La ambigüedad con la que se plasma en el acuerdo programático entre el PSOE y Sumar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esconde, de partida, el desacuerdo entre los socios sobre cómo podría llegarse a un nuevo Consejo con la mayor celeridad, cuando se cumplen cuatro años y once meses desde que caducó su mandato, en diciembre de 2018. 

Mientras el Partido Popular continúa con su bloqueo a la renovación, ante el hecho de que no se le castiga en las urnas por el incumplimiento constitucional de renovación del CGPJ cada cinco años, Sumar y PSOE abordan la cuestión, conscientes de que se les exigirá una propuesta en cuanto se inicie el nuevo Gobierno.

“Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”, señala misteriosamente el texto del acuerdo de gobierno firmado por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez el pasado 24 de octubre.

La propuesta que ya planteó el Gobierno de coalición en la pasada legislatura para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales judiciales del CGPJ y así sortear al PP no termina de convencer ni a los de Sumar y a los socialistas, según indican fuentes del grupo plurinacional, aunque reconocen que la medida está encima de la mesa.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso, en octubre de 2020, una proposición de ley de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que imponer solo la mayoría absoluta en vez de los tres quintos de las Cámaras en una segunda vuelta para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ. Con esta medida se pretendía rebajar el peso del PP en la renovación.

Hay que recordar que la mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado implica que solo se pueda renovar el CGPJ con el consenso del PSOE y del PP, los partidos mayoritarios. Los 20 vocales del Consejo –12 son de origen judicial y ocho son juristas de reconocida competencia—son designados a partes iguales por ambas Cámaras. 

Finalmente la propuesta para rebajar la mayoría de los tres quintos (210 votos) a la absoluta (176) se retiró ante la campaña que inició el PP en Europa por considerar que la reforma suponía un retroceso en los estándares democráticos.

La apuesta de Sumar: destitución de los vocales

Para el grupo plurinacional, la vía más factible para poder renovar el CGPJ sorteando el bloqueo del PP sería reformar la LOPJ en materia de caducidad del órgano. De esta manera, pasado el mandato de cinco años, se daría unos meses de margen al Parlamento para proceder a la renovación. Tras lo cual, si no se alcanzara en las Cámaras el consenso, los vocales salientes quedarían automáticamente destituidos. La propuesta se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada y en vigor los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos.

Con la reforma de la ley que Sumar propone al PSOE se evitarían situaciones de interinidad como la actual

En la actualidad, la ley permite que el CGPJ saliente continúe en el ejercicio de sus funciones, con el mandato caducado, hasta la renovación, según indica el artículo 570.2 de la LOPJ. De esta forma lleva el actual Consejo desde diciembre de 2018.

Con la reforma de la ley que Sumar propone al PSOE se evitarían situaciones de interinidad como la actual. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz insisten en recalcar que con esta reforma de la LOPJ quedaría solucionado el problema: “Los vocales tendrían que irse y las Cámaras no tendrían más remedio que designar nuevos vocales porque habría un vacío de poder en el Consejo y no podría llevar a cabo sus funciones de gobernanza del Poder Judicial”, explica un diputado de Sumar.

Quitarle competencias al CGPJ

Como medida complementaria, Sumar apuesta por “reducir al mínimo las competencias del CGPJ”; y así se lo ha propuesto al PSOE, sin que haya obtenido aún respuesta. La Constitución indica en su artículo 122 que la Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá las funciones del Consejo General del Poder Judicial, “en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario” de los jueces. 

La LOPJ establece que será competencia del CGPJ el nombramiento de los cargos judiciales: los presidentes de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, tribunales superiores, el Tribunal Supremo y además dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esta es su tarea fundamental, la de hacer nombramientos en la cúpula judicial.

La propuesta de Sumar es retirarle al CGPJ las competencias que no sean estrictamente constitucionales, como la formación de jueces, las relaciones internacionales en materia de justicia y fijar el presupuesto del órgano, y derivarlas al Ministerio de Justicia, como ocurre en Francia, por ejemplo.

Las fuentes de Sumar apuntan que podría ser factible una redefinición del alcance de la capacidad de nombramientos del CGPJ, ya que la Constitución no entra a detallar qué nombramientos debe efectuar.