La Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo siempre se ha diferenciado del resto de comisiones por la discreción con la que se llevan a cabo sus trabajos. Más allá de las comparecencias, el grueso de su actividad se realiza a puerta cerrada, sin cámaras, con el objetivo de facilitar los acuerdos y de 'sanear' el debate sobre la reforma de las pensiones.

Que la puerta del Pacto se haya mantenido cerrada ha permitido a los grupos desarrollar un trabajo 'exprés' en estos meses, cuyo fruto es que la comisión está a punto de cerrar un acuerdo definitivo, lo que ha supuesto la rara avis de una legislatura marcada por la crispación, donde cada reforma de calado, aquellas que necesitan de amplias mayorías, han fracasado por culpa de los desencuentros entre el Gobierno y el PP, principal partido de la oposición.

Uno de los capítulos más sonados es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra bloqueada desde hace mucho tiempo y que ha dado lugar a una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para tratar de evitar el bloqueo de los de Pablo Casado. El PP se niega a llegar a un acuerdo para designar a una nueva cúpula del órgano, a no ser que los de Pablo Iglesias, partido del Gobierno, salgan de la ecuación.

Pese a que el Pacto parece haberse mantenido al margen de este clima político hasta el momento, su recta final podría ser distinta. En las últimas semanas, los grupos han ido cerrando las denominadas recomendaciones, que servirán de base para la reforma de las pensiones que posteriormente tienen que acordar el Gobierno y los agentes sociales.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había pedido a la comisión que cerrara su acuerdo lo antes posible para que algunas de las reformas en las que trabaja el Pacto pudiera verse reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (como la eliminación del déficit de la Seguridad Social derivada del traspaso de los denominados gastos impropios a los Presupuestos).

La Mesa y portavoces de la comisión se han emplazado a una reunión el viernes de la próxima semana para cerrar un acuerdo definitivo, un encuentro que será crucial. Tras lograr el consenso necesario, la siguiente semana se votaría el dictamen en el plenario de la comisión, lo que ratificaría la reforma.

Un acuerdo la misma semana que la moción de censura

Pese a que el acuerdo está prácticamente cerrado, fuentes del Pacto aseguran que les preocupa que el clima político de crispación y la estrategia de "tierra quemada que parece que lleva el PP" pueda dar al traste con los trabajos de la comisión. Según estas mismas fuentes, estaba previsto que el acuerdo se pudiera cerrar esta misma semana, pero los portavoces conservadores en la comisión le han pedido tiempo para consultar con la dirección del partido los consensos alcanzados en el seno del Pacto.

Los últimos flecos del acuerdo tendrían que cerrarse la misma semana que se celebra una moción de censura de Vox contra el Gobierno en el Congreso, una semana en la que se esperan niveles muy altos de crispación y de tensión política. Además, insisten estas mismas fuentes, el último capítulo del bloqueo del CGPJ "no ayuda".

Para allanar el camino a la reforma, la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio, habría propuesto a los grupos dejar enmiendas vivas (los denominados votos particulares) en el Pleno que debe ratificar las recomendaciones. Una vez que el Pacto de Toledo aprueba su dictamen, no es habitual que se llegue con enmiendas a la sesión plenaria que tiene que ratificar o rechazar el texto.

De ser así, los grupos tendrían la oportunidad de que el Pleno escuchara las propuestas que han querido dejar vivas en la comisión, y que tuvieran una última oportunidad de salir adelante. Con todo, la mayoría de los grupos consultados confían en que la reforma se cierre el próximo viernes, y en que la crispación no afecte a los trabajos de un acuerdo que está pendiente desde hace varias legislaturas.

En la XII Legislatura, los grupos estuvieron a punto de cerrar las recomendaciones, pero el adelanto electoral y las prisas por zanjar el dictamen terminaron por dinamitar el Pacto, y Unidas Podemos y ERC decidieron no participar en el consenso, al entender que las reformas planteadas no rompían con la política que había seguido el Gobierno de Rajoy en materia de pensiones y de Seguridad Social.