Hay hechos incontrovertidos: el ayuntamiento de Calatayud concedió el 26 de diciembre de 1951 la medalla de la ciudad al dictador Francisco Franco, y casi siete décadas después, el actual equipo de gobierno de PP y Cs rechaza las reclamaciones para retirársela del Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno central en la comunidad, del PSOE local y de Justicia, el ombudsman autonómico.

Y eso sitúa al consistorio ante la posibilidad de quedarse sin los ingresos que recibe de la comunidad autónoma en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, tal y como le ha advertido formalmente la Consejería de Cultura del Gobierno autonómico en un nuevo requerimiento para que revoque el acuerdo de 1951 en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, confirmaron fuentes del departamento.

"Queda claro que la medalla de oro es una recompensa honorífica de carácter personal" que no se extingue con el fallecimiento, señala el último de esos requerimientos, recibido por el consistorio el pasado martes, y en el que el Gobierno autonómico le insta a iniciar "el oportuno procedimiento para la revocación o retirada" de la medalla a Franco "como exponente máximo de todo lo que supuso la época de la larga dictadura franquista".

Fuentes municipales explicaron que en torno al 10% de los recursos que maneja el ayuntamiento, algo más de dos millones en un presupuesto de 22 y que mantienen servicios como las escuelas infantiles, los servicios sociales o la Policía Local, a lo que se suman inversiones como las del nuevo polideportivo, que iba a suponer otros tres millones.

La norma obliga a las administraciones aragonesas, entre otras medidas, a "revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos (…) y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista", bajo el riesgo de perder las subvenciones, bonificaciones y ayudas en caso de ser sancionados.

El límite temporal estaba fijado en el 22 de agosto, aunque la suspensión de los trámites administrativos por el estado de alarma retrasa la fecha a finales de noviembre.

Los papeles y la historia

"Franco no tiene ningún título de Calatayud", sostiene su alcalde, José Manuel Aranda, que afirma que "el Ayuntamiento decidió en 1951 concederle la medalla de oro de la ciudad a Franco con carácter vitalicio, pero esa medalla quedó extinta cuando murió en 1975".

"Aquello se dio en una época, en unas condiciones y en un contexto de los que todos renegamos, yo reniego y renuncio de aquello", señala el conservador, que asegura que “no sabemos qué es lo que tenemos que retirar ¿Cómo vamos a quitar algo que no existe?"

El portavoz del PSOE de Calatayud, Víctor Ruiz, que lleva más de 15 años intentando revocar el acuerdo de 1951, aunque no lo logró ni como alcalde al no apoyarle sus socios del Par, tiene otro análisis: "No se trata de un asunto político sino de legalidad, y hay tres informes de tres administraciones que concluyen que hay que retirar esa medalla". Sostiene que "el acuerdo de 1951 no especifica que fuera vitalicia, eso ocurre con el actual reglamento, que es posterior a esa decisión".

Aranda y Ruiz también discrepan en otro punto. "Yo no sé si puedo revocar un acuerdo de 1951 —mantiene el alcalde—, eso es una página de la historia que no puedo arrancar aunque reniegue de ella". "Hay que borrarla de los papeles, no de la historia —asegura el socialista—; hubo una concesión y debe haber una revocación".

Intención perpetua, antecedente póstumo y criterio jurídico

La literalidad del acuerdo plenario, redactada con la pompa y el boato de la época, hace referencia a la "entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad y del Pergamino que perpetúa el acuerdo municipal de concesión", algo que vendría a avalar las tesis de Ruiz en el sentido de que, formalmente, tanto ese "máximo galardón bilbilitano" como "la adhesión, afecto y admiración del pueblo de Calatayud, de sus Organismos y Autoridades", seguiría vigente por ese "carácter de perpetuidad".

La tesis de la insignia vitalicia choca también con otra decisión del Ayuntamiento de Catatayud, que a principios de 1999 concedió la medalla de oro de la ciudad a título póstumo a José Pablo García García, conocido como Pepito el Soguero, un empresario cordelero fallecido un año antes y que había dejado al consistorio como heredero universal de un patrimonio que superaba los 2,5 millones de euros (460 millones de pesetas).

Y hay un tercer criterio, en este caso técnico, que se inclina por revocar la medalla. Lo emitió el pasado 4 de marzo la secretaria general del Consistorio, que deja poco espacio para las dudas: "En el momento actual y con la normativa vigente no procedería la concesión de la medalla que en su día se otorgó", y "procedería, en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho".

"La ley obliga a retirar la medalla"

En cualquier caso, el Justicia ya dictaminó en 2016 que la retirada de la medalla tiene como finalidad "eliminar cualquier vestigio del pasado de su otorgamiento" al tiempo que anotaba que "el carácter" de este tipo de honores "no necesariamente o siempre puede calificarse de vitalicio en la media en que también se pueden conceder post mortem".

La Delegación del Gobierno, por su parte, concluyó hace unas semanas, cuatro años después de que le solicitaran un informe que nunca se emitió en la época de Rajoy, que, en todo caso, la consideración de vitalicia de una medalla "no tiene más efecto que el de entender que no está sujeta a renovación o prórroga, siendo permanente en el tiempo y únicamente su retirada con un acto expreso le puede privar a la persona concreta de la consideración otorgada, independientemente de que este vivo o fallecido", tal y como han sentenciado los tribunales.

La Ley de Memoria estatal "obliga a la retirada de la medalla de oro", indica el informe, que añade que la tesis del PP bilbilitano equivaldría a mantener que Ramón y Cajal "no es premio Nobel de medicina, pues el ilustre neurólogo de Petilla de Aragón falleció en 1934".

"Dejar constancia de la pérdida del reconocimiento"

Los requerimientos e informes del Gobierno de Aragón, por su parte, señalan que la medalla queda "dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria", que incluye como "normas de obligado cumplimiento" la "retirada de elementos contrarios" a la misma, entre los que se encuentran "la medalla de la ciudad, en su categoría de oro", al dictador, cuya retirada requieren.

Su inscripción en el Libro Registro del consistorio "avala la orden de revocar el reconocimiento honorífico", ya que "de lo que se trata es de dejar constancia de la pérdida del reconocimiento", añade la Consejería de Cultura de la comunidad autónoma, que recuerda que, en temas de memoria, al ayuntamiento no le corresponde "ponderar su cumplimiento, sino proceder al mismo".

El Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en una situación similar a la de Calatayud tras haber vetado PP y Cs el cambio de ocho calles dedicadas a personajes vinculados al franquismo, aunque una maniobra legal le ha permitido aplazar el cumplimiento de las leyes de memoria.