El acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto ha quedar bloqueado por el partido de Alberto Núñez Feijóo, esta vez con la excusa de la reforma del delito de sedición. Ese acuerdo, que el presidente Sánchez daba por cerrado, además de los nombres de los que serán los nuevos vocales del Consejo, contiene una serie de medidas para "reforzar la independencia judicial", basadas en la propuesta que el PP lanzó este verano. 

Este jueves han trascendido dos de esas medidas pactadas, confirmadas por fuentes gubernamentales a este diario, que tratan de regular el impacto en la Justicia de las llamadas puertas giratorias, es decir, el paso a la política de jueces y magistrados y su posterior regreso a la judicatura.

En este sentido, el Ejecutivo y el Partido Popular han pactado un periodo de dos años sin actividad judicial para aquellos jueces o juezas que tras ocupar un cargo público regresen a la judicatura. En la actualidad no existe un periodo de barbecho y los jueces que dejan el cargo en política regresan al día siguiente a los juzgados. 

Esos dos años sin poder dictar sentencia es una de las propuestas del PP, pero este jueves los de Feijóo no han querido confirmar el plazo. 

Las asociaciones judiciales consideran positivo que se regule el sistema de puertas giratorias para los miembros de la carrera judicial, pero, por lo general, discrepan de la solución alcanzada. Por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, cree que dos años es un periodo corto para "alejar la imagen de un juez sentado en el Consejo de Ministros". 

Su presidenta, la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, considera que un mínimo de cuatro años sería más razonable. "¿Qué imagen vamos a dar cuando Margarita Robles, [ministra de Defensa], Pilar Llop [ministra de Justicia], y Fernando Grande-Marlaska [titular de Interior] vuelvan a sus juzgados?", se pregunta la presidenta de la APM, que indica que "es necesario que haya un periodo de enfriamiento entre la actividad política y el regreso a la carrera judicial".

Las asociaciones, que representan a la mitad de la carrera judicial, no están en contra de que los jueces ocupen cargos públicos, pero la mayoría coincide en señalar que es imprescindible un "tiempo de descompresión" para "garantizar cierta apariencia de imparcialidad", según Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). 

Es esta la única asociación que no le pone ni un pero a esta solución sobre las puertas giratorias. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) va más allá y propone que los jueces y juezas que hayan ocupado un cargo público no puedan regresar a la judicatura. Así la propone esta asociación, la segunda mayoritaria entre los jueces y magistrados, en su reciente propuesta de un Estatuto de los jueces de la UE. 

"Sólo dos años nos parece insuficiente. Habrá que leer la letra pequeña. Al parecer van a estar dos años cobrando, pero sin dictar sentencia, en labores administrativas... Hay que ver cómo se va a articular eso", dice Sergio Oliva, portavoz de la AJFV.  Este juez se pregunta si la medida tendrá carácter retroactivo. "Por lo que ha trascendido parece que no, por lo que los tres magistrados que son ministros en estos momentos no tendrían que preocuparse", dice Oliva. 

Por su parte, la Asociación Foro Judicial Independiente (FJI) considera que los casos de jueces metidos en política deberían computar como excedencias voluntarias y no como servicios especiales, como ocurre en la actualidad. En esta última situación se sigue acumulando antigüedad y se sigue promocionando en la carrera judicial de la misma manera que si se estuviera firmando sentencias en el juzgado. 

"No sabemos si esos dos años en barbecho se les va a computar a efectos de antigüedad. Seguramente que se puede mejorar la limitación de las puertas giratorias en la Justicia, que es un sistema muy ventajoso pero desleal para el resto de la carrera judicial", opina Fernando Portillo, portavoz de FJI, que pone el ejemplo del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que "prácticamente ha estado más tiempo en política que dictando sentencia, pero al beneficiarse del sistema que le ha computado todo ese tiempo como de trayectoria en la carrera judicial ha podido promocionar y concursar y estar ahora en la Audiencia Nacional". 

De 15 a 20 años de servicio activo para llegar al Supremo

Relacionado con esta cuestión, el Gobierno y el PP han acordado el aumento de 15 a 20 años de servicio activo en la carrera judicial para llegar a ser magistrado del Supremo, pero deben ser dos décadas de experiencia efectiva, es decir, que no se computarán los periodos de servicios especiales, como es el desempeño de cargos públicos. Todas las asociaciones consideran muy positiva esta medida, aunque tiene un matiz negativo, según el portavoz de JJpD: "Supone no rejuvenecer el Supremo, porque entrará gente con más edad". 

La medida incide de lleno en el sistema de puertas giratorias porque "no será tan apetecible pasarse a la política si sabes que tu carrera judicial queda paralizada", indica el portavoz de FJI.

El PP llevaba en su propuesta que para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo "se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo".