El eurodiputado de Podemos y portavoz de la formación en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha registrado una batería de preguntas ante la Comisión Europea (CE) en la que pide explicaciones tras la tragedia en el Mediterráneo que denunció el martes la ONG española Proactiva Open Arms.

Según esta organización, al menos una mujer y un niño de corta de edad murieron en alta mar después de que los guardacostas libios hundieran la embarcación en la que viajaban y los dejaran flotando sobre los restos. La ONG pudo rescatar a una mujer que se encontraba ya al borde de la muerte por hipotermia y que permanecía junto a los dos cadáveres, sobre los restos de la patera hundida por los libios. Por ello, Proactiva ha denunciado "omisión de socorro en aguas internacionales". Al mismo tiempo, el Gobierno italiano ha cerrado sus puertos a la ONG y no le ha permitido desembarcar a la supervivientes, que será acogida por el Gobierno español en Mallorca.

Urbán, que ha viajado en alguna de las misiones de rescate de esta ONG, denuncia en su pregunta escrita "la vulneración sistemática del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho internacional marítimo con la omisión de socorro -que implica también a Frontex-, y la persecución de las ONG de ayuda humanitaria por parte de la Armada de Libia". Por ello pregunta a la CE si a "va seguir financiando directa o indirectamente a la Guardia Costera libia" con el propósito de frenar las llegadas de migrantes a las costas europeas.

En declaraciones a Público, Urbán afirman que "estamos siendo cómplices pasivos y activos de las muertes que causan las políticas de la UE" y exige el final de la financiación europea para "los matones paramilitares libios" para evitar "más imágenes desoladoras y vergonzantes como la que denunció ayer Open Arms".

El eurodiputado recuerda que el pasado 7 de julio Italia y Libia firmaron un acuerdo, "no exento de opacidad y falta de transparencia", en el que se prevé la entrega de 5.000 millones de euros a Libia, barcos y la formación militar que el gobierno italiano ha acordado con el gobierno libio. A esto hay que sumar fondos europeos que Bruselas ya ha desbloqueado tras el acuerdo del último Consejo Europeo, más financiación para este país y otros estados africanos considerados "de tránsito" de los migrantes hacia Europa. "¿Considera la Comisión que el pacto entre Italia y Libia para que Libia frenara la migración a la UE es compatible con el derecho internacional y comunitario?", pregunta.

Recuerda que, en lo que va de año, "1.500 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, convirtiéndolo en la mayor fosa común del mundo", que 500 personas murieron ahogadas en la primera semana de julio, momento en el que el Consejo Europeo endurece más sus acuerdos en políticas de fronteras y el gobierno italiano anunció el cierre de los puertos italianos a las ONG de salvamento humanitario. "Es decir, justo cuando no se permite trabajar a las ONG en el Mediterráno, las consecuencias se traducen en más muertes", lamenta, y subraya que "en una semana hubo los mismos muertos que en tres meses", ahora sin ONG en la zona siendo "testigos incómodos de lo que significan las políticas criminales de la UE".

En su batería de preguntas, también pide saber si la CE seguirá financiando el proyecto Aurora, "un plan que colocará a partir de 2020 la coordinación de las operaciones de intercepción de migrantes procedentes de la costa libia en manos del propio Ejército libio" y si ultilizará para ellos el Fondo para la Seguridad Interna de la Comisión. También se interesa por el papel de la Guardia Civil española en operaciones de intercambio de información de este tipo.

El eurodiputado pregunta si "seguirá la Comisión financiando la externalización de fronteras y a agentes que violan los derechos humanos, así como la creación de centros de detención para migrantes", que dice, "constituyen una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tal como la Carta Europea de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra".

Urbán recuerda que el fondo fiduciario reservaba  90 millones de euros para el objetivo de "ayudar a las organizaciones internacionales a mejorar el acceso a servicios y asistencia de protección que salvan vidas por parte de los migrantes vulnerables en los centros de internamiento” y se pregunta qué medias concretas va a tomar la Comisión para "prevenir la criminalización de la ayuda humanitaria" de acuerdo a la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, que establece que éstas ONG deberían recibir atención prioritaria de la acción exterior de la UE.

Por último, pide al presiente Pedro Sánchez que se desmarque"de este tipo de políticas xenófobas y racistas" y que plantee "una alternativa" a la hoja de ruta del primer ministro francés, Emanuel Macron, "cuyo modelo ahonda en la externalización de fromteras y en los centros de detención para migrantes". Lo pide, a fin de cuentas son "políticas y acciones concretas, no medidas cosméticas".