Huelva, provincia que se siente olvidada por las instituciones, se convirtió este jueves en el escenario de la disputa política entre el presidente Pedro Sánchez (PSOE) y quien quiere ser presidente Alberto Núñez Feijóo (PP). Ambos visitaron la provincia al calor de la bronca por Doñana provocada por la idea del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) de ampliar, en un contexto de sequía, los suelos regables en el entorno de Doñana de la mano de la ultraderecha y en contra del criterio de la comunidad científica y de la Unión Europea: sobre España pesa ya una sentencia por no cuidar del acuífero.

Huelva tiene 528.763 habitantes, es la provincia menos poblada de Andalucía y la 31ª del país. La renta neta media por persona en el año 2020, según el INE, era de 10.112 euros, ligeramente por debajo de la andaluza, que ascendía a 10.293 euros. La de Madrid es un 50% superior: 15.579 euros. La tasa de paro, del 21,7, está casi diez puntos por encima de la media española, en el 12,87 a finales de 2022. Y el paro femenino es 18 puntos superior al masculino.

La población se distribuye sobre todo en la zona costera, que domina la capital –141.854 habitantes– y en los municipios freseros. En la sierra, donde se ubica la DOP de Jabugo, y en la comarcas del Andévalo y la zona minera –Rio Tinto y la comarca– existe un problema de despoblación desde hace dos décadas con todo lo que ello implica: acceso a mermados servicios públicos. El 82% de los municipios de la provincia tienen menos de 10.000 habitantes y en ellos habita un 27% de la población. Más de la mitad de los pueblos, y sobre todo los más pequeños, los que tienen menos de 1.000 habitantes, pierden población de manera estructural, según la Diputación de Huelva, que ha formado un grupo de trabajo para combatirla.

Hace un año, miles de personas, convocadas por la plataforma ¿Y Huelva cuándo? reclamaron inversiones en infraestructuras y una inyección de dinero público que favoreciera el desarrollo económico. "Las inversiones que se han negado en los últimos 30 años en la provincia", según sus cálculos, son 2.000 millones de euros y se calculan "extrapolando la inversión per capita española aplicándola a la población de Huelva".

Una de las cuestiones que más molestan, sobre todo a las fuerzas vivas de la provincia y entre el empresariado, son las comunicaciones por tren –la queja fundamental es la escasez de trenes hacia el norte y lo que tardan– y por vía aérea. No hay aeropuerto. Sevilla y Faro, en Portugal, son los más cercanos.

Es la pescadilla que se muerde la cola, según el punto de vista económico predominante: En la manifestación de hace un año, Juan José García del Hoyo, expresidente del Consejo Económico y Social de la provincia y catedrático de Economía de la Universidad de Huelva, lamentó que la falta de infraestructuras "se manifiesta en todos los sectores y tiene un impacto fundamental en las cuentas de resultados de las empresas, en la competitividad de la provincia, en la renta, en el empleo y en la riqueza", recogió Europa Press.

Poderes fácticos y extractivismo

En la provincia actúan dos poderes fácticos relevantes, la patronal fresera y la patronal de la industria que se ubica en el llamado Polo Químico de Huelva. Los datos del INE al respecto de la estructura económica de la provincia revelan que el peso del sector servicios es menor que en resto del país –en el Estado absorbe al 71,2% de los activos mientras que en Huelva sirve al 64%–. La agricultura absorbe el 11% de los trabajadores, la industria el 10% –casi en ,a media del país y por encima de la media andaluza– y la construcción al 5%.

Manuel Delgado Cabeza, catedrático Economía Aplicada lo ve de esta manera: "Huelva tiene todos los ingredientes característicos de la realidad andaluza. Una naturaleza exhuberante que viene siendo expoliada a gran escala desde los orígenes del capitalismo. Un modelo económico protagonizado por el extractivismo que ha ido de la extracción del cobre al oro rojo: la agricultura intensiva de frutos rojos con una reactivación reciente o vuelta del extractivismo minero".

"Un extractivismo –añade el profesor– que se construye en beneficio de intereses que se apropian de manera intensiva del grueso de la riqueza para abandonar la explotación cuando se haya consumado el expolio. Es clarísimamente lo que nos dice la experiencia en el caso de la minería y es lo que nos espera en un futuro próximo en el caso de la agricultura intensiva".

El debate que ha estallado ahora sobre Doñana no es el único debate ambiental en la provincia. Los conflictos de los fosoyesos y del vertedero de Nerva han puesto sobre el tapete las contradicciones del modelo, que no genera empleo suficiente y tiene severas consecuencias medioambientales.

Así, las actividades de la industria química han generado, a las puertas de Huelva capital, una problemática extrema con los fosfoyesos, unos 100 millones de toneladas de residuos tóxicos con componentes radiactivos. En la sierra, en Nerva, la población convive desde hace tres décadas con un vertedero, convertido en "el retrete tóxico de Europa", según han denunciado las organizaciones ecologistas, y ubicado a menos de un kilómetro de las primeras casas del pueblo, que nadie ha cerrado. 

"Mientras sigamos alimentando este sistema económico y político seguiremos ahondando nuestra instalación en la pobreza y la marginación. Para salir de esta situación necesitamos en Andalucía, como ya decía Blas Infante, despertar y levantarnos para construir una economía, no para alimentar la acumulación de capital en beneficio de intereses lejanos a Andalucía, sino para poner en pie una economía centrada en el cuidado de las personas y de la vida", afirma el catedrático Delgado Cabeza.

Chabolismo y fresa

El predominio de la agricultura y las fuertes sumas de dinero que genera la exportación del fresa y frambuesa –alcanzaron un valor de 1.392 millones de euros durante la campaña de 2021/22– han generado además de riqueza y prosperidad para empresarios y propietarios de la tierra, no solo el problema de Doñana, sino también bolsas de chabolismo y de explotación de la mano de obra jornalera, según denuncian cada dos por tres las ONG que trabajan en la zona, como Asnuci: "No podemos entender que, después de más de veinte años de campañas agrícolas exitosas donde empresarios y administraciones se congratulan mutuamente de la expansión de un negocio redondo, se olviden por completo de las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno. Esta actitud solo se puede entender desde la lógica del capitalismo más depredador y deshumanizado y desde el racismo institucional, impropio de un estado social y de derecho".