El Gobierno aprobará este viernes los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Unas cuentas cuya viabilidad aún no tiene asegurada, a tenor de las declaraciones del resto de grupos parlamentarios, pero que confía en sacar adelante. Eso sí, serán las más 'caras' para Mariano Rajoy: no sólo se incrementarán partidas antes recortadas, sino que, además, ya no tiene mayoría absoluta y, por primera vez desde que está al frente del Ejecutivo, tendrá que negociar, pactar y ceder. 

De momento, las cifras del ministro de Hacienda cuentan con el total apoyo de sus socios de Ciudadanos. Albert Rivera vendió este jueves sus logros traducidos como las partidas naranjas de los PGE. En total, casi 4.100 millones de euros dedicados a "recuperar la clase media" y evitar tijeretazos en gasto social como los de la anterior legislatura.

C's es hasta ahora, el único partido que ha manifestado claramente su intención de apoyar hasta el final la tramitación parlamentaria de las cuentas de Cristóbal Montoro. Pese a los rifirrafes entre ambas formaciones de las últimas semanas, los de Rivera siempre han mantenido que apoyarían los PGE si el Gobierno se comprometía a lo pactado en su acuerdo de investidura. 

La decisión final llegó el miércoles por la noche, después de que Rivera y Rajoy dieran el visto bueno, vía telefónica, a los acuerdos alcanzados por sus equipos técnicos en innumerables reuniones bilaterales. El contacto entre ambos ha sido continúo y ha culminado en unos presupuestos no sólo del PP, sino también de C's. Incluso el Gobierno tuvo el gesto de permitir a Rivera apuntarse el tanto y anunciar el detalle de las partidas negociadas antes de que lo hiciera Montoro en el Consejo de Ministros.

Entre ellas está la ampliación de la tarifa plana para los autónomos, cuyo coste ascenderá a 480 millones; el complemento salarial para menores de 30 años para el que se destinarán 500 millones; la lucha contra la pobreza infantil, con 340 millones; y 100 millones para ayudas a la Dependencia. También se hace constar en los Presupuestos el aumento del permiso paternidad que entró en vigor el 1 de enero, 2.100 millones para los llamados cheques de formación, 30 millones para un plan contra el fracaso escolar y otros 50 para la gratuidad de libros de texto. 

Asimismo, Rivera ha presumido de haber arrancado al Gobierno del PP otros 600 millones para la olvidada inversión en I+D+i, así como una partida de 100 millones para luchar contra el fraude fiscal. Y todo ello con el compromiso de Rajoy de no subir los impuestos: ni IRPF ni IVA. Es más, el IVA cultural bajará del 21 al 10% para los espectáculos en directo -no así para el cine-. 

Éstas y otras partidas suman casi 4.100 millones; una cifra que C's calificó como "mejor de lo esperado" al principio de las negociaciones. Dirigentes del PP y del Gobierno, por su parte, aseguraron que no eran sólo mérito de los naranjas, sino que Rajoy ya tenía intención de llevarlas a cabo, una vez se había producido una mejora en la Economía nacional y, por tanto, el aumento en la recaudación permitía a su vez la mejora de los Presupuestos.

De hecho, el propio presidente anunció también una inversión en Catalunya de hasta 4.200 millones destinados a infraestructuras como el avance del Corredor Mediterráneo, cuyo término quedará fechado en 2020. Una medida que busca apaciguar los ánimos soberanistas de la Comunidad pero que, de momento, no parece haber servido para tal fin: la Generalitat duda de la palabra de Rajoy porque, dice el Govern, no sería la primera vez que se incumplen sus promesas. 

Sea como sea, la partida catalana se sumará a la naranja y, a ellas, el pacto alcanzado por Montoro en su reunión con los sindicatos y que consiste en la convocatoria de hasta 67.000 plazas de empleo público en Sanidad, Justicia y Enseñanza no universitaria. Además, se reconvertirán buena parte de las plazas de interinos en fijas y se prevé una subida salarial para los funcionarios del 1%, lo que tendrá un coste de otros 1.000 millones de euros. 

Sin acuerdos cerrados

Todas esas cifras, por cuantiosas que parezcan, aún no cuentan con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios. Rajoy necesita 176 escaños (la suma de PP -137-, C's -32-, PNV -5-, Coalición Canaria -1- y Nueva Canaria -1-) para sacar adelante sus PGE en el debate de la totalidad y, al menos, 175 para salvarlos en una tercera votación con empate. Asimismo, necesita asegurarse que ninguna futura enmienda a la totalidad prospere y que las parciales no le descuadren su proyecto por completo.

Por ello, los populares han manifestado su intención de seguir negociando "con todos" -incluido el PSOE- hasta el fin de la tramitación parlamentaria. Este viernes el anteproyecto de ley saldrá aprobado del Consejo de Ministros y el Gobierno lo presentará en el Congreso la próxima semana, pero los grupos tienen hasta el 28 de abril para presentar sus enmiendas. El debate final llegará, probablemente, la semana del 3 y 4 de mayo o, como muy tarde, al ser ésta posterior al puente del Día del Trabajador, los días 10 y 11. Y no será hasta ese momento cuando se sepa la postura final de cada formación.

A día de hoy, el PP confía en conseguir el apoyo de los 176 necesarios, aunque ha insinuado incluso que ve posibilidades, tras el pacto para el techo de gasto, en que el PSOE quiera negociar una abstención. Los socialistas por su parte, niegan la mayor y aseguran que ya están preparando -como Podemos- una enmienda a la totalidad que mantendrán hasta el final, informa Manuel Sánchez. 

Más avanzada está la negociación con PNV, CC y Nueva Canaria que, no obstante, mantienen que aún no tienen un acuerdo cerrado con el PP como sí ha hecho C's. Tanto el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, han asegurado que sus relaciones son "buenas" y ya casi se da por hecho la suma entre ambos. 

Más indeciso se ha mostrado su paisano, Pedro Quevedo, al menos, de cara a la galería. El socio del PSOE en las islas ha lamentado que la negociación con Montoro se haya reducido prácticamente a la última semana previa a la presentación de las cuentas y, aunque mantiene abierta la negociación, ha negado que vaya apoyar los PGE en el debate de totalidad. Antes quiere arrancar el compromiso del Gobierno para sacar de la financiación autonómica ordinaria el Régimen Especial Fiscal (REF) de Canarias, que supondría otros 480 millones de euros anuales para las arcas del Estado.

Algo parecido ocurre con el PNV cuyo portavoz, Aitor Esteban, ha emplazado su decisión final a la última hora del debate, en mayo. El diputado vasco ha reconocido, como el PP, la buena relación entre ambos y ha calificado sus encuentros negociadores como "intensos" y "productivos". Sin embargo, como Quevedo, ha rehusado de momento dar su apoyo expreso a los PGE en su totalidad.

Lo que sí han descartado fuentes de la formación nacionalista es condicionar cualquier acuerdo económico a otras peticiones como el acercamiento de presos de ETA, aunque también aseguran que exigirán condiciones "políticas" al Gobierno, más allá de las presupuestarias destinadas a infraestructuras como la Y vasca. Valoran, asimismo, el compromiso del Ejecutivo para aprobar -también este viernes- la tasa de reposición de la Ertzaintza y, aunque siguen desligando el acuerdo alcanzado en Euskadi sobre los presupuestos vascos del que puedan lograr a nivel estatal, todo apunta a que el pacto está más cerca que lejos. 

Pese a ello, el Gobierno en minoría de Rajoy todavía tendrá que salvar estos obstáculos para ver sus PGE del 2017 aprobados. De conseguirlo, le habrán salido caros. Aunque el Consejo de Ministros apruebe hoy el anteproyecto, Montoro tiene aún mucho que negociar.