La gran marca de la corrupción política en España es Gürtel, la red corrupta que anidó en varias comunidades gobernadas por el PP y en el propio seno del partido, condenado dos veces por lucrarse de la trama. Pero un nuevo fenómeno corrupto podría desplazar de la memoria colectiva esta marca como el paradigma de la corrupción pública. 

Los contratos de emergencia durante la pandemia para adquirir mascarillas y otros productos de protección irrumpen en los juzgados, tres años después de ejecutarse, con sospechas de corruptelas relacionadas con tráfico de influencias y comisiones desmesuradas. 

El 15 aniversario del inicio del caso Gürtel, en febrero pasado, ha quedado ninguneado por la eclosión de un nuevo caso de corrupción, el llamado caso Koldo, sobre los contratos de mascarillas adquiridos por varias administraciones públicas por 54 millones de euros vinculados a un exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

El 9 de febrero de 2009, el entonces juez Baltasar Garzón inició la investigación del caso Gürtel , que se ha saldado por el momento con cerca de 70 condenados, y aún hoy quedan juicios pendientes. Uno de ellos es el derivado de la pieza Arganda, sobre las adjudicaciones irregulares en la localidad del sureste de Madrid, fijado para el 24 de junio próximo.

La foto que dejó para la posteridad la plana mayor del Partido Popular, el 11 de febrero de 2009, arropando al presidente del partido, Mariano Rajoy, tras la rueda de prensa por las primeras detenciones ordenadas por Garzón, cobra hoy un valor especial. No solo porque algunos de aquellos dirigentes resultaron luego condenados en diversas piezas separadas del caso Gürtel, como Ana Mato, exministra de Sanidad, sino también porque demuestra que la estrategia defensiva del PP ante sus casos de corrupción se transmite a las nuevas generaciones.

Victimismo como defensa

Si entonces Rajoy acusaba a los jueces y fiscales de emprender una persecución contra el PP, 15 años después otra dirigente del partido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace exactamente lo mismo cuando trata de defenderse de la acusación de lucrarse de los fraudes fiscales cometidos por su pareja. 

Cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por defraudar 350.000 euros procedente de comisiones por actuar como intermediario en la compra-venta de mascarillas, la presidenta de Madrid no dudó en culpar al mismísimo presidente del Gobierno de emprender una "cacería" contra ella y su familia. 

El juez Joaquim Bosch, autor de uno de los ensayos más certeros sobre la corrupción en España, La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España, publicado por Ariel, cree que los últimos casos de corrupción sobre la compra de mascarillas en la pandemia  "eran previsibles, porque es sabido que cuando disminuyen los controles, aumentan las prácticas corruptas".

Para Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (València), "el gran problema de España es la corrupción estrictamente política y ahí estamos en los niveles más altos de Europa. En casi todos los territorios tenemos como procesados a concejales, alcaldes, presidentes autonómicos o presidentes de diputación. La corrupción que llega a los juzgados es solo la punta del iceberg".

Radiografía actual en los juzgados

La corrupción pública, es decir, aquella que protagonizan funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y que afecta esencialmente al dinero público, se saldó el año pasado en España con 38 sentencias condenatorias, de un total de 54. Los tribunales concluyeron 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral contra 185 personas y 71 sociedades mercantiles, según informa el CGPJ. 

Dos de esos procesados son Alberto Luceño y Luis Medina, los comisionistas que se hicieron de oro en plena pandemia, al ingresar casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.

El juez Adolfo Carretero dictó auto de apertura de juicio oral contra los dos comisionistas en octubre de 2023 y la Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para ambos por los delitos de estafa y falsedad documental. Indica el juez que Luceño y Medina inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el de los test; sobrecostes que fueron a parar a sus propios bolsillos en forma de comisiones. Luceño obtuvo 5,1 millones de dólares y el aristócrata Luis Medina, un millón.

Sin embargo, desde los primeros momentos de la investigación, el juez  Carretero y la Fiscalía no quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia, Leno, por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra o un mail si no fue a través del comisionista Luceño. Él y Medina pudieron llegar hasta el consistorio gracias a un primo del alcalde Almeida. 

Nueve delitos detrás de la corrupción

La corrupción política y la administrativa engloban los siguientes delitos: prevaricación urbanística; prevaricación de funcionarios públicos; malversación; cohecho; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; y receptación y blanqueo de capitales. 

En el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional (TI), España figura en el puesto 36 de 180 países, con una puntuación de 60 sobre 100 --en la que cuanto mayor es la puntuación menor es la presencia de corrupción--."España debe emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición. Aún hay muchas reformas legislativas contra la corrupción pendientes. El cumplimiento de los objetivos fijados en el IV Plan de Gobierno Abierto van lentos", dice a este diario Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, que además subraya: "Una economía como la española tendría que aspirar a tener mejor puntuación en el ranking mundial, pero sobre en comparación con los Estados miembros de la UE ".

España se sitúa en el mapa global de Transparencia Internacional junto a Letonia y San Vicente y las Granadinas; en un puesto por encima de Botsuana, y dos por encima de Catar. Dentro de los Estados miembros de la UE, España se sitúa en el puesto 14 de los 27, por debajo de Portugal y por encima de Italia. 

25.000 contratos bajo sospecha

En 2012, el Estado español obtuvo la mejor puntuación de la historia, con 65 puntos, tras lo cual llegó el batacazo con la corrupción de los gobiernos del PP, alcanzando en 2017 la peor puntuación, 57 puntos. Tras la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, España fue ganando puntos hasta lograr 62 en 2020. 

Silvina Bacigalupo, que es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, explica que los avances o los retrocesos en la lucha contra la corrupción tienen reflejo directo en el Índice de Percepción de la Corrupción. Su organización recomienda a España para mejorar en el Índice, entre otras cosas, no demorar más la renovación del CGPJ; suprimir el programa de visados dorados, sobre la adquisición del permiso de residencia o la nacionalidad española para extranjeros que inviertan en España; el impulso en la regulación del registro de grupos de interés; y la mejora de la transparencia parlamentaria. 

"Los casos de presunta corrupción que están aflorando ahora sobre la compra de material sanitario en la pandemia se reflejarán en el Índice del año que viene o del siguiente --indica la presidenta de Transparencia Internacional España--. Uno de los indicadores importantes que mide el Índice es precisamente el enjuiciamiento de los casos de corrupción, si esos casos se investigan judicialmente, si hay condenas o si quedan impunes". 

Comisiones de investigación

Durante la pandemia por la covid se produjeron en toda España unos 25.000 contratos de emergencia por parte de las administraciones públicas para dotarse de material sanitario. "No significa que se tenga que hacer una auditoría general, pero sí de aquellos donde afloren irregularidades", considera Bacigalupo. 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las administraciones públicas, que se centrará especialmente en el caso Koldo, el caso del novio de Ayuso, el caso de las mascarillas adulteradas que compró el Ayuntamiento de Madrid, además del caso Luceño y Medina. El Senado desarrollará otra comisión similar.

"Las comisiones de investigación parlamentarias me parecen bien siempre que no se conviertan en un disparador del adversario político. Ojalá esta vez sirvan para generar políticas preventivas de la corrupción", dice el juez Joaquim Bosch.