El PSOE presentó este lunes a los medios de comunicación una oferta dirigida a Unidas Podemos para negociar un pacto programático. El grupo confederal se encontró con el documento publicado en la prensa y, desde el primer momento, mostraron su malestar tanto por las formas — habérselo mostrado antes a los medios que a ellos en una reunión — como por el contenido del documento. 

Los socialistas no incorporan casi ninguna de las medidas del grupo confederal. De hecho, como señaló Pablo Iglesias, dan "pasos atrás" en varias materias sobre las que ya negociaron los dos partidos en el pacto presupuestario de 2019. 

En el partido morado esperaban algún gesto con este documento, pero no se hizo: "Es como el programa electoral del PSOE", indicaron fuentes de la dirección a Público. No hay ningún guiño al grupo confederal y pocos de los puntos que se acordaron en octubre aparecen en la oferta. Los socialistas aseguran que el pacto programático no es ningún problema, pero los de Iglesias no lo ven así y para ellos este documento es una muestra de la distancia programática.

Unidas Podemos también ha apuntado en varias ocasiones que el pacto presupuestario de 2019 es el punto de partida para la negociación de gobierno. Sin embargo, hay más diferencias que parecidos entre los dos documentos. 

Desaparece la regulación del alquiler

Una de las medidas que más costó que el PSOE aceptara fue la de regular el alquiler fijando un techo a "la subida abusiva" de los precios en las zonas tensionadas. Esto se haría a través de un cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que diera competencias a los ayuntamientos. También se acordó hacer cambios normativos que permitieran que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio. Nada aparece sobre esto en la oferta del PSOE.

Tampoco se incluye el marco legal sobre el que se acordó que se trabajaría para definir la vivienda vacía y al gran "tenedor de vivienda" y poner a disposición de las comunidades y de los municipios herramientas tanto para su detección y diagnóstico. 

En el aire la derogación parcial de la reforma laboral

El PSOE hizo campaña prometiendo que derogaría la reforma laboral pero, pocos días después del 26-M, la ministra de Economía Nadia Calviño ya dijo que esto no le parecía "productivo" y que querían comenzar a trabajar directamente en un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Ahora el documento apunta que "el Gobierno analizará la conveniencia de aprobar, con carácter de urgencia, las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012". Sin concretar estos aspectos y sin comprometerse a ello. Un punto que no tiene el visto bueno ni de los sindicatos ni de Unidas Podemos que reclaman derogar toda la reforma laboral. 

En el documento presupuestario el grupo confederal no consiguió arrancarle este compromiso al PSOE pero, al menos, sí negociaron que con carácter "prioritario y urgente" que se ampliaría el régimen de no caducidad del convenio colectivo, se revisarían las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se reforzaría la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Tampoco se propone eliminar del código penal el controvertido artículo 315.3 que persigue a los sindicalistas al incluir penas de cárcel para los piquetes de las huelgas y medidas sobre transición energética así como una carga impositiva a los beneficios del sector.

Desaparecen las reformas sobre el sistema eléctrico

Una de las materias en las que Unidas Podemos consiguió más avances es sobre el mercado eléctrico. En primer lugar, acordaron acabar con la sobrerretribución (los conocidos "beneficios caídos del cielo") que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías. Para ello valoraron establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico: "La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores", explicaron en el documento. Ahora no se incluye nada de esto. 

Tampoco viene nada del bono social eléctrico que se acordó entonces. Iglesias y Sánchez pactaron crear unos bonos de solicitud automática que se diera según la renta per cápita del hogar vulnerable para que se pudiera acceder a un consumo mínimo de energía. 

La reforma fiscal, a mitad de camino

En la reforma en el Impuesto sobre Sociedades el PSOE propone una tributación
mínima de las grandes corporaciones y bajar al 23% el impuesto para las pymes. El primer punto pierde concreción respecto al pacto presupuestario ya que entonces se fijó que la creación del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. También se aprobó reducir en un 5% las exenciones sobre los dividendos y las plusvalías de las sociedades que tributan en el exterior y que ahora están exentos al 100%, pero tampoco aparece en el documento. 

No viene nada sobre el control fiscal sobre las las SOCIMI, que tributan bajo un régimen especial: Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) las SOCIMI tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades las SOCIMI tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

Tampoco se habla del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se acordó incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Desaparece el incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas de más de 10 millones de euros. Tampoco se habla de reducir el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. 

A un lado las reformas de la ley electoral y mordaza

Se impulsó la reforma de la Ley Electoral para acabar con las trabas del voto rogado y realizar un mailing electoral único. Acabar con el voto rogado fue la única medida que el PSOE y Unidas Podemos llegaron a presentar juntos en el Congreso antes del adelanto electoral. No se llevó a cabo por las elecciones generales y ahora los socialistas tampoco lo incluyen en su base para negociar. 

Lo mismo ocurre con la modificación de la Ley Mordaza. Entonces se acordó modificar los aspectos más lesivos que tienen que ver con el derecho de reunión, acotar la identificación y registro corporal policial, reducir la identificación en comisaría excepcional con un máximo 2 horas, garantizar que la identificación de los agentes policiales es claramente visible en todo momento o revisar en el Código Penal "aquellos tipos que tienen una hiperregulacion tras las reformas legislativas introducidas por el PP, como, por ejemplo, la reforma del artículo 315 del código penal". Ahora ni se menciona. 

Se abandona la regulación sobre los juegos de azar

Otro de los temas que revindicaba Unidos Podemos es regular la publicidad de los juegos de azar en términos similares al alcohol o el tabaco. Medidas que finalmente aceptó el Gobierno y que vuelven a desaparecer en el nuevo documento. Tampoco se dice nada de otras medidas acordadas para regular las casas de apuestas como acciones de información y prevención u orientar la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

¿Y las mejoras en las partidas de educación e I+D+i?

En este apartado destaca la poca concreción sobre las materias. En el pacto presupuestario se contempló un aumento de las becas y, a la vez, una significativa bajada de las tasas universitarias, una reivindicación constante de la formación morada, así como permitir a los ayuntamientos en superávit destinar fondos a los implementar la gratuidad de la escolarización 0-3 años. El PSOE no ofrece ahora ningún avance sobre esto más allá de invertir 530 millones en educación. En el pacto presupuestario eran 536 millones. 

Otra partida que aumenta considerablemente es la de +D+i, que habría crecido un 6,7%, una inversión de 237 millones de euros. Se estableció también un plan "para la recuperación del talento exiliado", por el que la partida destinada regular de proyectos de I+D+i de ámbito estatal se incrementará en 85 millones más, respecto a los 393,7 de 2018. Sin embargo, ahora los socialistas se limitan a decir que "una de las líneas estratégicas es la inversión en i+D+i" y que quieren promover un plan de tecnologías habilitadoras del cambio, como el big data, la inteligencia artificial, la supercomputación, el procesamiento del lenguaje natural, las DLTs, el 5G o el Internet de las cosas. Pero nada se detalla sobre presupuestos o medidas concretas.