El Grupo Popular, el principal partido de la oposición, ha comenzado el curso político como lo acabó: cosechando sucesivas derrotas parlamentarias que le mantienen aislado en el Hemiciclo con la única compañía de la ultraderecha. En un Parlamento muy fragmentado, donde el Gobierno de coalición no cuenta con mayoría absoluta, los votos de PSOE, Unidas Podemos y los de los socios habituales de los primeros, como ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC o Teruel Existe, además de los diputados de Junts, la CUP o BNG, han tumbado las nueve iniciativas llevadas por el PP a los tres primeros Plenos de septiembre.

La formación presidida por Pablo Casado, lejos de "arrimar el hombro", como constantemente apelan los parlamentarios socialistas, sigue la estela de Vox en su cruzada del no a todo. En esta estrategia de desgaste, el grupo conservador quiso adelantar la reanudación de la actividad parlamentaria para el mes de agosto, un periodo en el que el Congreso está en servicios mínimos, quedando en manos de la Diputación Permanente.

Este órgano, formado por 68 representantes de los diferentes grupos del arco parlamentario, rechazó por amplia mayoría las solicitudes del Grupo Popular para que compareciesen de manera urgente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y siete ministros. Asimismo, la Diputación Permanente sólo avaló las peticiones en ese sentido para el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis de Afganistán; la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por la escalada en el precio de la luz; y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para dar cuenta de la estrategia de vacunación.

CGPJ y mesa de diálogo

Ante el bloqueo que el propio PP ejerce sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya cúpula lleva más de 1.000 días en funciones, el PP salió abatido en suelo parlamentario al llevar su reforma judicial al Congreso. La iniciativa legislativa proponía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin "de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa". Sin embargo, la formación de Casado sólo recibió reproches desde la tribuna de oradores por su "hipocresía" al intentar enarbolar la bandera de la independencia judicial. 

En un nuevo intento de querer echar por tierra la mesa de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Pere Aragonès, el PP volvió a forzar una votación sobre este asunto en el Pleno y, nuevamente, la mayoría de la Cámara Baja, como sucedió hasta en dos ocasiones en el pasado periodo de sesiones, lo rechazó. Durante el debate de la moción consecuencia de interpelación, que solo sumó los votos de Vox, Cs, UPN y Foro, los grupos afearon a los conservadores sus pretensiones para que el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto político fracase.

Cuatro vetos y cuatro derrotas en un día

En la sesión plenaria del pasado jueves, los de Pablo Casado defendieron los vetos presentados a cuatro iniciativas procedentes del Gobierno y de los partidos que lo sostienen. Y las cuatro enmiendas a la totalidad fueron tumbadas entre fuertes críticas por parte de los portavoces, que exigieron una actitud "responsable" y un comportamiento "ejemplar" al primer partido de la oposición.

De este modo, PP y Vox se opusieron a la reforma de la Constitución que busca borrar el término "disminuido", una modificación que continuará su tramitación parlamentaria pero que al mismo tiempo peligra, ya que una reforma constitucional exige el apoyo de tres quintos de la Cámara y no se logrará si ambos mantienen su rechazo. Por eso, los grupos instaron a los populares a no bloquear la iniciativa, cuyo "origen y destino" está en este colectivo que en España aglutina a 3,8 millones de personas.

El PP también vetó el primer paquete de la reforma de las pensiones pactado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal y que, a su vez, permitió recuperar el consenso entre el Ejecutivo y los agentes sociales (el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante su reforma de las pensiones de forma unilateral y sin contar con el acuerdo social). 

Los conservadores achacaron su enmienda a la derogación del factor de sostenibilidad, una de las medidas estrella que contiene la reforma y que estaba entre las recomendaciones del Pacto de Toledo, avalado por el PP hace un año en un acuerdo histórico. Precisamente por este motivo, los grupos afearon al grupo popular su postura, entendida como "una rabieta". 

Asimismo, el Pleno del Congreso frenó la pretensión del PP de tumbar la reforma del Código Penal destinada a derogar los llamados delitos de opinión, como las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo. Y es que, la enmienda del PP trataba de "mantener la criminalización de la libertad de expresión" con más prisión y más multas, tal como reprobó el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago.