El Ayuntamiento de Elche, gobernado por el Partido Popular gracias al apoyo de Vox, ha suspendido la tramitación de las licencias para 24 proyectos de pequeñas plantas de energía solar fotovoltaica que contaban con una inversión prevista de 100 millones de euros.

Avaesen, la asociación de energías renovables y otras tecnologías limpias del País Valencià, a la que pertenecen un centenar de empresas del sector, la mayoría de ellas pymes, asegura que la decisión pone en riesgo la creación de más de 500 empleos durante el período de construcción de estas plantas "y varias decenas más de puestos fijos de trabajo durante los 30 años estimados de periodo de operación", según afirma en un comunicado.

El Ayuntamiento de Elche está gobernado por el Partido Popular, que obtuvo 11 de los 29 concejales del pleno en las elecciones del pasado mayo. Éstas las ganó el PSOE con 12 ediles, pero dado que Compromís se hizo solo con uno, la suma de PP y Vox -la ultraderecha tiene tres concejales- permitió al popular Pablo Ruz hacerse con la Alcaldía con el primer acuerdo de gobierno de ambas formaciones en una gran ciudad tras los comicios locales.

La suspensión de los permisos para energías limpias se suma a la polémica suscitada por el desmantelamiento de varios carriles bici ordenado por el nuevo Ejecutivo municipal a principios del pasado mes de agosto, al poco de que Ruz tomara posesión como alcalde.

Ahorro de emisiones de CO2

Ahora, las pymes del sector de de las energías limpias del País València advierten de las repercusiones de la paralización de los proyectos, que puede "perjudicar seriamente la imagen de un municipio al dejar en entredicho la seguridad jurídica". 

"Otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas de salvaguarda, y más tratándose de algo tan sensible y capital para Europa como la inversión en energías renovables", en palabras de Pedro Fresco, director general de la asociación.

En conversación con Público, Fresco recuerda que las plantas proyectadas son de tamaño pequeño y mediano, "de dos, tres o cinco megavatios, es decir de entre tres y seis hectáreas", en terrenos abandonados y sin actividad agraria cuyos propietarios, además, perderán las rentas a las que preveían acceder por la cesión de sus tierras para esas instalaciones.

Según asegura Fresco, "un buen número de las plantas solares fotovoltaicas tramitadas en Elche cuentan con todos los informes favorables a falta de la licencia urbanística", lo que a su juicio "hace que la decisión del Gobierno local de Elche sea irresponsable, se mire por dónde se mire". "Ya no por el quebranto económico" par el País Valencià, también por los cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 que se podría evitar emitir a la atmósfera con la construcción de las plantas  proyectadas", añade.

"Una bomba jurídica de relojería"

"Si el Ayuntamiento quiere la plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que
aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba jurídica de relojería de consecuencias impredecibles e incalculables", explica Fresco.

Avaesen dispone de varios informes jurídicos que sostienen que la decisión del Ejecutivo local es contraria a la normativa y "perfectamente recurrible" con garantías de éxito ante los tribunales por parte de las empresas afectadas, que podrían además reclamar al Consistorio el daño patrimonial derivado de la suspensión de sus proyectos.

Público ha contactado con el Ayuntamiento de Elche para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.