"Si en una obra ves que empiezan a salir huesos y restos lo normal es pararla y avisar a la Guardia Civil. Pero nadie lo hizo", recuerda Miguel Ángel Capape, de Arico, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido.

Se refiere a lo que ocurrió en 1999 en el barranco de La Bartolina de Calatayud (Zaragoza), donde las fosas en las que reposaban los restos de más de 300 republicanos asesinados por la represión de los sublevados y de la dictadura a lo largo de seis años, entre 1936 y 1942, acabaron siendo utilizados para sellar el vertedero de basura de esa localidad aragonesa.

Más de dos décadas después de que eso ocurriera, el Gobierno de Aragón ha activado la declaración de ese paraje como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que se convertirá en el primer Lugar de Memoria de la comunidad, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática autonómica. "En Calatayud siempre hemos llegado tarde para todo, o ellos corrieron mucho", ironiza el memorialista, que espera que con esta decisión, iniciada con un mes de exposición pública de la resolución, "al menos se reconozca el sitio y se respete tal y como ha quedado. Hay que explicar lo que ocurrió allí y tiene que saberse".

"Es imposible saber cuántas víctimas hubo"

Lo que ocurrió en el barranco de La Bartolina fueron, en realidad, varias cosas. Muchas. Demasiadas. Y todas terribles. Allí fueron asesinados un número indeterminado de republicanos que distintas estimaciones cifran entre los 300 y los 2.000. "Es imposible saber cuántas víctimas hubo, nunca lo sabremos con exactitud", explica Capapé, que se inclina por una horquilla de 300 a 500.

"Las hipótesis varían desde los 400 o 500 que presupone Ignacio Moreno Medina en su reciente estudio sobre la represión en la zona de Calatayud, titulado La ciudad silenciada, hasta los 2.000 que afirman otros autores, aunque resulta más verosímil la primera valoración", señala la orden que pone en marcha la declaración de la zona como BIC.

Allí también ocurrió que la represión y los crímenes se prolongaron durante al menos seis años, según indica la documentación sobre órdenes de fusilamiento localizadas por Arico y con fecha de 1942. "Fue un lugar de ejecuciones extrajudiciales, de fusilamientos masivos en la comarca de Calatayud durante la guerra de España entre 1936 y 1939 y de la inmediata posguerra", señala el documento del Gobierno de Aragón, que se refiere a él como "uno de los lugares donde tuvo lugar la brutal represión acaecida" en la zona, donde la cifra de víctimas se acercó al millar.

Y, además, también sucedió que la zona, el cauce de un torrente que en épocas de tormenta vertía al río Jalón y que desde principios de los años 40 se convirtió en "una especie de lugar prohibido, donde muchos saben que su familiar está enterrado, pero muy pocos se atreven a acercarse", fue "objeto de numerosos expolios de restos humanos a finales de los años 50 y principios de los 60, con el objeto de trasladarlos al Valle de los Caídos".

"Utilizaron arena de la sepultura colectiva"

Eso ocurrió, entre otros, con los cadáveres de los hermanos Lapeña, cuya exhumación continúa enredada en un laberinto burocrático pese a la orden judicial de llevarla a cabo, con el del ferroviario Rafael Abril y, entre otros, con José Cansado y con otros de "los doce de Ateca", víctimas de un sangriento episodio en el que los sublevados aniquilaron en el verano de 1936 a todos los miembros del ayuntamiento de ese pueblo zaragozano.

No era suficiente. Todavía tenían que ocurrir más cosas, como que el Ayuntamiento de Calatayud decidiera ubicar en el barranco un vertedero municipal de basuras que, según las estimaciones de Capapé, "estuvo funcionando cerca de treinta años".

Se encontraba "en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar", señala el documento de la comunidad, que recuerda cómo el consistorio "utiliza para sellarlo y compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva, mezclando la tierra con los huesos de los fallecidos sacada de la fosa común. Con ello, cualquier intento de exhumación y de recuperación de los huesos para la identificación de su ADN, queda anulada por completo". "Sacaban los restos con una pala excavadora, los echaban a un camión y los arrojaban al vertedero, para sellarlo", recuerda Capapé, que lamenta cómo "nadie fue capaz de parar la obra".

Eso ocurría en 1999, dos décadas antes de que el Gobierno de Aragón pusiera en marcha el expediente para declararlo BIC con la finalidad de protegerlo "ante actuaciones que puedan destruir lo que queda de ese lugar de tan nefasto recuerdo" y de "garantizar su valoración, preservación y protección como símbolo de homenaje y reconocimiento de la dignidad de las personas allí asesinadas y de sus familiares, en respuesta a una demanda histórica y como símbolo de restitución de las ofensas y tratamiento recibido en este caso concreto". 

"Los huesos están destruidos"

Arico comenzó a trabajar en la zona en busca de restos de los represaliados a mediados de la década pasada, aunque sin éxito. "Según los técnicos, por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras, los huesos están destruidos, y el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros, como pequeñas explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero", anota la resolución.

"Se desconoce la ubicación exacta de la totalidad de los restos humanos contenidos en el barranco", aunque sí "se sabe el área exacta donde fueron asesinados, así como aquella a la que fueron desplazados con posterioridad", añade el documento, que incluye ambos parajes en la zona a proteger para "garantizar así su integridad, conservación y dignificación".

La resolución, cuyo periodo de información pública, inicialmente previsto hasta el 25 de abril, se prolongará como consecuencia del estado de alarma por el coronavirus, propone vetar cualquier actuación en el barranco que pueda "afectar a los restos contenidos en él", que conlleve "el deterioro del mismo o que implique el menosprecio de la dignidad de la memoria de las víctimas allí asesinadas".