El Real Zaragoza ha salvado, tras declararse culpable de un fraude fiscal, los planes que comparte con el ayuntamiento de la capital aragonesa para explotar durante 75 años el estadio municipal de La Romareda una vez que este haya sido remodelado con cargo a las arcas públicas: este lunes saldó el ‘bárcenas’ del futbolista Peter Luccin con una inhabilitación de solo nueve meses para recibir ayudas y subvenciones públicas y para disfrutar de incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social, lo que deja expedita la vía para que la operación urbanística pueda consumarse a partir de diciembre de este año.

El futbolista cobró hace ya una década como finiquito libre de impuestos lo que en realidad eran casi 900.000 euros de salario por el que debía haber tributado, en una operativa similar a la que aplicó el PP con su extesorero Luis Bárcenas y por la que fue condenado en la jurisdicción social.

Esa concesión cambiaría radicalmente la situación económica de la empresa deportiva y su capacidad de financiación, ya que permitiría al Real Zaragoza anotar en su balance un activo millonario cuando su presente es el de un equipo que lleva casi ocho años, desde 2012, en un concurso de acreedores cuya deuda ordinaria no estará liquidada antes de 2027 y que, en el plano deportivo, acumula en segunda una trayectoria de siete temporadas que solo Numancia y Alcorcón superan.

Un pelotazo (“operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida”) en toda regla derivado de una inversión pública que distintas estimaciones sitúan en el entorno de los 60 millones de euros y que el consistorio pretende financiar mediante operaciones urbanísticas.

El convenio  con las bases para esa operación contempla que el ayuntamiento redacte “de forma consensuada” con la compañía deportiva el anteproyecto de la reforma del estadio y acuerde con ella la forma de ejecutarlo, así como que le otorgue la concesión para explotarlo durante 75 años, en la que se determinará cómo le reintegra “el coste total que suponga la remodelación y reforma". 

Esa parte, la de la devolución del coste en dinero público, deberá tener en cuenta, en todo caso, “diversos factores como pueden ser a modo de ejemplo, la situación económica de la concesionaria, la inclusión del club en primera o segunda división... etc”.

Un error que dejaba en el aire el proyecto

La resolución del caso desencalla el proyecto estrella del equipo de gobierno de PP y C’s, que cuenta con el apoyo de Vox y el rechazo de la izquierda y cuyos miembros habían comenzado en las últimas semanas, precisamente en vísperas del juicio, a escenificar un retraso en sus planes, a los que en principio tiene claras reticencias para sumarse el Gobierno de Aragón por tratarse de poner un equipamiento público en manos de una empresa privada durante 75 años.

"Todavía no hay ningún proyecto encima de la mesa. Se está hablando con otras instituciones y estamos buscando el mayor consenso”, explicaron fuentes de la coalición PP-C’s. “Va demasiado lento” aunque ”no está parado”, llegó a asegurar el alcalde Azcón hace unos días a Europa Press

No obstante, fuentes jurídicas vinculan esa ralentización con un error de cálculo cometido hace poco más de cuatro meses: el alcalde, Jorge Azcón (PP), firmó el convenio con el Real Zaragoza, y no con la fundación desde la que varios empresarios controlan una parte del accionariado, y con una duración prevista de cuatro años, que era precisamente el periodo de inhabilitación que inicialmente solicitaban para la empresa deportiva tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado; es decir, que si la Audiencia de Zaragoza hubiera avalado esas tesis el proyecto estrella de la coalición PP-C’s se hubiera quedado en agua de borrajas.

Un salario camuflado como finiquito

La historia del delito fiscal, que ya agitó hace unos años la política municipal se remonta al verano de 2009, cuando el Real Zaragoza, entonces controlado por el constructor Agapito Iglesias, acordaba con el jugador un contrato que les vinculaba hasta acabar la temporada 2010-2011 tras regresar lesionado de una cesión al Rácing de Santander. Sin embargo, salió de la compañía deportiva antes de que comenzara esa campaña con un supuesto finiquito de 987.000 euros que, en realidad, encubría un salario por el que la Agencia Tributaria debería haber ingresado 895.000 en concepto de IRPF.

Los inspectores de Hacienda se percataron de que, en realidad, una liquidación del futbolista por rescisión del contrato debería haber incluido su sueldo para esa temporada, de 3,5 millones de euros, más la indemnización, por lo que concluyeron que se trataba de un finiquito ficticio.

Estaban en lo cierto: la semana pasada, cuando debería haberse sentado en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza como persona jurídica junto con Iglesias, Luccin y dos empleados del Real Zaragoza, la Sociedad Anónima Deportiva, hoy controlada por un grupo de empresarios locales liderados por el expresidente de Telefónica y de Tabacalera César Alierta, optó por reconocer los hechos y por ingresar 900.000 euros en la cuenta de consignaciones del tribunal para pedir un aplazamiento del juicio con el fin de negociar un acuerdo que se ha materializado este lunes.

Finalmente, Iglesias y su exempleado Javier Porquera aceptaban sendas condenas de seis y tres meses de prisión y multas de 150.000 y 25.000 euros, aunque sus abogados pidieron transformar las primeras en sanciones económicas y fraccionar hasta cinco años el pago de las segundas, mientras el Real Zaragoza a pactaba una multa de 100.000 más nueve meses de inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas y para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

Las otras ayudas al Real Zaragoza

Las penas, muy inferiores a las que recoge el Código Penal al considerar el ingreso de los 900.000 euros como una atenuante de ‘reparación del daño’ y también a las que reclamaban la Fiscalía y la Abogacía del Estado (tres años y dos millones por acusado, más cuatro años de inhabilitación), y que incluyen la absolución de Luccin y de otro acusado, son firmes desde este lunes tras haberlo declarado así la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza en el mismo juicio.

Eso sitúa a principios de diciembre la fecha a partir de la cual la compañía deportiva quedaría ‘limpia’ para formalizar sus acuerdos sobre el estadio con el ayuntamiento, ya que normalmente el tiempo de inhabilitación equivale a un veto para contratar con las administraciones, al menos durante su vigencia y al tratarse de una institución pública de la entidad del consistorio zaragozano.

La condena, no obstante, sí dejaría en el aire hasta esa fecha otras ayudas públicas que, pese a deber a Hacienda alrededor de veinte millones y a que su fallida filial inmobiliaria Zaragoza Real Estate lleva desde la primera edición en la lista de los grandes deudores de la Agencia Tributaria, recibe el Real Zaragoza: la Diputación Provincial de Zaragoza lleva unos años inyectándole 720.000 euros, mientras que la comunidad autónoma le concedió el año pasado 229.895 por ser una de las “entidades deportivas aragonesas de máxima categoría".

Esto último, a pesar de que esa misma filial le debe, según sus liquidadores judiciales, casi 400.000 euros y de que la una operación pactada por su expropietario con dos bancos le provocó un quebranto de casi un millón y medio de euros.