La deslegitimación que supone que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté funcionando desde hace exactamente cinco años con el mandato prorrogado parece haberse normalizado, pese a la gravedad de la anomalía constitucional que supone. Los 16 vocales que quedan en el Consejo y que se resisten a dimitir en señal de protesta fueron nombrados hace una década y hoy representan la descomposición de un órgano constitucional, sin visos de una pronta recuperación. 

En estos cinco años de caducidad del CGPJ se ha constatado que la Constitución, que ordena renovar el mandato del Consejo cada cinco años, puede ser vulnerada sin que haya consecuencias para los infractores y mucho menos que reciban el castigo de las urnas por ello. 

La oposición que el Partido Popular ejerce en el Parlamento, lejos de ser constructiva y en aras del interés general, según apuntan algunas fuentes jurídicas consultadas por Público, parece instalada en lo que esas fuentes califican de "empecinamiento antisistema". 

Señalan, además, que gracias a una exitosa campaña de propaganda en la Comisión Europea y en el Consejo de Europa, el PP ha logrado que el caso español se vea en el exterior como la imposibilidad de los dos principales partidos de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. 

Pero los datos demuestran que más bien es la negativa del partido de Núñez Feijóo a llegar a un acuerdo con el PSOE lo que ha impedido la renovación en estos cinco años.

Todo tipo de excusas

La reforma del delito de sedición fue el penúltimo motivo esgrimido por el Partido Popular para romper el acuerdo con el que proceder a la renovación del Consejo, en octubre de 2022. En el haber del PP consta una veintena de excusas para no elegir otro CGPJ pese al mandato constitucional; excusas de carácter político, con intereses partidistas, que van en contra del imperativo constitucional.

Huecas declaraciones contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, la pasada legislatura, han ido apuntalando el enrocamiento del PP estos cinco años. Por ejemplo: "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Catalunya y el blanqueamiento de batasunos".  Esta fue una de las primeras justificaciones, en agosto de 2020, que dio el entonces líder del PP, Pablo Casado, en X (antes Twitter), para no sentarse a negociar con el Gobierno de Sánchez la renovación del CGPJ. 

La cara oculta del pacto para el PP

El mandato del CGPJ caducó el 4 de diciembre de 2018. Un mes antes, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para renovarlo. El acuerdo previo entre PSOE y PP es fundamental, ya que se precisa de una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para elegir a los nuevos componentes del CGPJ. En noviembre de 2018, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para elegir a los nuevos 20 vocales, 12 de ellos de origen judicial y ocho entre juristas de reconocida competencia. 

Los vocales judiciales que formaban parte de aquel pacto fueron elegidos de entre la lista de 51 candidatos que el presidente del CGPJ saliente, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en agosto de 2018. La lista se confeccionó con los 51 jueces y juezas que lograron el aval de la carrera judicial y de las asociaciones. La balanza parecía equilibrada: 11 vocales de tendencia progresista y nueve, más el presidente, del bloque conservador. Solo quedaba un trámite para proceder a la renovación del Consejo: la ratificación por el Congreso y el Senado de los vocales elegidos.

Pero el pacto nunca se consumó. La filtración de un WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosidó destapó la verdadera dimensión que para el partido conservador suponía aquel acuerdo. "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [Tribunal Supremo] y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". 

"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [Manuel Marchena], (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas [autoridad] para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda [la que juzga a los aforados] desde detrás y presidiendo la sala 61". 

Una vez que quedó patente el uso del Poder Judicial que pretendía el PP para sus propias causas judiciales, lejos de autocrítica alguna, el partido se enrocó en el cambio del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ para que sean los propios jueces los que los elijan y no el Parlamento, algo que nunca hizo el PP cuando estuvo en el poder, pese a llevarlo en el programa electoral.

Y así ha continuado estos cinco años, blandiendo como excusa la propuesta para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) antes de proceder a la renovación del Consejo, en contra de la recomendación de la Comisión Europea.

¿Qué puede pasar esta legislatura con el CGPJ?

La nueva legislatura arranca con pocas posibilidades de que el PP cambie su postura de obstrucción a la renovación del CGPJ, que podría seguir en funciones sine die, ya que la ley solo indica que cuando pasen los cinco años, si no se renueva habrá de seguir con el mandato caducado hasta que exista un nuevo Consejo, según indica el artículo 570.2 de la LOPJ.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, suscrito el pasado 24 de octubre, indica: "Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas". 

Pero nada dice que cómo se puede lograr la renovación sorteando el bloqueo del PP. Pedro Sánchez ha descartado recientemente reformar la ley para rebajar las mayorías necesarias para la elección de los vocales del CGPJ en las Cortes Generales. 

El PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso, en octubre de 2020, una proposición de ley de reforma de la LOPJ con la que imponer solo la mayoría absoluta en vez de los tres quintos de las Cámaras en una segunda vuelta para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ. Con esta medida se pretendía rebajar el peso del PP en la renovación. 

Finalmente la propuesta para rebajar la mayoría de los tres quintos (210 votos) a la absoluta (176) se retiró ante la campaña que inició el PP en Europa por considerar que la reforma suponía un retroceso en los estándares democráticos. 

El cese forzoso de los vocales caducos

Para el grupo plurinacional de Sumar, la vía más factible para poder renovar el CGPJ sorteando el bloqueo del PP sería reformar la LOPJ en materia de caducidad del órgano. De esta manera, pasado el mandato de cinco años, se daría unos meses de margen al Parlamento para proceder a la renovación. Tras lo cual, si no se alcanzara en las Cámaras el consenso, los vocales salientes quedarían automáticamente destituidos. La propuesta se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada y en vigor los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos. 

Según ha podido saber Público, Sumar ha hecho esta propuesta al PSOE dentro de las negociaciones que mantienen para lograr una propuesta de cara a la reforma de la LOPJ con la que poder renovar el Consejo. Sin embargo, parece que los socialistas estarían dispuestos a esperar a que el PP cambie de táctica y se avenga al ansiado pacto para nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial, según indican fuentes del grupo plurinacional. 

El CGPJ, contra el Gobierno

Mientras el CGPJ sigue en funciones, el grueso del bloque conservador se ha hecho indiscutiblemente con el poder. Son diez los vocales de sensibilidad conservadora y seis, de la progresista. La mayor parte de los consejeros nombrados a instancias del PP se han constituido como un contrapoder que se dirige contra toda iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ejemplo, han logrado un hito en la historia de la democracia española: que el CGPJ no avale el nombramiento del fiscal general del Estado. 

El último pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por mayoría absoluta (por ocho votos a siete) la propuesta de idoneidad a favor de la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, un trámite que exige la Constitución para completar el nombramiento, aunque el informe del Consejo no es vinculante y García Ortiz será nombrado finalmente.