Podemos y Junts per Catalunya permitirán, salvo cambio de última hora, la admisión a trámite de la reforma de la ley mordaza pactada por el Partido Socialista (PSOE) y EH Bildu. Lo harán con una pinza en la nariz, toda vez que encuentran déficits en los términos acordados. Por eso condicionan su eventual voto definitivo a que se acepten sus condiciones en la fase de enmiendas. El registro en el Congreso de la reforma no solo es a cargo de los abertzales, sino que también lo firman Esquerra Republicana (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Se trata de una cuenta pendiente de la legislatura pasada, cuando precisamente EH Bildu y ERC tumbaron la reforma de la ley de seguridad ciudadana por no incluir la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Son esos dos puntos los que fundamentan el acuerdo que alcanzaron los de Mertxe Aizpurua y el Partido Socialista a principios de octubre, además de una modificación de las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. En suma, las cuatro cuestiones que frustraron que saliera adelante la reforma en el primer intento.

Esta es una de las pocas veces en la presente legislatura en que una iniciativa de gran calibre llega a la toma en consideración con una cierta holgura. A priori, no existen riesgos de que la reforma no avance este martes en la Cámara Baja. Eso sí, tanto las exigencias de Junts per Catalunya, como las de Podemos auguran unas complejas negociaciones una vez superada la admisión a trámite de la norma. 

Fuentes de Podemos aseguran a Público que su voto será favorable, pero que a partir de ahí, tal y como también ha concretado su secretario de organización, Pablo Fernández, en la rueda de prensa de este lunes, habrá que hablar. 

Son dos cosas las que preocupan a los morados. Por una parte, lo referente a las pelotas de goma, una cuestión que, por otra parte, no regula la ley de seguridad ciudadana, pero que desde el primer momento se ha incluido en esta negociación. En Podemos creen que la nueva redacción de la ley, que prevé sustituir esas pelotas por "materiales menos lesivos", adolece de una calendarización clara y establecida que permita controlar si se cumple o no la ley, en caso de que eventualmente salga adelante. Algunas figuras de EH Bildu sí que han explicado que el Gobierno anunciará un calendario en ese sentido.

Podemos también desconfía de lo pactado por socialistas y abertzales en términos de devoluciones en caliente. En este caso, el nuevo texto incluye una disposición adicional para que, en un plazo de seis meses, se aborde una reforma de la ley de extranjería que establezca como criterios para la modificación "el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión".

Fuentes de Podemos deslizan que no está en sus planes confiar la prohibición de las devoluciones en caliente a una posterior reforma de la ley de extranjería. Quieren más garantías. Los de Ione Belarra descartan que su voto dificulte la toma en consideración de la reforma y consideran que es positivo que se active su tramitación parlamentaria. Sin embargo, retirarán su apoyo si no se aceptan las condiciones relatadas anteriormente.

Junts, una reforma desde la óptica catalana

Fuentes de Junts, por su parte, no han querido desvelar el sentido de su voto ante las preguntas de este medio, pero de las declaraciones que hizo Míriam Nogueras, su portavoz parlamentaria y recientemente nombrada vicepresidenta primera del partido ―por tanto, una de las figuras más importantes para Carles Puigdemont―, se infiere que cuando menos permitirán la toma en consideración de la misma, habida cuenta de que expresó la voluntad de su grupo de enmendar la ley una vez se inicie la tramitación.

Poco se sabe del detalle de las modificaciones que planteará Junts. Nogueras insistió ante los medios en que lo que persigue su grupo es "una derogación total" de la ley de Rajoy, que consideran "regresiva".

Además, también concretó que su objetivo es lograr "una ley de seguridad ciudadana para Catalunya", sin entrar en los pormenores. En cualquier caso, afirma que evitaron incluir su firma en el registro de la iniciativa para no perder poder de negociación. Como el de Podemos, su "sí" a la toma en consideración es un apoyo inicial crítico. 

La reforma de la ley mordaza, con todo, superará la admisión a trámite de este martes y volverá a situar en el primer plano del debate parlamentario una de las principales reclamaciones de la izquierda en los últimos años. Lo hará en un momento especialmente complicado para Sumar, Podemos y Más Madrid. Las tres formaciones se encuentran inmersas en el cataclismo originado tras la dimisión de Íñigo Errejón por acusaciones de violencia machista. La sesión plenaria que empieza este martes es la primera desde que Errejón publicó su carta de dimisión en la red social X.