En este callejón sin salida en el que está sumido el Consejo General del Poder General (CGPJ), ante el flagrante incumplimiento de la Constitución al que aboca el Partido Popular con su nuevo bloqueo, conviene recordar que ya son 20 las veces que este bloqueo de los populares ha ocurrido desde diciembre de 2018, cuando tocaba renovar el órgano de gobierno de los jueces. 

Excusas de la más diversa índole se acumulan en el bagaje del PP para negarse a renovar el CGPJ, un mandato constitucional que no admite condiciones. La lista la aportó el Gobierno al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en su reciente visita a España. Hasta 19 excusas usadas por el PP plasmó el Ejecutivo en 11 folios entregados a la autoridad comunitaria en materia de Justicia. 

La última excusa la ha esgrimido Alberto Núñez Feijóo la tarde de este jueves. Ha sido la reforma del delito de sedición; un argumento que hasta hace dos días no era impedimento según los propios 'populares' para cerrar un acuerdo con el Gobierno que ya estaba prácticamente hecho y que este viernes iba a ser anunciado, según ha desvelado el ministro Félix Bolaños en la Cadena Ser. 

Pero las presiones recibidas por Feijóo del entorno más ultra de la derecha han vuelto dinamitar el acuerdo, como ha quedado patente. 

"No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos", esta fue una de las primeras justificaciones, en agosto de 2020, que dio el entonces líder del PP, Pablo Casado, en Twitter, para no sentarse a negociar con el gobierno de Sánchez la renovación del CGPJ. La campaña desplegada por Casado contra el gobierno de coalición hizo rehén al Poder Judicial, ante la pasividad del propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que seguramente debió dimitir mucho antes de lo que lo hizo, el pasado 9 de octubre, más de tres años y medio después de que caducara su mandato. Su renuncia provocó la inmediata reunión entre Sánchez y Feijóo para acometer la renovación del CGPJ, pero, de nuevo, ha sido en vano.

La presencia de Podemos en el Gobierno ha sido el argumento más usado por el PP para negarse a cumplir con la Constitución. El blanco más señalado fue Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno: "Podemos ataca al Rey", clamaba en las redes Casado cuando Juan Carlos I abandonó España y los 'morados' criticaron que su marcha se producía sin haber rendido cuentas a la ciudadanía sobre sus casos de corrupción.

Incluso Teodoro García Egea, ex número dos en el PP, llegó a decir: "Prefiero que el CGPJ siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecia", en un alarde de rebeldía constitucional. 

Las elecciones catalanas y los indultos a los líderes del 'procés' fueron otras de las razones esgrimidas en estos cuatro años; igual que los vetos a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell también han sido recurrentes. Al primero, el PP no le perdona su participación en la sentencia de 'Gürtel' que le condenó por primera vez como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta del partido; y Rosell es la prueba viviente de la guerra judicial o lawfare de la derecha. 

Las elecciones madrileñas y las andaluzas también fueron usadas como excusa para no acometer las negociaciones con el Gobierno.

El cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los jueces elijan a los jueces del Consejo ha sido también usado hasta la saciedad por el PP para impedir el pacto. Es su excusa número uno y para expandirla y justificarla han contado con la ayuda del propio comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que se ha limitado a repetir la necesidad de que los jueces elijan a los vocales judiciales sin tener en cuenta el bloqueo institucional que está ejerciendo el PP.

"¿Quién está bloqueando la renovación institucional, el PP, que defiende lo que dice Europa, o el Gobierno, que ataca al Tribunal Supremo, al Constitucional y al de Cuentas, y pone a su amiga de fiscal general?", dijo Pablo Casado en julio de 2021 en relación a los indultos del 'procés'. Un relato aparentemente hueco que enmascara la estrategia del PP: culpar al gobierno de coalición del bloqueo en el Tribunal Constitucional y en el CGPJ.

"Que se haga antes la renovación de la ley y el problema estará solucionado para siempre. No nos fiamos del Gobierno, porque tres veces han incumplido su promesa y han roto la negociación", repetía Casado antes de pasarle el relevo a Feijóo. Este, lejos de marcar diferencias, sigue la estela y en su ruptura unilateral del acuerdo para renovar, cuatro años después, el órgano de gobierno de los jueces, ha vuelto a anteponer sus intereses partidistas para así no proceder a su obligación constitucional.