PP y Cs volvieron este martes a unir sus votos para rechazar la revocación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Calatayud concedió a finales de 1951 la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco, lo que abre un horizonte de inciertas consecuencias para el consistorio, que en el peor de los casos se expone a dejar de recibir los dos millones de euros que anualmente le transfiere el Gobierno de Aragón por incumplir la Ley de Memoria Democrática de la comunidad.

La posición de los conservadores y de Ciudadanos no es nueva, ya que llevan años rechazando las iniciativas del PSOE para retirar a Franco la principal condecoración de la ciudad. Sin embargo, sí hay un cambio sustancial en el escenario legal y en las eventuales consecuencias de un posicionamiento político de ese tipo, ya que la normativa obliga a las administraciones públicas a "revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones (…) y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista".

Y no hacerlo expone a esas administraciones a la apertura de un expediente sancionador que conlleva "la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Aragón". El plazo para hacerlo concluía el 22 de agosto, aunque el estado de alarma por la pandemia lo ha atrasado a noviembre.

La ley, aprobada hace año y medio, contó en la mayoría de sus bloques con el apoyo de Cs y la abstención del PP, que votó en contra de puntos concretos.

"No se puede mantener una medalla a un dictador"

La decisión del equipo de gobierno de Calatayud de activar una propuesta presentada semanas atrás por el PSOE para revocar ese acuerdo y "hacerlo constar en el Libro Registro de Honores y Distinciones" con el fin de "dejar constancia de la pérdida del reconocimiento" apuntaba a que, tras haber recibido el ayuntamiento dos comunicaciones del Gobierno de Aragón que le instaban a "la retirada o revocación de dicha medalla", PP y Cs iban a optar por avalarla y zanjar la polémica, iniciada poco después de la aprobación de la Ley de Memoria estatal en 2007.

Sin embargo, la propuesta de los socialistas decayó en la comisión de Cultura que este martes decidía si el asunto debía ser o no debatido en el pleno de finales de mes: PP y Cs votaron en contra y el Par se abstuvo argumentando que no se trataba de un asunto de interés general, mientras que el concejal de Vox no compareció en un debate que reprodujo los argumentos de ocasiones anteriores.

Para el equipo de gobierno se trata de una condecoración de carácter vitalicio que dejó de estar vigente con la muerte del dictador en 1975, tal y como señala el reglamento de protocolo de 2013, con lo que no habría nada que revocar.

"Insisten en argumentos más semánticos que jurídicos", explicó Joaquín Simón, portavoz de Cultura del PSOE bilbilitano, para quien "el foco no está en si la medalla está o no en uso, sino en que en una democracia no se puede mantener la concesión de una medalla a un dictador, y el acuerdo por el que se le dio sigue vigente".

"Procedería revocar la concesión"

El alcalde, José Manuel Aranda, que lleva tiempo mostrando "dudas de que se pueda revocar algo que no está en vigor", declinó este martes comentar la votación y el debate. "Las decisiones de las comisiones no son públicas", dijo.
En cualquier caso, y pese a la decisión de la comisión, el debate sobre la vigencia de la medalla de Franco y del acuerdo por el que le fue concedida llegará al pleno que el consistorio celebrará la última semana de julio a través de una moción presentada por el PSOE, que propone "revocar y dejar sin efecto" la concesión y anotar la decisión en el libro municipal "puesto que de lo que se trata es de dejar constancia de la pérdida del reconocimiento".

La moción cita los cinco documentos que avalan esa posición: un requerimiento y un informe del Gobierno de Aragón, un dictamen de la Delegación del Gobierno en la comunidad, una sugerencia del Justicia y otro informe de la secretaria municipal, que en marzo expuso que "a la vista de todo lo expuesto, procedería, en aplicación de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho".

El portavoz del PSOE, Víctor Ruiz, avanzó que pedirá a la secretaria que antes del pleno emita un informe sobre las eventuales responsabilidades penales y administrativas que podría conllevar para los concejales votar en contra de la propuesta.