El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pretende inhabilitarle "por razones ideológicas" y ha manifestado a Públic su propósito de mantener la defensa de "unos derechos y libertades" que no son solo suyos, sino que "son universales" y no le pertenecen.

En una entrevista concedida a este diario, ha valorado de la siguiente manera la decisión del TSJC de llevarlo a juicio por haber mantenido los lazos reivindicativos de libertad de los presos políticos catalanes en la fachada de la sede de su Gobierno, en contra de las advertencias de la Junta Electoral Central (JEC):

 "Tengo la impresión que desde un principio alguien ha querido que fuera a juicio. Alguien me ha querido en el banquillo de los acusados, ya fuera por desobediencia o por prevaricación. Por desobediencia si no hacía aquello que me pedía la Junta Electoral Central (JEC), o por prevaricación si hacía aquello que me pedía y que estaba fuera de mi competencia". "Supongo que me tendría que sorprender que la Fiscalía pida mi inhabilitación y una multa en lugar de defender la legalidad y denunciar que la Junta Electoral Central no era el órgano competente para darme aquellas instrucciones, pero, sinceramente, no me sorprende", precisa Torra.

"Cuando algunos partidos llevaron el lazo amarillo a la Junta Electoral Central, iban a buscar el órgano que no era competente pero que les daría la razón. Todo el mundo ya sabe quién configura la JEC y en qué consiste su actuación política contra el independentismo. No hay sorpresas ya en todo eso", explica durante la entrevista.

"Yo defendí concienzudamente unos derechos y libertades que no son solo míos, sino que son universales y no me pertenecen. Nos multan, nos encarcelan, nos espían y nos quieren inhabilitar por razones ideológicas, pero nuestro compromiso con la libertad y la democracia no desaparecerá. A cada derecho que nos nieguen, lo volveremos a ejercer. Sea la libertad de expresión o sea el derecho de autodeterminación", afirma.

"Que ahora el juez no archive la causa contra todas las evidencias que hemos presentado es la constatación de una voluntad política de ganar en los tribunales aquello que el Estado no gana en las urnas. La respuesta... ya se la pueden imaginar".

En la entrevista, que Públic y Público  difundirán íntegramente este domingo, el president de la Generalitat, valora como una "absurdidad" que la Fiscalia pida 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por "haber defendido la libertad de expresión". 

"Tal como le comenté al magistrado instructor, sí que desobedecí porque pensaba que justamente la libertad de expresión está por encima de la utilización JEC por parte de PP y Cs. Todo esto fue una operación orquestada para llegar a este punto en concreto. La JEC no es un organismo superior a la Presidencia de la Generalitat, no tenía ninguna autoridad ni competencias para hacer este proceso, se trataba de un proceso nulo. Aquello que te esperas de la vía judicial es que el Ministerio Fiscal sea el garante de la legalidad y no que vaya en contra con unos objetivos muy determinados en la persecución ideológica de los que queremos la independencia. Es evidente que todos los precedentes y los diferentes juicios hacen prever un escenario que no me sea  favorable", afirma el president de la Generalitat.

Escándalo europeo

Durante la entrevista, Quim Torra se pronuncia sobre aspectos candentes y complicados del actual momento político y social, entre ellos el de la intervención de los jueces en la vida política. Todas las encuestas señalan la necesidad de poner solución a este problema como uno de los grandes consensos compartidos por el 70 o el 80% de la sociedad catalana.

"No se puede judicializar la política. Por lo tanto, vamos a hacer política y a respetar las ideas de unos y otros. No puede ser que se nos investigue porque mantengamos una reunión con unos diputados para hablar de la idea de la independencia de Catalunya. Eso es absolutamente demencial y por eso estamos insistiendo tanto en este escándalo europeo que suponen las investigaciones del señor Borrell", explica el president.

¿Como evitar la judicialización de la política?

La pregunta resultaba inevitable. ¿De qué manera se podría conseguir que políticos y gobernantes dejaran de buscar en los tribunales soluciones judiciales al conflicto entre Catalunya y el Estado español?

"Con un empoderamiento de los políticos por encima de la judicialización. Con un debate político sincero, honesto, franco, que permita alcanzar grandes acuerdos políticos. Es la única vía. Ya lo hemos visto. Tenemos fecha para el juicio contra el major Trapero, el juzgado de instrucción número 13 no para. Llegará el Tribunal de Cuentas, que es el último conejo que se ha sacado de la chistera el Gobierno español para acabar de arruinar a los defensores de la independencia de Catalunya.... O tenemos grandes pactos políticos para decir basta, se acabó o mientras siga la represión no habrá normalidad política", responde el president de la Generalitat, ahora encausado por el TSJC por haber mantenido en la fachada del Palau de la Generalitat la reclamación de libertad para los presos políticos catalanes durante el período anterior a las pasadas elecciones municipales y europeas.