La llegada de los Presupuestos Generales al Congreso marcará la agenda parlamentaria en los próximos dos meses, pero el Parlamento no dejará de lado las iniciativas que están pendientes y a las que la mayoría de los grupos, en especial los que sostienen al Gobierno de coalición, quieren dar prioridad.

El Reglamento de la Cámara Baja establece que la tramitación de las cuentas tiene prioridad sobre el resto de iniciativas, un precepto que podría ralentizar el progreso de otras proposiciones y cuestiones pendientes. Sin embargo, el Congreso tiene cuestiones pendientes que se abordarán este invierno, y algunas podrían resolverse incluso antes de acabar el año.

Una de las iniciativas que ya se encuentran inmersas en tramitación parlamentaria es la ley de eutanasia. Esta fue la primera proposición que se registró en la XIV Legislatura, por parte del Grupo Socialista, que ya había tratado de impulsarla en anteriores legislatura. La despenalización de la eutanasia fue admitida a trámite en sesión plenaria y superó también el debate de totalidad.

El PP y Vox registraron enmiendas a la totalidad de la norma, pero la mayoría del hemiciclo las tumbó y la iniciativa siguió su camino. Hace unas semanas concluyó el plazo de presentación de las enmiendas al articulado del texto, lo que da paso a la elaboración de la norma en comisión, en concreto en la Comisión de Justicia.

Los grupos tienen por delante la elaboración de la denominada ponencia, el texto que contendrá las medidas que constituirán de facto la ley de eutanasia. Además de su despenalización ("no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante"), se regulan otras cuestiones. Estas prácticas, en los supuestos antes mencionados, serían de financiación pública.

La proposición registrada contempla que "la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública". También se incluyen varias disposiciones que recalcan la necesidad de que el paciente y sus familiares conozcan todo lo relativo al proceso y puedan elegir si acogerse a estas prácticas o no, entre otras cuestiones.

La comisión 'Kitchen' se retrasa

La reforma de la ley de seguridad ciudadana es otra de las iniciativas pendientes que tienen, a priori, un gran consenso en la Cámara. Hace unas semanas el Pleno admitió la proposición con 203 votos a favor y con el único rechazo de PP y Vox. Hace dos legislaturas los grupos estuvieron a punto de cerrar un acuerdo definitivo para reformar la denominada ley mordaza, pero el adelanto electoral de los comicios del 28 de abril de 2019 frustró el cierre de la propuesta.

Los partidos acordaron mantener los consensos alcanzados hasta ese momento de cara a futuras reformas, entre los que se encontraban la despenalización de toma de imágenes a policías en manifestaciones y protestas o la obligación de que los registros deban practicarse "como norma general" en dependencias policiales, lo que limitaría los registros que implican desnudos en la calle. Los agentes solo podrían practicar estos registros en la calle cuando percibieran la existencia de un riesgo real para su seguridad o la de la ciudadanía.

La legislativa no es la única actividad que afrontará la Cámara en estos meses. A principios de octubre el Pleno aprobó la creación de la comisión de la denominada operación Kitchen, que tendrá por objeto investigar el supuesto espionaje que el PP, a través del Ministerio del Interior, efectuó sobre el extesorero del partido Luis Bárcenas con el fin de conocer información y anular pruebas inculpatorias en casos de corrupción.

Antes de su puesta en marcha los grupos deben pactar cuestiones como la Presidencia de la comisión, el calendario de trabajos y las comparecencias que se pedirán. Cuando se aprobó esta iniciativa, los partidos tenían la previsión de poner en marcha este órgano antes de que finalizara el mes de octubre, pero este plazo no se ha cumplido.

La agenda social también tendría un hueco importante en el Congreso en lo que resta de año. ERC y el Grupo Socialista pactaron este jueves la prórroga hasta mayo de 2021 del estado de alarma decretado por el Gobierno. El grupo catalán anunció que trataría de impulsar iniciativas en materia de cobertura social del estado de alarma, como la prohibición de desahucios durante la vigencia del periodo excepcional o de los cortes de suministros básicos como la luz o el agua. Estas cuestiones se resolverán en la Cámara.