La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, más conocida como ley mordaza, ya ha superado el listón de los dos millones de multas desde su entrada en vigor. El 64,5% de esas sanciones se han impuesto, además, en los últimos cinco años, con Gobiernos progresistas presididos por Pedro Sánchez, sin que se haya logrado aún un acuerdo en el Congreso para su reforma o derogación, de la que es partidaria la mayoría de las formaciones políticas.

Las cuentas oficiales dicen que la aplicación de la ley mordaza no va en retroceso, al contrario, ha crecido. La última estadística anual del Ministerio de Interior refleja que en 2023 se impusieron 284.512 multas por la vulneración de su articulado, 57.432 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 25% de la actividad sancionadora y una media de casi 780 multas diarias.

Con estas últimas cifras, ascienden a 2.155.990 las multas que se han impuesto desde que la ley fue aprobada en julio de 2015, con una cuantía global que alcanza los 1.289,4 millones de euros. Y eso no es todo, porque la estadística de Interior no incluye las sanciones tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, comunidades con una población que rebasa en conjunto los 10,2 millones de habitantes.

El balance de la actividad sancionadora del último año registra un importante incremento de las multas por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos, que aumentaron un 35,5%, y una similar cantidad de las referidas a asuntos de seguridad ciudadana, que se mantuvieron por encima de las 54.000, aunque con un leve retroceso de un 0,4%.

El mayor número de multas impuestas dentro del capítulo de seguridad ciudadana lo registra la vulneración del artículo 37.4, que sanciona la falta de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando esas conductas no sean constitutivas de infracción penal. En 2023, se incoaron 22.260 sanciones con este artículo de la ley mordaza, 1.813 menos que en el año anterior.

La desobediencia o la resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse a requerimiento de un agente se sitúan como segunda causa más habitual de las sanciones en el apartado de seguridad ciudadana: 18.893 multas, un 6% más que en 2022.

Otro capítulo que ha experimentado un notable incremento sancionador es el de armas y explosivos, que ha aumentado un 22% hasta superar las 31.000 sanciones. La gran mayoría de los expedientes se incoaron por portar, exhibir o usar armas prohibidas o de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando se tuviera licencia.

Más de 1,3 millones de multas con Gobiernos progresistas

Pese a las protestas de muchas organizaciones sociales que ven en ella un instrumento represor tanto de su labor como de la ciudadanía, y pese a las promesas electorales de derogarla de buena parte de las formaciones políticas, la ley mordaza sigue vigente sin ningún cambio nueve años después de su aprobación, cinco de ellos con gobiernos progresistas del PSOE, primero con Unidas Podemos y ahora con Sumar.

En la anterior legislatura, el rechazo de ERC y EH Bildu a la propuesta de modificación de la norma que se debatió en la Comisión de Interior del Congreso truncó finalmente la reforma. A juicio de esos dos grupos, la propuesta era insuficiente porque no recogía la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad y de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, ni establecía limitaciones al libre albedrío en las sanciones administrativas impuestas por los agentes. Y en la actual legislatura, cerca de cumplir su primer año, todavía no se han iniciado los trámites en el Congreso para retomar el tema.

Lo cierto es que la mayoría de la carga sancionadora de esta polémica ley recae ya sobre Gobiernos progresistas presididos por el socialista Pedro Sánchez y con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior desde 2018. Entre 2015 y 2018, periodo en el que el PP gobernó con Mariano Rajoy de presidente hasta junio de ese último año, se impusieron 765.416 multas. Y en los cinco años siguientes, entre 2019 y 2023, se registraron 1.390.574, es decir, el 64,5% de todas las sanciones impuestas con la ley mordaza que los populares aprobaron para contrarrestar las continuas protestas por los recortes de la crisis económica y que Sánchez prometió derogar.

En julio, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció un acuerdo de Sumar con el PSOE para derogar la ley mordaza, aunque posteriormente la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, circunscribió el cambio a una revisión del delito de injurias y calumnias dentro del Código Penal, que sería incluido en el paquete de regeneración democrática que se ha aprobado este mes en Consejo de Ministros .

Amnistía Internacional hizo también en julio un balance de los nueve años de vigencia de la ley mordaza, en el que denunció la falta de avances para reformar la norma pese a haber una mayoría parlamentaria para acometerla. Esta organización destacó el dato de las 291.400 multas impuestas entre 2015 y 2022 por resistencia, desobediencia o negativa a identificarse o por faltas de respeto a la autoridad, sanciones que "impactan negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", afirmó.

Amnistía puso como ejemplos más sangrantes los casos de un grupo ciudadano de Madrid que acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles, del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, al que le han impuesto más de 44.000 euros en sanciones desde 2021, y los 21.000 euros que han tenido que pagar los estudiantes del grupo Defendemos Palestina por una protesta durante la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense.

Ocho organizaciones, entre las que se encontraban Greenpeace y la Plataforma no somos delito además de Aministía Internacional, exigieron antes de las últimas elecciones generales la reforma de la ley mordaza, siguiendo las recomendaciones de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el impacto negativo de esa norma y de algunos artículos del Código Penal para el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y expresión.

Más de 839 millones de euros en multas por drogas

El consumo o tenencia de drogas en espacios públicos continúa siendo la causa de la mayoría de las sanciones por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y en 2023, estas multas experimentaron un incremento del 35,5%, con una cuantía total que superó los 130,7 millones de euros, según la estadística del Ministerio de Interior.

Desde la entrada en vigor de esta ley, en torno al 60% de las multas se han impuesto por consumo de drogas: 1.313.886 sanciones en total por hacer uso o estar en posesión de sustancias ilegales en espacios públicos -nunca por traficar con ellas-, lo que ha supuesto una recaudación de 839,5 millones de euros. 

La gran cantidad de multas que se imponen por esta razón ha situado a España entre los países de Europa donde más se sanciona a los usuarios de cannabis. Según el informe del Observatorio Europeo de las Drogas de 2022, nuestro país acumulaba ese año el 43% de todas las infracciones registradas en el continente por consumo o tenencia de cannabis, con cerca de 70.000 intervenciones más que Alemania, el segundo país que registraba un mayor número de sanciones.

Organizaciones de usuarios del cannabis como Confac, que forma parte de la plataforma No somos delito, han exigido también la derogación de la ley mordaza, ya que entienden que las sanciones por el consumo de drogas en espacios públicos se han convertido, además, en "un impuesto encubierto" en un país donde se acordó despenalizar ese uso.

En la anterior legislatura, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos llegaron a presentar unas enmiendas para reformar la ley mordaza que afectaban directamente al consumo de drogas en la vía pública. El grupo socialista propuso inicialmente rebajar de grave a leve la infracción por tenencia de droga, lo que supondría reducir considerablemente la cuantía de las multas y dejarlas entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 600.

Por su parte, Unidas Podemos planteó que la sanción se aplicase únicamente a las drogas que causan un grave daño a la salud, lo que dejaría fuera a sustancias como el cannabis, y también que se suprimiesen las multas por tener plantas que sean visibles desde el exterior de un domicilio, debido a que no se puede determinar su uso ni su composición. Además, este grupo pidió retirar la sanción a quienes acreditasen un tratamiento de rehabilitación, especialmente a menores de edad, tal como se reconocía en la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, la del ministro socialista José Luis Corcuera.