación en el caso de Las Teresitas, una operación urbanística fraudulenta. El año pasado alcanzó el tercer grado penitenciario y pudo salir de prisión. 

En el caso Emmasa, Miguel Zerolo, que, además de alcalde de Santa Cruz, fue senador de Coalición Canaria, está imputado también por los delitos de prevaricación y malversación. Junto a él, figuran como investigados Norberto Plasencia, exconcejal y mano derecha de Zerolo; el consejero de Sacyr Pablo Abril-Martorell y otros cinco consejeros de Emmasa. 

La privatización como negocio: el caso de Emmasa

En 2005, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió privatizar el servicio de agua. Así, sin cambiar de siglas, Emmasa, la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. se convirtió  en la Empresa Mixta de Aguas, S.A. 

La empresa adjudicataria del concurso público resultó ser Sacyr Vallehermoso, S. A., que tuvo que abonar al ayuntamiento 60 millones de euros por la adquisición de 212 de las 224 acciones de Emmasa [el consistorio retuvo 12 acciones del capital social] y por el derecho a la explotación del servicio público del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife por 25 años. 

En el contrato suscrito quedaba claro que, pasados los 25 años de la concesión, Sacyr transferiría las acciones al consistorio y que por las mismas recibiría el valor nominal en ese momento; lo habitual en los procesos de privatización en el sector público. Para hacer frente a ese pago futuro, la empresa mixta Emmasa debía constituir un fondo de reversión con el que amortizar el capital de las acciones. 

Un año después de entrar en vigor el contrato, los miembros del Consejo de Administración de Emmasa –entre los que estaban el alcalde Zerolo y el concejal de Servicios Públicos, Norberto Plasencia–, tomaron por unanimidad un polémico acuerdo: decidieron contabilizar el derecho de uso de los bienes de dominio público como inmovilizado inmaterial. Esto suponía contabilizar un crédito a favor de Sacyr por un importe de 59 millones de euros, repartido este importe en 25 años. 

Así, entre 2007 y 2020 Emmasa abonó todos los años a Sacyr un canon de 2,3 millones de euros por la utilización de los bienes de dominio público en la gestión del servicio del ciclo del agua. De esta forma, la multinacional se hizo con 33 millones de euros que jamás debió percibir, según consta en la denuncia de Unidas Podemos, gracias a la cual se inició la investigación judicial.

El concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que en un principio no hizo caso a la denuncia. Ante el riesgo de que los presuntos delitos prescribieran, Trujillo presentó querella en los juzgados de instrucción, en marzo de 2021.  

La denuncia de Unidas Podemos, a la que ha podido acceder este diario, retrata nítidamente el "regalo" con dinero público que recibió la multinacional Sacyr. 

Así se destapó el escándalo

Fue en 2019, durante el efímero gobierno socialista en el consistorio de Santa Cruz, cuando estalló el caso. Un año después, una moción de censura de Coalición Canaria (CC) apoyada por el PP arrebató el bastón de mando a la alcaldesa socialista y se lo devolvió a un regidor de CC. 

Los técnicos del ayuntamiento durante el periodo socialista constataron que el abono de 2,3 millones de euros anuales a Sacyr no se atenía a la legalidad ni figuraba en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ni en el contrato. En la práctica, el sistema impuesto consistía en devolverle a la multinacional los 60 millones (59 millones por las acciones de Emmasa) que había aportado al consistorio como pago por hacerse con la concesión del servicio del agua durante 25 años. 

Regalo a Sacyr con dinero público

Tanto los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz como la interventora del consistorio constataron la ilegalidad; el contrato sigue en vigor pero el pago del canon se paralizó. Ahora lo que está en juego es la devolución de los 33 millones de euros de dinero público que ha obtenido Sacyr de manera presuntamente fraudulenta. 

El Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife, que incoó diligencias en abril de 2021, ha ido prorrogando la instrucción durante los últimos tres años. La acusación popular, representada por Ramón Trujillo, que ya no es concejal de Unidas Podemos, puesto que en el capital tinerfeña la coalición no obtuvo representación en las últimas elecciones, se queja de que la Fiscalía no asiste a las declaraciones de los testigos ni está presente en la causa. 

La investigación está pendiente de una última prueba pericial: un informe económico-financiero para evaluar cómo se justificó en las cuentas de Emmasa el polémico canon.  

Pero ni la Intervención General del Estado ni el Interventor del Cabildo ni la Intervención General de Canarias están dispuestos a encargarse del informe pericial, algo sorprendente ya que se trata de recuperar 33 millones de euros de dinero público. 

Según fuentes jurídicas, en último extremo se podría realizar un sorteo entre peritos competentes para acometer el citado informe.