El Partido Popular (PP) confirma su veto a la Ley de Amnistía en el Senado, una decisión que solo precisaba del anuncio oficial, habida cuenta de la posición radicalmente contraria de los populares a la norma. Todavía no se sabe, en todo caso, cuándo se celebrará el Pleno en el que la mayoría que ostenta la formación en la Cámara Alta materializará el veto, pero tendrá que ser antes del 16 de mayo.

La encargada de anunciarlo ha sido Alicia García, portavoz del PP en el Senado, quien argumenta que el "no" del PP a la amnistía se sostiene "en los informes que ha solicitado su Grupo, como el del Consejo General del Poder Judicial, los de la secretaría general del Senado, los letrados del Congreso en la Comisión de Justicia, la Comisión de Venecia y el aprobado ayer por la Comisión General de las Comunidades Autónomas". Ello a pesar de que, en concreto, el que emitió la Comisión de Venecia no se posiciona en contra de la ley de olvido penal.

García ha insistido en que la Ley de Amnistía es "inconstitucional" y en que se ha tramitado de forma "fraudulenta".

Calendario en el Senado y elecciones catalanas

Ya se ha confirmado, entonces, el veto, pero falta saber cuándo se producirá. En el contexto electoral en el que se encuentra el país, especialmente, con unos comicios catalanes a la vuelta de la esquina, el calendario no es una cuestión trivial. El Senado tiene que finalizar su trámite de la Ley de Amnistía antes del 16 de mayo. Las elecciones catalanas son el 12 de mayo. Por el momento, el PP no ha descartado que pueda encajar ese veto la semana de antes de la cita electoral y varias fuentes parlamentarias apuntan a esas fechas por el rédito electoral que podrían sacar los populares colocando el cénit de su lucha contra la amnistía justo en ese marco temporal.

Antes, sin embargo, hay otra cita importante. Este mismo miércoles, la Cámara Alta votará a favor de la existencia de un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado porque el PP entiende que la Ley de Amnistía constituye una "reforma constitucional encubierta". El Congreso deberá pronunciarse en un máximo de 30 días.