"No van a ningún sitio y cada vez les acompaña menos gente". La vicepresidenta del Gobierno ha arremetido así contra las fuerzas soberanistas catalanas tras el anuncio del recurso que el Ejecutivo central presentará ante el Tribunal Constitucional en contra de los presupuestos de la Generalitat.

Las cuentas del Govern incluyen partidas destinadas a la celebración del anunciado referéndum de independencia que el Gobierno considera "contrarias a la ley". Soraya Sáenz de Santamaría ha detallado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado, que han solicitado al TC "la suspensión automática" de algunas partidas. 

También los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para recurrir la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Sin embargo, Sáenz de Santamaría detalló que sólo el Gobierno -y no los diputados- pueden pedir la suspensión automática de los "preceptos impugnados".

Esto es, la disposición adicional 40 de la ley catalana -que incluye las "medidas de organización y gestión del proceso refrendario-, así como otras tres partidas destinadas a consultas populares y procesos de participación ciudadana.  

El Ejecutivo considera que todo ello vulnera los artículos de la Constitución 1.2 ("La soberanía nacional reside en el pueblo español"), 9.1 ("Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución") y 168 (que establece el procedimiento de reforma de la Carta Magna). 

Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha solicitado también al TC que "notifique la providencia de suspensión" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,  otros altos cargos de Catalunya con el fin de "alertarles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que se salte la suspensión acordada". Ello incluye la amenaza velada con la que se pretende advertirles de las posibles consecuencias "incluso penales" de seguir adelante con el referéndum. 

Es decir, el Gobierno ha vuelto a recurrir al TC para frenar el desafío soberanista, confiado, además, en que el Alto Tribunal vuelva a dictaminar a su favor. "Que esa disposición es inconstitucional lo han dicho también instituciones catalanas como el Consell de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlament", aseguró la vicepresidenta.

Mientras tanto, la llamada Operación Diálogo se mantiene paralizada. La principal encargada de la misma, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que sigue dispuesta a hablar con la Generalitat en materia de infraestructuras como el servicio de Cercanías/Rodalíes de la Comunidad, pero no en lo referente a la independencia. 

"Lo mejor que pueden hacer es acatar los recursos de inconstitucionalidad y dedicarse a gestionar sus competencias", incidió. Pero, lejos de buscar el acercamiento que sí procuró Rajoy esta semana -al menos, de cara a la galería- al anunciar que una buena parte de los PGE irán destinados a infraestructuras catalanas como el Corredor Mediterráneo, Sáenz de Santamaría optó por ningunear a quienes tiene al otro lado de la mesa negociadora.

"No pueden ir en contra de la Constitución en ningún estado democrático. Por eso no tienen amparo ni cobertura internacional. Nunca nadie ha hecho tantos kilómetros como Puigdemont y Romeva para andar tan poco", se burló la también ministra para las Administraciones Territoriales. 

Sin embargo, se mostró satisfecha con el acuerdo al que ella misma llegó con el Gobierno canario hace 15 días que ha culminado en un anteproyecto de Ley de reforma del Régimen Especial Fiscal (REF) canario. "Con ello cumplimos ocho puntos del acuerdo de investidura firmado con Coalición Canaria", aseguró. De paso, no sólo contentarán a la diputada de CC, Ana Oramas, que necesitan para que los PGE salgan adelante en el Congreso, sino también al otro elemento clave en esa negociación: el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que también exige la mejora del REF como condición sine qua non para dar su sí a las cuentas de Rajoy.