La plataforma Salvemos Doñana, que ya se opuso en 2016 al almacén que quería construir Gas Natural en el entorno del Parque Nacional y en los 80 se movilizó contra Costa Doñana, miles de plazas hoteleras, ha retomado esta semana su actividad después de que PP y Vox comenzaran la tramitación de un proyecto de ley que amplía las hectáreas regables en las comarca de Doñana y que ha causado el rechazo de la comunidad científica, de las instituciones europeas, de la Unesco y de los colectivos ecologistas.

En un comunicado enviado a los medios, la plataforma, que agrupa hoy a organizaciones y colectivos ecologistas, además de sindicatos y partidos de izquierdas, arremete con dureza contra la nueva norma –"la Junta de Andalucía ha soslayado las obligaciones legales de transparencia y participación pública"– y anuncia un "completo plan de actuaciones", con actos de información y debate en Huelva y provincia, reuniones con organizaciones políticas, sindicales, culturales y científicas, y un multitudinario acto de protesta en Sevilla, aun sin fecha.

Para Salvemos Doñana, el plan de Juan Manuel Moreno Bonilla para la zona es "torticero" porque pretende que "cultivos de secano sin derechos de agua se transformen a regadío" y que puedan, por tanto, solicitar el agua a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando no hay más.

"Sin embargo, acaba de cerrarse en diciembre pasado el proceso participativo para hacer alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir para el periodo 2023-2027 y la Junta de Andalucía ni el PP, proponente de esta nueva ley, realizaron las alegaciones pertinentes para considerar este incremento de solicitudes de agua que se produciría con la legalización de todas hectáreas de secano como superficie regable. Al no haber agua y con el cambio climático y sus efectos evidenciados en la falta de lluvias y el aumento de temperatura, estas alegaciones probablemente no habrían prosperado", afirma la plataforma.

Revolución verde

Por ello, se lee en el comunicado, "es evidente que no se busca solucionar el problema de la agricultura de secano ni la extracción ilegal de agua o el exceso de demanda de agua, sino pasar el problema a otra Administración que no podría solucionarlo, con lo cual no se beneficia a Doñana, pues los pozos ilegales seguirán funcionando de todas todas, y, lo que es más, podría desencadenar en la comarca un conflicto social, económico y ambiental aún mayor".

"Se demuestra así –remacha la plataforma– que, mientras el presidente de la Junta de Andalucía repite el mantra de su revolución verde, la política andaluza no solo dista de ser verde, sino que, además, no se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".

La ley que impulsa Moreno en contra del criterio de la ciencia y de la Comisión Europea ha causado una amplia polvareda porque incrementaría la presión sobre el agua en un contexto de escasez y sequía.